Este reportaje forma parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists, en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.
Recientemente, Jorge Juan Torres López fue sentenciado en una corte de Corpus Christi, Texas, Estados Unidos. Recibió 3 años por lavado de dinero perteneciente al erario coahuilense.
Durante la audiencia de sentencia contra el ex gobernador interino de Coahuila, llevada a cabo el viernes 21 de mayo de 2021, Héctor Javier Villarreal Hernández, ex subsecretario de Finanzas del estado participó como testigo y mencionó el nombre de Luis Alfredo Rayet Díaz en repetidas ocasiones.
Este personaje fue contratado por el gobierno de Coahuila para construir y equipar un hospital móvil en la ciudad de Monclova en abril del 2020, al comienzo de la primera ola de contagios por COVID-19.
Monclova estuvo en los ojos del país por un brote de covid que parecía incontrolable. Eran finales de marzo cuando en el Hospital General de zona no. 7 del IMSS comenzaba el alza de pacientes infectados por el nuevo coronavirus.
Para mayo, ese municipio tuvo la tasa de contagios más alta en México durante una semana, 106.01 personas enfermas por cada 100 mil habitantes, según la Secretaría de Salud. Medios de comunicación llamaron a Monclova el “Wuhan mexicano”.
Poco tiempo antes, se había estrenado en el sitio web de la Secretaría de Salud de Coahuila un apartado para transparentar las acciones y el gasto para combatir la pandemia en el estado.
Este fue el punto de partida por el cual se dejó ver la empresa Rekening S. A. de C. V., perteneciente al piloto y empresario Luis Alfredo Rayet Díaz.
El accionista
El principal accionista de Rekening S. A. de C. V. es Luis Alfredo Rayet Díaz. Piloto y empresario establecido en el estado de Coahuila, vino a dar al norte desde Izúcar de Matamoros, Puebla; así lo aseguran las múltiples actas públicas que figuran en las sociedades que fundó y a las que se tuvo acceso por medio de la plataforma SIGER 2.0 del Registro Público de Comercio.
Su primera empresa en Coahuila fue Rajet Aeroservicios S. A. de C. V. cuando comenzaba el segundo milenio. La constituyó junto a su esposa María de Lourdes Contel Arechavala, originaria de Monterrey.
“Yo lo conocí en el año 81 aproximadamente […] el que era presidente del PRI, Luis Horacio Salinas Aguilera, había contratado a Rayet como piloto en el avión del presidente del PRI y yo conseguí un ride acá a Saltillo”, recuerda Gerardo Hernández González, director del Semanario Espacio 4.
De acuerdo con Hernández González, de ser un piloto privado que daba servicio a políticos en Coahuila con su pequeña empresa Rajet Aeroservicios, Luis Alfredo pasó a ser un importante proveedor de taxis aéreos en la capital.
“Rayet después se me aparece como un empresario prominente con mucho movimiento de aviones, con un crecimiento exponencial en el aeropuerto, con señalamientos dentro y fuera del país”.
Aquel crecimiento exponencial, asegura el periodista Gerardo Hernández, se viene especialmente en la época en que gobernó Humberto Moreira y de ahí continúa creciendo.
“La influencia que adquiere durante el gobierno de Humberto Moreira la transexenaliza al gobierno de Rubén (Moreira) y todavía la mantiene hoy, esto dentro de un contexto de arreglos políticos […]”.
A pesar de ello, por medio de preguntas de transparencia hechas a la Subsecretaría de Egresos y Administración de Coahuila, se puede asegurar que, desde 2012, no hay documentación e información localizable sobre Luis Rayet como proveedor del estado.
El Hospital Móvil
En “Equipamiento, Infraestructura y Servicios de Salud”, donde se muestra el ejercicio de gasto por la Secretaría de Finanzas en el sitio “saludcoahuila.gob.mx” es donde aparece Rekening.
La empresa fue contratada el 2 de abril de 2020 para suministrar equipo de protección médico y construir el Hospital Móvil Amparo Pape de Benavides en Monclova, que sirvió para descongestionar el Hospital General de zona no. 7 (HGZ no. 7) y dar atención médica a pacientes no covid del IMSS Coahuila, según el Tercer Informe de Gobierno de Miguel Ángel Riquelme Solís.
De acuerdo con una investigación realizada por Red es Poder, Rekening es una sociedad anónima sin antecedentes en la industria médica y sin permisos para construir un establecimiento de atención a la salud.
A pesar de los más de 52 millones de pesos invertidos en el hospital móvil, actualmente ya no está operando. Hace más de tres meses los vientos derribaron el cielo falso del área de quirófano. No hubo lesionados ni nada que lamentar, el lugar fue reparado, pero ahora la puerta principal está adornada con cadenas y candados y, en su interior, sólo se ven camas solas y lámparas que parpadean en todo momento.
El gobernador Riquelme reiteró que esas instalaciones llegaron para quedarse, sin embargo, el lunes 12 de julio, durante la rueda de prensa del Subcomité Regional de Salud en La Laguna, confirmó que el hospital móvil de Monclova ya no está operando y explicó cuál podría ser su futuro.
“No tenemos ya la demanda para lo que el hospital fue instalado, estamos ahorita en la decisión si lo retiramos y construimos una unidad de apoyo, ahí a un lado de donde está ahorita instalado el hospital o lo dejamos y lo reforzamos, porque sí el viento le hizo daños”.
El secretario de salud, Roberto Bernal Gómez, aceptó agendar una entrevista para hablar del tema, sin embargo, al llegar el momento de la cita ya no respondió a los llamados y nunca más regresó nuestros contactos.
Los reglamentos y leyes incumplidas por Rekening
Rekening S. A. de C. V. fue elegida mediante adjudicación directa por la Secretaría de Finanzas. Recibió 52 millones 200 mil pesos por proveer un domo de 800 metros cuadrados, 65 camas hospitalarias, 10 aspiradores, 10 ventiladores de traslado y 10 purificadores; además de 7 mil 703 y 10 mil caretas por 5 millones 427 mil 094.8 pesos para equipo y prendas de protección.
El hospital móvil formó parte de un proyecto de cooperación entre el IMSS y la Secretaría de Salud estatal, sin embargo, tenía que pasar por una serie de trámites para poder amparar la legalidad de la adquisición, situación que no sucedió.
Para empezar, Rekening S. A. de C. V. nunca fue dada de alta como proveedora de Coahuila. Así lo constata una respuesta de transparencia por parte de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas (SEFIRC) en la que se aclara:
“…le comunico que a la fecha del presente la empresa Rekening, S. A. de C. V. no se encuentra registrada y vigente en el Padrón de Proveedores de la Administración Pública Estatal”.
El documento fue firmado por el Ing. Gustavo Aníbal Gutiérrez Montelongo, director general de Normatividad en Contrataciones Públicas.
Según la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, una empresa no puede otorgar servicios si no está dada de alta.
De cualquier manera, existe un apartado en la ley que posibilita la contratación de una empresa sin que ésta forme parte del padrón de proveedores.
“Las Dependencias y Entidades, bajo su responsabilidad, podrán fincar pedidos o celebrar contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando:
…
El requisito consiste en la elaboración de un informe por parte de la dependencia contratante, que detalle las condiciones de la empresa: instalaciones, trabajadores, entre otros elementos. A través de una solicitud de información se requirió el documento, sin embargo, las autoridades negaron su existencia.
Red es Poder buscó al capitán Luis Alfredo Rayet, a través de la línea oficial de la empresa Rajet, ubicada en la ciudad de Saltillo. Una empleada del negocio contestó que el empresario no estaba en la ciudad y que no podían dar su información de contacto.
Sin permisos de COFEPRIS
El artículo 224 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica obliga a toda entidad pública y privada a requerir un permiso para la construcción, ampliación, remodelación, rehabilitación, acondicionamiento y equipamiento de los establecimientos dedicados a la prestación de servicios de atención médica, en cualquiera de sus modalidades.
Rekening no contó con un permiso por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, según la base de datos abiertos de la Plataforma Nacional de Transparencia; ni de parte de la Secretaría de Salud del Gobierno de Coahuila, ya que se revisaron las listas de permisos y licencias emitidas por la misma institución pública en el sitio web coahuilatransparente.gob.mx
Al respecto, César Alejandro Villarreal Romo, encargado de la Mesa de Regulación y Servicios de Salud de la Jurisdicción Sanitaria número 6 de COFEPRIS en Torreón confirmó lo que marca el Reglamento en entrevista con Red es Poder y agregó que también haría falta un procedimiento de verificación con personas expertas en medicina, ingeniería civil y peritos autorizados.
En este sentido, la pandemia no fue motivo para dejar de cumplir con este protocolo obligatorio.
“Lo que pasaba nada más en el año pasado era que debido a la pandemia todos los permisos se fueron retrasando, nada más, pero siempre tuvieron ingreso a trámite, no hubo una excepción”, dijo el funcionario de la COFEPRIS.
Domicilio fiscal irregular
De acuerdo con el Sistema de Información Empresarial Mexicano (Siem), Rekening cuenta con dos registros ante la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) Saltillo.
El primero menciona que la empresa se encuentra en la avenida Gómez Morín número 404 e interior E7, entre las calles Isidro López Sertuche (sic) y Pablo L. Sidar, cerca del Oxxo, en la colonia Esmeralda de Saltillo, Coahuila, con código postal 66220.
La colonia Esmeralda es un barrio popular cercano a la carretera Monterrey-Saltillo, a pocos kilómetros del aeropuerto internacional Plan de Guadalupe. Al visitarla, se puede observar que en la ubicación solamente hay construcciones modestas, no existen edificios de oficinas o corredores comerciales que pudieran ser sede de una empresa con las dimensiones para levantar un hospital móvil.
En las fotos se pueden ver casas ubicadas en la privada Gómez Morín, aunque ninguna de ellas marca el número 404, las nomenclaturas rondan entre el cien y doscientos. Por lo que se concluye que este domicilio no existe.
La segunda dirección se ubica en la carretera Saltillo-Monterrey número 200, local 17, a dos kilómetros de la Fábrica de Acero en Ramos Arizpe, en la colonia Los Bosques de Abajo, con el código postal 25946.
Esta ubicación está más visible en medio de la carretera. La oficina de Rekening fue localizada en un segundo piso de la Plaza de las Cruces en ese municipio. Según el rótulo al frente, el espacio de trabajo de aproximadamente cuarenta metros cuadrados es compartido con otra empresa: Tenher S. A. de C. V.
En el interior del local sólo fue posible ver sillas, mesas plegables y equipo de limpieza. La sede de la empresa no cuenta con equipo de oficina como computadoras, escritorios y materiales en general. El lugar luce abandonado y no tiene indicaciones que sugieran un continuo uso por parte de las y los integrantes de Rekening.
Al buscar el historial en Google Maps de la Plaza de las Cruces fue posible rastrear a quien adquirió ese terreno, ya que la propiedad aparece en venta en diciembre del 2008 y para enero del 2015 se muestra un letrero enterrado en el lote en el que se lee Propiedad Privada Bensa S. A. de C. V.
Esa es una empresa cuyo último representante legal, según el Registro Público de Comercio, es Alberto Eugenio Llaguno Benavides, sobrino de María Carlota Llaguno de Torres, esposa de Jorge Torres López, ex gobernador interino de Coahuila, actualmente preso en Estados Unidos.
En 2019, Bensa otorga poderes a Desarrollos Inmobiliarios Caxa S. A. de C. V., otra empresa representada por Llaguno Benavides.
Desarrollos Inmobiliarios actualmente renta los locales disponibles en Plaza de las Cruces, según un anuncio espectacular del edificio.
Antecedentes en Estados Unidos
En junio de 2017, al domicilio de Luis Rayet llegó una notificación oficial del gobierno de Estados Unidos. El mensaje lo recibió un tal Julio Carrales en la dirección de Rayet Díaz, según muestran los documentos de la corte del distrito poniente de Texas para el caso Estados Unidos contra Learjet 2000 modelo 31A, una aeronave perteneciente al empresario poblano.
La entrega era un aviso de embargo para el dueño de la empresa Rajet Aeroservicios S. A. de C. V., ya que el avión Learjet 2000 modelo 31A había sido utilizado presuntamente para mover dinero ilegal de México a Estados Unidos por medio de actividades relacionadas con lavado de dinero.
Así se lee en la demanda verificada de confiscación de propiedad (Verified complaint forfeiture) que expide la corte distrital poniente de San Antonio.
Y es que el gobierno de Estados Unidos rastreó una transacción o un intento de transacción que viola el Título 18 del Código de Leyes estadounidense, sección 1956, inciso A, que prohíbe realizar una transacción financiera en una propiedad a sabiendas de que proviene de actividades ilegales.
Lo anterior con la intención de ocultar la naturaleza, ubicación, fuente, propiedad o control del origen de las ganancias de dicha actividad ilegal.
Quien viajó en el Learjet fue Luis Castillo Cervantes, un empresario de Tamaulipas que apodan el “señor de los dragones”, investigado después por lavado de dinero, fraude bancario y conspiración criminal.
Rayet Díaz sólo fue involucrado por el mal uso de un avión que le pertenecía a su empresa de aerotaxis. De acuerdo con los documentos públicos de esa corte de Estados Unidos, se sabe que esa propiedad fue incautada por el gobierno estadounidense, pero no se informó si Rayet enfrentó alguna consecuencia legal, sentencia o absolución.
Tiempo después, el 13 de enero 2016, los empresarios de nombres Luis Alfredo Rayet Díaz y Óscar Alejandro Zepeda Cantú adquieren la empresa. El primero toma la mayoría con el noventa por ciento de las acciones y el segundo toma una décima parte, aunque después, en enero del 2021, el empresario saltillense Zepeda Cantú fallece de un paro cardíaco.
Desde el comienzo de la compra figuró el nombre Humberto Javier Valdés Dávila como administrador único de Rekening, un sujeto que participó en varias de las sociedades Rayet para adquirir poderes generales en las empresas del piloto aviador.
Se intentó hacer contacto con él, pero no se pudo lograr su respuesta en el transcurso de la investigación.
Humberto Javier ya había formado parte legal de las empresas de Rayet desde 2009, cuando fue comisario para Rajet Aero S. A. de C. V., fundada por el piloto y su esposa María de Lourdes Contel Arechavala.
Además, también acompañó legalmente a Luis Rayet en Rajet Aeroservicios S. A. de C. V., cuando en 2011 se convirtió en su administrador único, año en que presuntamente comenzó a crecer el negocio.
Como administrador cooperó de nuevo en el año 2015 para la empresa Aeroharp.
De Humberto Javier Valdés Dávila sólo se encontró una de sus redes sociales, donde aparece como Humberto Valdés. En su cuenta de Facebook figura el correo [email protected], el cual ha sido registrado para la empresa Aeroharp como datos de contacto en la plataforma SIEM de la Secretaría de Economía; allí se muestra que la empresa se dio de alta en la Canaco Servytur de Saltillo.
A Valdés Dávila se le envió un mensaje para establecer contacto a su dirección electrónica y a su cuenta de Facebook, pero hasta el cierre de esta investigación nunca hubo respuesta.
Humberto participó en cinco de las nueve empresas que se pudieron recabar a nombre de Luis Rayet. De las nueve, seis son mexicanas y las demás son extranjeras.
Empresas de Rayet en Estados Unidos
Hay cuatro empresas que Rayet dio de alta en Estados Unidos, en el estado sureño de Texas: Rayet Air LLC, Jet Fleet LLC, Conyet LLC, Rayet LLC.
La primera dada de alta fue Rayet Air, incorporada en 2003, pero dada de baja en 2005, Jet Fleet LLC fue dada de alta en abril de 2012 y luego dada de baja en 2014.
La empresa Conyet LLC, perteneciente a Luis Rayet y a su esposa Contel Arechavala, dada de alta en 2010 y disuelta en 2016, tiene un movimiento que cabe resaltar, porque se vincula con el ex gobernador interino de Coahuila, culpable de lavado de dinero en Estados Unidos, Jorge Juan Torres López. Según el historial de ventas del gobierno de ese municipio, la propiedad con domicilio: 26 april point Dr. S, Montgomery, Texas, con código postal 77356, fue comprada por Jorge Torres en el año 2000 para ser vendida después a su esposa Carlota Llaguno de Torres en 2001.
El comodín de Rayet
En la ciudad de Monterrey, el 10 de septiembre de 2013, se conforma la sociedad Rekening S. A. de C. V. con más de diez objetos sociales; dos accionistas igualitarios la fundan: Jesús Alfonso Morales Mauricio y Eduardo Morales Mauricio, ambos mexicanos originarios de Nuevo León.
Con ambos se intentó hacer contacto visitando la ubicación de sus domicilios fiscales que aparecen en el acta constitutiva de Rekening, pero, a pesar de que allí se confirmó que era su vivienda actual, no se encontró a los fundadores ni información sobre la venta de la empresa a Luis Rayet.
Siete años después, la casa en esa dirección, cotizada en el año 2020 en 113 mil dólares (2.2 mdp), fue comprada por María de Lourdes Contel Arechavala, esposa de Luis Rayet. Enseguida, en 2011, Contel hace la venta a Conyet LLC y hasta 2014 la casa sería revendida a un comprador estadounidense.
De la última mencionada, Rayet LLC, se hablará enseguida.
Jorge Torres, Javier Villarreal y Luis Rayet
El responsable de la construcción y equipamiento del hospital móvil de Monclova es un personaje ligado en diversas declaraciones judiciales a ex funcionarios de Coahuila que están en espera de sentencia en Estados Unidos.
La relación entre Luis Alfredo Rayet, Jorge Torres López, Javier Villarreal y Luis Alfredo Castillo se consolidó durante la administración de Humberto Moreira.
Jorge Torres, como secretario de Finanzas, Javier Villarreal como subsecretario, así como Rayet y Castillo como proveedores, hicieron mancuerna para, a través de facturas infladas, comprar aviones, rentar horas vuelo y desviar dinero del erario coahuilense para beneficio propio.
Esta trama fue narrada por el propio Javier Villarreal en la audiencia de sentencia de Jorge Torres López, quien terminó con una pena de 36 meses de prisión.
Red es Poder tuvo acceso a las grabaciones de voz de la audiencia y se presentan aquí pequeñas fracciones de lo que se declaró bajo juramento el pasado 24 de junio de 2021 en la corte del distrito sureño de Texas, división Corpus Christi, en Estados Unidos.
En esta transcripción el abogado de Jorge Torres será identificado como ”AJT”, mientras que para Javier Villarreal se representará como “JV”.
AJT – Entonces, cuando el señor Torres era gobernador interino, ¿usted estaba trabajando en el departamento de finanzas?
JV- No, cuando trabajé en el departamento de impuestos (SAT).
AJT – En algún punto, durante su tiempo en el gobierno estatal, ¿usted y otras personas idearon un plan para robar dinero del estado?
JV – Sí, señor.
AJT – Muy bien, ¿cuál fue el esquema que usaron, o fueron diferentes métodos los que usaron?
JV – Diferentes métodos.
AHT – ¿Esos planes involucran sobreprecios para facturas?
JV – Es correcto.
AHT – ¿Se involucraron sobreprecios para aviones o facturación de aviones?
JV – Para aviones y obra pública.
AJT- Hablamos sobre algunos aviones. ¿Había también otro plan que involucrara aviones?
JV – Sí, con la compañía y Aviones Rayet.
AJT – ¿Cómo funcionaba el plan?
JV – Era un esquema similar. Ciertas horas de vuelo no se hacían, pero sí cobrábamos las horas extra.
AJT – ¿Fue algo similar con la situación del señor Castillo? ¿El estado pagaba la factura inflada?
JV – Sí, señor.
AJT – Muy bien, y con el dinero extra que el estado pagó por esos cargos inflados, ¿qué pasó con ese dinero?
JV – Se compraron aviones.
Como expuso el periodista Gerardo Hernández, Rayet habría incrementado su flotilla exponencialmente en poco tiempo. Y, de acuerdo con Villarreal Hernández, esto habría sido cierto:
AJT – ¿Había un avión en particular? ¿Cuántos aviones fueron comprados con ese dinero extra, usted sabe?
JV – Yo imagino que cuando Rayet empezó ya tenía unos cinco o seis aviones. Al final ya tuvo alrededor de 22 o 24 aviones.
AJT – ¿El incremento en el número de aviones permitió contratos adicionales de viaje con el estado?
JV – Sí.
“Más aviones fueron comprados”, pero también se movió mucho dinero en el hangar de Rayet Díaz, escenario del reparto de las ganancias.
JV – La manera en la que operaba con Luis Carlos es que podía tomar el efectivo, podía tomar el efectivo al hangar de Rayet, no estoy seguro el nombre del pueblo, Ramos, Ramos.
AJT – Cuando dices “efectivo”, ¿fue moneda estadounidense o eran pesos mexicanos?
JV – Mexicanos.
AJT – ¿Usted estaba presente? ¿Usted participó en las reuniones en el hangar cuando el señor Castillo entregó grandes cantidades del dinero?
JV – Sí.
AJT – ¿En cuántas ocasiones?
JV – No lo sé, cinco o siete veces.
AJT – Durante esas reuniones, ¿estuvo presente el señor Torres con ustedes?
JV – Siempre que lo recibimos estaban Carlos y don Jorge.
El esquema utilizado para obtener recursos del gobierno de Coahuila era a través de la venta de aviones pertenecientes a diferentes compañías en Estados Unidos.
Una de las pruebas que fue presentada contra Torres López en la corte norteamericana fue una carta de pago fechada en 2009 que Rayet LLC realizó a Villarreal Hernández por la venta de una aeronave con un costo superior a los 7 millones de dólares.
“La presente Carta Compromiso de RAYET, LLC, es por el pago de la comisión de $7, 200, 000.00 USD (Siete Millones Doscientos Mil Dólares 00/100), en la operación de venta de la Aeronave abajo escrita”, una Gulfstream GIV 2002, número de serie 1470.
Este pago lo recibió como supuesta “comisión” de venta para no tener problemas con el ingreso de efectivo a su cuenta bancaria en Estados Unidos.
JV – Los ejecutivos del banco estaban preocupados porque sus jefes estaban preguntando sobre el origen del dinero.
AJT – Cuando usted le dijo al señor Torres López que el banco estaba haciendo esas preguntas, ¿qué dijeron? Es decir, ¿qué le dijo a usted el señor Torres López?
JV – Que teníamos que arreglar esa situación.
AJT – Muy bien. ¿Usted y el señor Torres López tuvieron alguna discusión para ver cómo iban a arreglar esa situación?
JV – Sí, con las comisiones.
AJT – Cuando usted dice comisiones, ¿son los aviones?
JV – Sí, señor.
AJT – ¿Esa fue su idea, o el señor Torres López les dijo que así se iba a resolver el problema?
JV – Eso fue lo que él me dijo, porque también fue idea de Rayet.
Buscar la no repetición
A pesar de que se intentó el contacto con el secretario de Finanzas, Blas Flores Dávila, y la secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas, Teresa Guajardo Berlanga, ninguno de los teléfonos públicos fueron respondidos en el transcurso del último mes; ni tampoco fue posible contactarlos por medio de sus teléfonos personales ni por los diversos correos que fueron enviados a sus direcciones oficiales.
La contratación de Rekening S.A de C.V sólo se puede corroborar por medio del sitio web de la Secretaría de Salud, ya que las respuestas de información pública que recibió Red es Poder confirman que ninguna dependencia tiene algún contrato oficial realizado en las transacciones que costaron más de 56 millones de pesos al estado de Coahuila.
En la rueda de prensa del lunes 12 de julio, el gobernador Miguel Riquelme dijo que el estado fue de los mejor evaluados en materia de transparencia durante la época de pandemia, pero no supo responder el motivo por el cual las unidades de transparencia no facilitaron los documentos.
“Los contratos tienen que estar, lo vamos a revisar, no tiene ningún problema, somos de los estados que más transparentó las compras en la pandemia”, comentó Riquelme.
El hecho de que Rekening no cumpliera con los filtros mínimos impuestos por la Ley de Adquisiciones, los antecedentes de su dueño Luis Alfredo Rayet Díaz que lo vinculan con personajes ligados judicialmente con hechos de corrupción, así como las condiciones irregulares de la empresa, tales como las sedes y el objeto social, son elementos que, para Marlene León, directora de Iniciativa Sinaloa, una organización civil que trabaja a favor de la transparencia, el combate a la corrupción y la defensa de los derechos humanos, son un indicio que podría motivar a las autoridades fiscales a investigar su estatus y formalidad legal.
“Que las autoridades hagan una revisión, si estas empresas están como empresas fantasma, dentro de lo que la ley considera como empresas fantasma, buscar esas características, claramente esta empresa presenta varias de ellas”, explicó la especialista.
No formar parte del padrón de proveedores, no haber sido objeto de revisión para presentar el informe que avalara que la empresa estaba en condiciones óptimas para otorgar el servicio, no tener permisos de Cofepris y tener sedes que no contaban con la infraestructura adecuada para operar, son elementos que, para la también periodista de investigación, pueden motivar a generar una iniciativa de ley para regular y penar este tipo de prácticas.
“Lo que se sugeriría es hacer una reforma a la legislación donde las autoridades tengan, además de verificar al momento de hacer una contratación, que también identifiquen si la empresa que van a contratar no está cayendo en alguno de los supuestos que indiquen que es una empresa fantasma”.
Hasta el momento, ese gran proyecto que omitió todos los procedimientos legales para cristalizarse, se eleva como un elefante blanco que funge como baño público para las personas que van a visitar o a dejar pacientes al Hospital General que está a su lado.
Ninguno de los trabajadores que fueron consultados saben qué pasará con él.
Fotografías: Gerardo Pineda y Jorge Espejel
Ilustración: Carlos Mendoza
Video: Gerardo Pineda
