Este reportaje forma parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists, en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.
Esta es la historia de una hoja de papel. Una historia que pudo ocurrir en cualquier ciudad.
Es la biografía de una hoja que nació común y corriente pero que, cuando le imprimieron las palabras adecuadas en una de sus caras, y luego le estamparon las firmas necesarias en la otra, se convertiría en una bola de derribo capaz de echar abajo un edificio en el Centro Histórico de Saltillo, la capital de Coahuila, es decir, la ciudad más antigua del noreste de México, que recién cumplió, en julio pasado, 444 años de existencia.
Podría ser también la historia de una conspiración que evolucionó en silencio, lejos de la vista del público -aunque transitó por dos juzgados del Poder Judicial de Coahuila-, y cuando salió a la luz ya era demasiado tarde para evitar sus consecuencias.
También podría ser una historia de complicidad entre apetitos privados e inacción gubernamental, ingredientes que, combinados, habrían permitido perpetrar, a la vista de todos y a plena luz del día, un despojo que pocos dudan en considerar ilegal -porque habría nacido de un hecho aparentemente ficticio- pero, a pesar de eso, aspira a la impunidad.
Esta historia es, acaso, el epitafio de un edificio centenario: el de la Sociedad Mutualista y Recreativa Manuel Acuña del que, para el momento en que usted lea estas líneas, acaso se mantenga en pie, cuando mucho, la fachada.
Un poco de contexto
La Benemérita Sociedad Mutualista y Recreativa Manuel Acuña fue fundada en 1906 y desde 1925 ocupaba el edificio marcado con el número 186 al sur de la calle Morelos, en el corazón de Saltillo, a sólo 250 metros del Palacio de Gobierno.
Famosa, entre otras cosas, por sus “bailes rancheros” que reunían por igual al obrero que al empresario, la Manuel Acuña es un lugar que remite a miembros de varias generaciones de saltillenses a momentos relevantes de sus vidas, entre otras cosas porque al amor de sus bailes se fundaron muchas familias.
Por ello, asegura el historiador Carlos Recio, con la demolición de su edificio “lo que se pierde es un fragmento de la historia, una parte de nuestra identidad”, lo cual, en su opinión, da para calificar el hecho como “un atraco a la ciudad… es el ejercicio de violencia contra el imaginario colectivo (y) la identidad”.
Recio, quien es catedrático de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila, lamenta que con la pérdida de este y otros edificios del Centro Histórico de la Ciudad pareciera que “estamos tendiendo hacia la materialización de todo, es decir, lo que no tiene un valor objetivo, palpable, epidérmico, físico, no sirve… la memoria no sirve, la identidad no es importante, la colectividad tampoco”.
Tal razonamiento, afirma el académico, es erróneo y por ello considera que quienes decidieron destruir este edificio carecen del derecho para decidir sobre los aspectos sociales del inmueble.
Causa y efecto
Desde el 25 de enero de 2021, múltiples publicaciones en internet han señalado la indeseable pérdida del edificio que albergó durante casi un siglo a la Sociedad Mutualista Manuel Acuña (SMA), ubicado en el Centro Histórico de Saltillo. Y hay razón para ello, pues se trata de un lugar en el que varias generaciones vivieron episodios significativos de sus vidas, porque “la Manuel Acuña” ocupó largamente una posición nuclear en la vida social de la capital coahuilense.
Prácticamente nadie -ni siquiera sus socios- puede explicar cómo se llegó a este momento y, menos aún, señalar la causa exacta de ello.
La historia que aquí reconstruimos plantea que la demolición del complejo de la SMA es el efecto de un modus operandi que se puso en marcha casi dos años antes de que comenzaran a aparecer en internet las alertas sobre el hecho. Para ser exactos, a las 3 de la tarde con 13 minutos del día 1 de abril del año 2019, y a 256 kilómetros de distancia de la sede mutualista.
La causa es un escrito presentado por un residente de Torreón, Gabriel Landa Tavizón, ante el juzgado primero de primera instancia en materia mercantil de aquella ciudad. Con ese documento, Landa reclamaba a la sociedad Manuel Acuña el pago de 5.25 millones de pesos, más intereses moratorios, daños y perjuicios, así como gastos y costas judiciales.
¿El origen del adeudo? Un pagaré presuntamente firmado el 20 de septiembre de 2013 por Juan Alfonso Aguillón González, quien en ese momento presidía la mesa directiva de la SMA, y mediante el cual se reconoció como acreedor a Óscar Sala Luna, residente de Saltillo.
Casi ocho meses después, el 28 de noviembre de 2019, el juez Gerardo Moreno Ibarra, titular del Juzgado Primero Mercantil de Torreón, dictó sentencia en el caso condenando a la SMA a pagar los 5.25 millones que consigna el pagaré, más intereses a razón de 3.1833 por ciento mensual.
Landa Tavizón apelaría la sentencia el 18 de febrero de 2020 por considerar que el Juez debió respetar la tasa de interés -del seis por ciento mensual- pactada en el pagaré. Pero antes de que llegara la sentencia de segunda instancia Landa logró adjudicarse el edificio de la SMA como pago del adeudo.
Y esto fue así, porque el 3 de septiembre de 2020 las partes se presentaron ante el juez con un convenio para dar por terminado el proceso. Gilberto Mandujano Grimaldi, para entonces presidente de la Sociedad, suscribió el documento a nombre de esta. De acuerdo con la escritura pasada ante la fe del notario saltillense Luis Ramos Escalante, Mandujano Grimaldi habría acudido a dicho acto cumpliendo el mandato que la asamblea de socios le dio para negociar con su acreedor.
En el convenio, al cual Semanario tuvo acceso, el representante de la SMA reconoce un adeudo, entre el valor nominal del pagaré e intereses moratorios, de “aproximadamente” 15 millones de pesos y para liquidarlo ofrece entregar el inmueble que ocupaba la Sociedad en el Centro Histórico de Saltillo.
En el mismo documento, sin embargo, Landa Tavizón reconoce que “el inmueble dado en pago tiene un valor comercial” de 20 millones de pesos, razón por la cual se compromete “a proporcionar (a la Sociedad Manuel Acuña) un inmueble con un valor proporcional al remanente del pago”.
El hecho de que el traspaso de la propiedad haya sido sancionado judicialmente podría llevar a la conclusión de que, con independencia de lo justo o injusto que parezca la situación, se está ante un hecho legítimo. Una denuncia penal en curso refuta la idea y más bien califica esta historia como una simulación urdida para despojar ilegalmente a la SMA de su patrimonio.
Carlos Alberto Martínez Gaona, expresidente de la Sociedad, cuyo nombre fue mencionado en diversas ocasiones por las personas entrevistadas para la elaboración de este reportaje y quien reconoció, en entrevista para Semanario, haber estado presente en al menos tres reuniones para negociar la entrega del inmueble a Gabriel Landa, difiere en la calificación de los hechos, aunque dice estar de acuerdo en que el origen es una simulación.
Para él, la trama que concluyó en la pérdida del edificio a manos de Landa no habría sido ilegal, sino producto de una “estrategia” que, por la forma en la cual fue llevada a cabo, dejó sin posibilidades de defensa a los socios de la SMA, quienes al final se vieron obligados a negociar con su acreedor.
‘Es una simulación’
Huved Gutiérrez Ramos, abogado con 42 años de experiencia en el litigio de asuntos mercantiles, y socio de la Manuel Acuña desde 1980, no duda al emitir su veredicto sobre el caso:
“Se trata de una simulación de acto jurídico que un grupo de personas, que no sabemos realmente encabezados por quien directamente… hicieron la simulación de un juicio mercantil con el fin de despojar del inmueble a la Sociedad Manuel Acuña”, afirma.
Para su ojo entrenado basta echar una mirada al pagaré, protagonista central de esta historia, para concluir que se trata de una farsa.
“Al momento que a mí se me presenta la demanda inicial me di cuenta que era un acto simulado simplemente por la fecha de suscripción del pagaré y la fecha de vencimiento”.
Entre ambos momentos, explica Gutiérrez, median dos años y nueve meses, pues el documento habría sido suscrito el 20 de septiembre de 2013, pactándose su vencimiento el 20 de junio de 2016.
¿Y qué tendría de extraño eso? El abogado explica que lo común en este tipo de operaciones es que entre ambos momentos exista un plazo muy breve. “Nadie va a decir yo te presto a ti un millón de pesos y te voy a dar dos años y medio para que me pagues… va a decir: te doy un mes o dos meses para que me pagues, y si no me pagas te fijo un interés convencional moratorio, porque es su ganancia… Yo no le voy a dar a una persona dos años, dos años y medio para que me pague un millón de pesos”.
En efecto, aunque el pagaré establece un interés moratorio del 6 por ciento mensual, es claro al señalar que éste no comenzará a causarse sino al vencimiento de éste.
Además de los atípicos términos del documento, Gutiérrez ofrece un argumento adicional para reforzar su teoría de la simulación: “La Sociedad Manuel Acuña no es sujeto de crédito; no de ahorita, sino desde hace 30 años… ¡Nadie le prestaría a la Acuña más de 50 mil pesos!”.
Un pagaré singular
“En virtud del adeudo adquirido con anterioridad en mi carácter de Representante Legal de la Sociedad Mutualista y Recreativa Manuel Acuña, Cooperativa Limitada para pagar diversas deudas contraídas por mi representada me obligo a:”.
Así reza el primer párrafo del pagaré que selló la historia del edificio de la SMA y que, al decir de los especialistas consultados por Semanario, constituye un caso atípico en el mundo de los préstamos entre particulares.
Para Gerardo Garza Valdés, catedrático de la Facultad de Jurisprudencia, de la Universidad Autónoma de Coahuila, quien cuenta con 26 años de experiencia en el litigio de casos civiles, es llamativo que el documento se hubiera elaborado en papel membretado de la Sociedad Manuel Acuña.
“No es frecuente, pero sí ocurre, que los pagarés se elaboren en hojas membretadas. Sin embargo, lo común es que se use papel membretado del acreedor”, explica el especialista.
Garza Valdés coincide en que el plazo establecido entre la firma del documento y su vencimiento es atípico. “Es válido, desde luego, pero no es lo usual que se establezca un plazo tan largo y menos por una cantidad de esa magnitud”, puntualiza.
Llama la atención también que, residiendo el deudor en Saltillo y, sobre todo, encontrándose en esta ciudad los bienes susceptibles de embargo para saldar el adeudo, el último dueño del pagaré decidiera presentar su demanda en Torreón, pues esto implica realizar todas las diligencias vía exhorto, a través de un juzgado de Saltillo, algo que resulta muy lento y tardado.
Llama aún más la atención que para su representación jurídica, Landa Tavizón escogiera a una abogada con residencia en Saltillo: Jessica Cueto Rodríguez, integrante del despacho “Rodríguez Dorbecker & Asociados” que, de acuerdo con su página web, tiene su domicilio en el Boulevard Venustiano Carranza #3206, segundo piso, y no señala contar con oficinas en Torreón.
A Cueto Rodríguez se le solicitó una reacción, pero no accedió a responder preguntas alegando que “por cuestión profesional me es imposible dar declaración alguna en consideración a que actualmente hay un proceso penal llevado por personas que ni siquiera son socios” (de la SMA).
Alfonso Labastida Arzate, quien fungió como apoderado legal de la SMA entre 2008 y 2013, también encuentra rasgos atípicos en el pagaré. Uno de ellos es que, en su experiencia, ese tipo de documentos eran suscritos por al menos tres integrantes de la mesa directiva y no sólo por su Presidente.
“Nunca se hacían en esas circunstancias, de nada más la firma del Ingeniero (Aguillón). Normalmente firmaba también el Tesorero y el Vicepresidente… aunque jurídicamente nada más se necesitara la firma del Presidente”, explica el abogado, quien también refiere la existencia de un procedimiento especial para formalizar la adquisición de deudas y que implicaba obtener la autorización de la asamblea de socios antes de contraer una deuda.
Por otro lado, Labastida considera “de lo más extraño” que Óscar Sala aceptara pactar la liquidación del pagaré a casi tres años, pues “él sabía que el período de una mesa directiva es de dos años… si yo sé que vas a estar en tu trabajo solamente dos años y me dices que me vas a pagar en tres…”.
Una ‘herencia’ de dos muertos
Otro de los hechos llamativos de la biografía de este pagaré es que no fue el acreedor original quien emprendió la acción legal contra la SMA, sino el tercer dueño del título de crédito… luego de que los primeros dos fallecieran.
Antes de llegar a manos de Gabriel Landa, el documento fue endosado en propiedad a Gustavo Antonio Lara Ramos, empresario saltillense a quien se conocía más por su sobrenombre: “La Perica”. El endoso de Óscar Sala a su favor, de acuerdo con la copia del pagaré a la que Semanario tuvo acceso, habría ocurrido el 24 de octubre de 2014.
A su vez, Lara Ramos endosaría el pagaré a Gabriel Landa el 10 de julio de 2015, cinco meses y 11 días antes de fallecer y casi 11 meses antes del vencimiento pactado del documento. Óscar Sala fallecería después, a finales del año 2018, por lo que resulta imposible conocer la versión de los hechos de ninguno de los dos.
Sin embargo, para un abogado especializado en la recuperación de créditos otorgados por prestamistas, y quien habló con Semanario a cambio del anonimato, la historia de este pagaré es simplemente imposible.
“El que se dedica a prestar dinero lo que espera es que cada mes le pagues intereses. ¿Cinco millones y tres años de gracia? ¡No’mbre! ¡Ni los bancos!”, asegura este especialista a quien llamaremos Romeo.
Para dejar más claro el argumento, Romeo explica cómo funciona el mundo del agio: “yo te presto mil pesos y te hago firmar un pagaré. Pero no te doy los mil pesos, porque te cobro por anticipado los intereses del primer mes. Entonces, aunque tú firmas por mil solo te doy 900. Luego, cada mes me tienes que pagar los 100 de intereses hasta que me pagues los mil. Y si un mes dejas de pagar, pues inicio el juicio ejecutivo mercantil”.
Y para iniciar el juicio en cualquier momento, abunda, los pagarés no se llenan por completo, sino que la fecha de vencimiento se deja en blanco. “Así, yo puedo declarar el vencimiento del documento en el momento que me convenga y acudir al juez para embargarte bienes y cobrarme”.
Para Romeo también es imposible que el documento hubiera sido adquirido hasta en dos ocasiones antes de su vencimiento, porque “no existe un mercado de compra-venta de pagarés. Nadie anda por ahí vendiendo, y menos comprando, deudas que no tienen garantías y que no sabes si vas a poder recuperar tu dinero.
“Si yo fuera el dueño del pagaré, para empezar nunca les habría dado el dinero en esos términos y segundo, no andaría tratando de venderlo, sino de cobrarlo”, insiste.
El pagaré, ¿fue un invento?
Frente a los hechos parece obligado cuestionar si toda esta historia es una conspiración y, en su caso, cómo y quienes hicieron posible su ejecución.
Los abogados Huved Gutiérrez y Alfonso Labastida dijeron a Semanario, en entrevistas por separado, haber escuchado a Juan Alfonso Aguillón González, presunto suscriptor del pagaré, negar la firma del documento.
“Yo me entrevisté con él… cuando yo investigué el expediente de Torreón, obtuve una copia del documento y personalmente fui (a preguntarle si había firmado el pagaré)… y él me dijo que no, e incluso ahí mismo me enseñó su credencial de elector (para que comparara las firmas)… y me dijo que estaba dispuesto a ir ante cualquier autoridad que lo citara para declarar”, relata Gutiérrez.
Labastida aporta un dato adicional: él acompañó a Juan Alfonso Aguillón cuando compareció ante el Ministerio Público —a finales de febrero o principios de marzo de 2021— y declaró ante dicha autoridad no haber firmado nunca un pagaré de las características mencionadas.
Carlos Alberto Martínez Gaona también coincide en que la deuda consignada en el pagaré nunca habría existido, pero plantea como hipótesis la complicidad entre Sala y Aguillón quienes, afirma, “eran socios” y existirían antecedentes de conductas similares.
La batalla legal que aguarda
El 2 de diciembre de 2020, Juan José Acosta Zárate, Marcos Duarte Juárez, Felipe Modesto González Dávila y Alfonso Moreno Carranza, socios de la Manuel Acuña, acudieron a la Fiscalía General de Coahuila a interponer querella “por los delitos que resulten”, en contra de quienes resulten responsables, por el despojo del inmueble.
En el escrito de seis páginas, los denunciantes realizan una relatoría de hechos en la cual señalan diversas irregularidades que se habrían cometido durante el desahogo del juicio mercantil, entre ellas la práctica del emplazamiento que, vía exhorto, fue desahogada en Saltillo por el actuario Daniel García Berlanga, el 30 de septiembre de 2019.
A decir de los denunciantes, el emplazamiento se habría simulado, pues la diligencia fue presuntamente desahogada con Karla Leija González, quien habría dicho al actuario ser empleada de la SMA, aunque en el expediente no consta que lo hubiera acreditado con documento alguno. En el escrito se asegura que ninguna persona con ese nombre trabajaba en aquel momento para la Sociedad.
Acosta, Duarte, González y Moreno afirman también que, a partir del “falso emplazamiento”, la SMA no pudo enterarse de la demanda y por ende, se vio imposibilitada de contestarla, razón por la cual fue declarada en rebeldía y condenada sin oportunidad para defenderse.
Tal acto, asegura Huved Gutiérrez, fue realizado de forma intencional por quienes urdieron la trama. La demanda, asegura, fue presentada en Torreón y no en Saltillo: “porque saben que yo me dedico al litigio mercantil y que reviso todos los días las listas de acuerdos. Si hubieran presentado la demanda aquí, yo me habría dado cuenta”.
¿Y quiénes urdieron la trama? En su escrito, los socios de la Manuel Acuña no señalan a ninguna persona de forma directa. Sin embargo, en la relatoría de hechos, así como en las entrevistas realizadas por Semanario, recurrentemente aparecieron, sobre todo, un par de nombres: Carlos Alberto Martínez Gaona y Gilberto Mandujano Grimaldi. Ambos han sido presidentes de la SMA.
Martínez Gaona aceptó hablar con Semanario y durante la entrevista negó formar parte de una conspiración para que el edificio terminara en manos de Landa Tavizón y, por el contrario dijo, “pagamos una deuda muy grande que existía con el Seguro Social, con Hacienda y con un embargo laboral”.
Hasta la fecha, el caso permanece en la Fiscalía en el estatus de “carpeta de investigación” y, más de ocho meses después de haberse presentado la denuncia, no ha sido llevado ante un juez.
Sin embargo, el fiscal General de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, dijo en entrevista que la carpeta registra entre 80 y 85 por ciento de avance en su integración, por lo que no tomaría más de un mes que se judicialice el caso.
Como parte de las diligencias realizadas por la dependencia a su cargo, dijo Márquez, el pasado mes de mayo “se ha ordenado al registro Público de la Propiedad el aseguramiento del folio registral (para que) el inmueble no sufra ninguna alteración, cambio o transferencia de los derechos de propiedad”, por lo que el edificio sigue siendo propiedad de la SMA.
Al cierre de este trabajo, sin embargo, del inmueble de la SMA solo quedaba la fachada pues, pese a todas las voces que demandaron su preservación, el proceso de su demolición no se detuvo.
La hoja de papel cuya historia hemos reconstruido aquí, logró el cometido para el cual fue concebida por sus progenitores…
Fotografía: Omar Saucedo, Archivo Municipal de Saltillo y Archivo Vanguardia. Ilustración: Edgardo Barrera
SEMANARIO /Vanguardia
