El gobierno de Claudia Sheinbaum busca frenar una práctica que, según denuncia, favorece a personas acusadas de delitos financieros: la suspensión judicial que permite descongelar cuentas bancarias sin un juicio de fondo. El caso más reciente y mediático es el de la conductora Inés Gómez Mont y su esposo, el empresario Víctor Álvarez Puga, acusados de lavado de dinero y delincuencia organizada.
Sheinbaum anunció que su administración trabaja en una reforma a la Ley de Amparo para impedir que jueces otorguen suspensiones que desbloqueen cuentas sin antes resolver la causa judicial en su totalidad. La iniciativa está siendo elaborada por la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy, y será presentada en los próximos días.
“En todo caso, tiene que haber un juicio de fondo para demostrar que deben ser liberados los recursos por una mala interpretación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), no una primera suspensión para liberar los recursos”, advirtió la mandataria.
El pasado 26 de marzo, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa ordenó a la UIF quitar a Gómez Mont y Álvarez Puga de la Lista de Personas Bloqueadas, lo que les permitió recuperar sus cuentas bancarias. Según las autoridades, estas suman 35 mil millones de pesos, presuntamente obtenidos mediante fraudes en contratos del sistema penitenciario.
De acuerdo con cifras oficiales, entre diciembre de 2018 y marzo de 2025, la UIF bloqueó 32,531 millones de pesos por operaciones sospechosas. Sin embargo, 23,575 millones han sido desbloqueados por jueces a través de suspensiones judiciales.
Sheinbaum no solo cuestionó las lagunas legales que permiten estas suspensiones, sino que acusó directamente corrupción y colusión en el Poder Judicial.
“Cuando se demuestra que hay lavado de dinero, ya sea por corrupción o por delincuencia organizada, y resulta que se liberan las cuentas para que se siga usando el recurso, eso no tiene otro nombre: se llama corrupción“, afirmó.
Por su parte, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, advirtió que la interpretación de la Segunda Sala de la Suprema Corte ha debilitado la efectividad de la Lista de Personas Bloqueadas, permitiendo que jueces levanten restricciones con solo una suspensión provisional.
El gobierno también espera que en este periodo legislativo el Senado apruebe reformas a la Ley ORPI (Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita) y al Código Penal Federal. Estas modificaciones buscan otorgarle al Estado la capacidad de representar al sistema financiero como víctima en juicios por lavado de dinero.
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Con estas reformas, Sheinbaum busca cerrar los vacíos legales que permiten a jueces actuar en beneficio de personas acusadas de delitos financieros. Sin embargo, la propuesta promete abrir un intenso debate sobre el equilibrio entre el combate al lavado de dinero y el respeto a los derechos procesales en México. N
Con información de Animal Político.
