Lo que comenzó como una propuesta para regular el uso fiscal de plataformas digitales en México ha encendido las alarmas entre defensores de derechos digitales, periodistas y usuarios. La nueva Ley de Telecomunicaciones impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum, ya aprobada en comisiones del Senado, incluye disposiciones que permitirían al Ejecutivo bloquear total o parcialmente el acceso a plataformas como Facebook, YouTube, TikTok, Amazon, e incluso medios digitales o enciclopedias.
La medida, en apariencia técnica, encierra una amenaza: queda en manos de una agencia del propio gobierno —la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, encabezada por José Merino y dependiente directamente de la Presidencia— la decisión de bloquear servicios digitales. Sin regulación clara ni supervisión judicial, este nuevo marco legal podría inaugurar una era de censura institucional.
El polémico artículo 109 de la iniciativa faculta a autoridades “competentes” —sin especificar cuáles— para pedir el bloqueo de cualquier plataforma digital que, según su interpretación, incumpla alguna norma. No sólo eso: otorga a la misma Agencia la facultad de redactar los lineamientos del procedimiento, es decir, se convierte en juez, parte y ejecutor.
Para Luis Fernando García, director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), el alcance de esta cláusula es tan amplio que “podrían bloquear desde redes sociales hasta servicios bancarios o sitios informativos”. Y lo más preocupante: sin que sea necesario que un juez lo ordene o que exista un mecanismo de defensa para los usuarios.
El gobierno ha insistido en que el objetivo de la ley es sancionar a empresas digitales que no cumplan con normas fiscales. Pero el texto legislativo no lo especifica así. En sus conferencias, Sheinbaum ha dicho que “si hay confusión, se puede corregir”, pero la iniciativa ya avanzó sin cambios.
El contexto también preocupa. En marzo pasado, el gobierno presentó desde la conferencia matutina un informe sin evidencia verificable sobre el uso de bots para atacar al oficialismo en redes sociales. A los ojos de expertos, esto refuerza la intención de controlar el contenido digital adverso.
Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, advierte que bloquear una plataforma digital no sólo afecta la libertad de expresión, sino derechos básicos como movilidad, salud o educación. “Hoy dependemos del internet para casi todo. Suspenderlo por una presunta falta es desproporcionado”, afirma.
Además, la ley contempla otras medidas controversiales, como permitir el acceso gubernamental a registros de usuarios móviles y regular los contenidos promovidos por actores extranjeros, lo que podría derivar en censura previa, una práctica prohibida por la Constitución mexicana.
Más que una herramienta de regulación, la iniciativa apunta a una concentración de poder sobre el ecosistema digital. El hecho de que los lineamientos queden bajo control de una dependencia presidencial sin intervención del Congreso o la Corte, pone en jaque los principios democráticos del internet libre y neutral.
“La medida equivale a cerrar una estación de radio o televisión por una sola infracción sin importar el contexto, o suspender un periódico porque publicó una nota incómoda”, explica García.
El artículo 8 de la ley retoma la idea de un registro nacional de usuarios de telefonía móvil, propuesta rechazada por la Suprema Corte en 2021 por violar el derecho a la privacidad. Ahora, la nueva redacción deja abierta la puerta para revivirlo a través de reglamentos internos sin discusión parlamentaria.
Morena ha buscado imponer esta medida desde otros frentes legislativos, como la Ley del Sistema Nacional de Inteligencia. Según García, se trata de “una estrategia reiterada para normalizar la vigilancia masiva”.
La iniciativa será discutida en el pleno del Senado el próximo lunes. Mientras tanto, el debate sigue creciendo dentro y fuera del Congreso. Para los especialistas, no se trata de si el Estado debe regular el ecosistema digital, sino de cómo lo hace: con transparencia, proporcionalidad y garantías democráticas.
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Lo que está en juego no es sólo el acceso a una red social, sino el derecho a informarse, expresarse y vivir en una sociedad libre de censura. N
Con información de Animal Político.
