Los abusos contra los trabajadores migrantes en Catar continúan un año después del Mundial 2022 de futbol, acusó este jueves 16 de noviembre la organización de defensa de derechos humanos, Amnistía Internacional.
Para remediarlo, Catar, con la ayuda de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), reformó su legislación laboral, introduciendo un salario mínimo y reformas en materia de salud y seguridad. Además, eliminó el controvertido sistema de apadrinamiento “Kafala” que daba al empleador demasiado poder sobre los trabajadores. Pero para Amnistía Internacional estas reformas no son suficiente.
“El hecho de que Catar siga sin poner coto a los abusos que sufren los trabajadores migrantes, sin protegerlos adecuadamente de la explotación laboral está empañando un año después el legado del Mundial”, afirmó la oenegé en un comunicado.
Steve Cockburn, director del programa de Justicia Económica y Social de Amnistía Internacional, señaló que “la persistente incapacidad de Catar para poner en marcha o reforzar estas reformas ponen gravemente en riesgo todo el beneficio potencial para los trabajadores”.
“El gobierno debe renovar con urgencia su compromiso para proteger a los trabajadores y la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) y Catar deben acordar planes de reparación”, añadió.
Amnistía Internacional y otros grupos de defensa de derechos humanos han pedido en numerosas ocasiones a Catar y a la institución dirigente del futbol internacional la creación de un fondo para los heridos y familiares de trabajadores muertos en los trabajos del Mundial. En un comunicado, la FIFA indicó el jueves que una de sus subcomisiones seguía estudiando el impacto de las reformas llevadas a cabo por Catar.
“Es innegable que se realizaron progresos significativos, pero también está claro que la puesta en marcha de reformas tan profundas lleva su tiempo y que es necesario un mayor esfuerzo para asegurar que beneficien a todos los trabajadores del país”, añadió la FIFA.
Catar cuestionó el número de fallecidos en accidentes laborales, que las organizaciones de derechos humanos afirman que son miles y acusó a sus críticos de practicar una política de doble rasero.
“Hoy, un año después del torneo, se ha hecho muy poco para corregir todos esos errores, pero los trabajadores que hicieron posible el Mundial 2022 no deben ser olvidados”, añadió Cockburn.
La oenegé criticó que se haya mantenido el salario mínimo a su nivel de 2021 a pesar del aumento del coste de la vida, y declaró que persisten las lagunas en materia de impagos de salarios y de movilidad de trabajadores entre diferentes empleos.
En un informe publicado a principios de semana, la oficina de la OIT en Catar reveló casos de represalias por parte de empleadores hacia trabajadores que pedían cambiar de empleo, como la anulación de visados de residencia o denuncias falsas de huida.
Sin embargo, el organismo señaló que las quejas sobre casos de ese tipo que reciben “han disminuido considerablemente en comparación a los años precedentes”.
La Oficina Internacional de Medios de Catar, un organismo gubernamental, reaccionó el jueves al comunicado de Amnistía Internacional, y declaró que el Mundial “aceleró” las reformas sociales en el país, dejando un “legado duradero”.
Añadió que las reformas introducidas constituyen “un ejemplo para otros países sobre la manera en la que un sistema puede ser reformado con éxito”.
Importantes grupos de defensa de derechos humanos han invitado a Arabia Saudita, que tiene como ambición celebrar el Mundial 2034, a asumir compromisos en materia de derechos humanos.
Amnistía Internacional declaró a propósito que “los abusos ligados al Mundial 2022 deberían servir para recordar a los organismos deportivos que los derechos humanos deben estar siempre en el centro de las decisiones tomadas durante la atribución de eventos”. N
