El gobierno mexicano, a través de la presidenta Claudia Sheinbaum, su partido Morena y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ha desestimado las conclusiones del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, que advierte una práctica sistemática de desapariciones forzadas en México.
Sin ofrecer evidencia concreta que refute las observaciones del organismo internacional, las autoridades mexicanas han insistido en que no existe una “política de Estado” que promueva estos crímenes. Sin embargo, la propia ONU no sostiene tal afirmación, sino que denuncia una problemática estructural donde fuerzas de seguridad estatales y federales, por acción u omisión, han permitido estas violaciones desde hace años.
“El gobierno actual no desaparece personas ni viola derechos fundamentales”, aseguró Morena en un comunicado. La presidenta Sheinbaum fue más allá al declarar que se envió una Nota Diplomática manifestando su inconformidad con el reporte de la ONU. Pero los hechos contrastan con los discursos: de 66 mil personas desaparecidas registradas en los últimos nueve años, sólo ha habido 373 condenas.
Organismos como el Centro Prodh y la Universidad Iberoamericana coinciden en que la falta de prevención, investigación y sanción efectiva por parte del Estado constituye una forma de aquiescencia. La cifra de impunidad alcanza el 99%.
“La respuesta del gobierno es de mala fe”, denunció el especialista en derechos humanos Jacobo Dayán. “Pretenden que si no hay una orden directa del Ejecutivo, no existe la desaparición forzada. Pero la Convención de la ONU establece claramente que basta con la aquiescencia del Estado para configurar este crimen”.
Documentos y recomendaciones ignoradas desde 2015 por gobiernos de distintos partidos refuerzan la denuncia internacional. La ONU propuso en 2022 una política nacional con 14 medidas para erradicar las desapariciones, sin que ninguna haya sido adoptada de manera efectiva por la administración federal.
Pese a las afirmaciones del oficialismo, fuerzas de seguridad bajo gobiernos de Morena también han sido señaladas. En 2023, la CNDH emitió una recomendación por desaparición forzada contra la Guardia Nacional y autoridades de la Ciudad de México. En 2020, documentó un caso similar contra el Ejército en Guerrero.
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Además, la investigación independiente Permiso para matar expuso un patrón sistemático de crímenes de lesa humanidad cometidos por cuerpos de seguridad, con 1,524 víctimas inocentes desde el sexenio de Calderón hasta el actual. Las víctimas fueron seleccionadas arbitrariamente, sin vínculos con el crimen organizado.
“El Estado mexicano ha optado por negar la existencia de esta tragedia, priorizando una narrativa política sobre una realidad documentada”, concluyó el Centro Prodh. La pregunta que queda en el aire es contundente: si 125 mil personas desaparecidas, 72 mil cuerpos sin identificar y 99% de impunidad no representan una crisis… ¿qué lo haría? N
Con información de Animal Político.
