En una maniobra sin precedentes que ha encendido alarmas legales y humanitarias, la administración de Donald Trump ha iniciado la cancelación masiva de números de Seguro Social de más de 6,300 migrantes, la mayoría de origen latino, como parte de una estrategia para forzarlos a abandonar Estados Unidos.
La medida implica declarar a estos migrantes como “muertos” ante el sistema federal, transfiriendo sus datos al archivo de defunciones utilizado por agencias como el Servicio de Impuestos Internos (IRS), bancos, hospitales y empleadores. El resultado: pierden su acceso a empleo formal, servicios públicos, cuentas bancarias y atención médica. Algunos de los afectados son beneficiarios de Medicaid, receptores de seguro de desempleo y hasta menores de edad, como un niño de 13 años erróneamente listado por supuestos antecedentes criminales.
“Es parte de nuestro compromiso de eliminar los incentivos económicos para la migración ilegal”, declaró Elizabeth Huston, vocera de la Casa Blanca. “Al dificultarles la vida en EE. UU., los animamos a autodeportarse”.
Pero el movimiento ha sido catalogado como una violación a derechos fundamentales. Diversos grupos civiles, como Democracy Forward, preparan demandas. Su presidenta, Skye Perryman, fue contundente: “Esto no es solo cruel, es ilegal. El gobierno está abusando del sistema para castigar a personas vivas quitándoles su identidad”.
Internamente, funcionarios de la Administración del Seguro Social han mostrado inquietudes sobre la legalidad del proceso, cuestionando si declarar muertos a individuos vivos no infringe las leyes de privacidad y debido proceso.
Los expertos en derechos migratorios advierten que esta práctica institucionaliza una forma de “muerte civil”: los migrantes pierden su capacidad de existir legalmente, y para revertir su estatus, deberán probar que están vivos mediante un proceso que puede tardar meses.
“¿Cómo demuestras que estás vivo cuando ya no puedes trabajar, acceder a salud o incluso demostrar tu identidad?”, señaló un exfuncionario del Departamento de Justicia bajo condición de anonimato.
La filtración de documentos revela que la Casa Blanca planea aplicar esta táctica a más de 92,000 migrantes con antecedentes penales y después extenderla a indocumentados sin cargos criminales. Todo ocurre mientras el Departamento de Seguridad Nacional revoca permisos otorgados por la aplicación CBP One, creada bajo el gobierno de Biden, y se establece un acuerdo inédito entre el IRS e ICE para intercambiar datos fiscales con fines de deportación.
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Elon Musk, en su rol como asesor informal de políticas tecnológicas, habría sugerido utilizar algoritmos de big data para “depurar” las bases de datos de migración, según reportes de prensa.
La medida ha sido interpretada como un ensayo para un modelo más amplio de exclusión digital y social. “Esto no se trata solo de migración”, advirtió un analista de políticas públicas. “Se trata de crear precedentes donde el Estado pueda desaparecer administrativamente a quien considere incómodo”.
Mientras tanto, los afectados, invisibles para el sistema, enfrentan la paradoja de tener que probar que están vivos para recuperar derechos que nunca debieron perder. N
