A tan solo tres semanas de las elecciones judiciales más inéditas del país, el Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó que no anulará ninguna de las 26 candidaturas impugnadas por el Congreso, al considerar que no tiene atribuciones para hacerlo antes del 1 de junio. La postura ha encendido un debate sobre la legalidad, el papel de los comités de evaluación y los riesgos de validar candidaturas bajo sospecha.
La consejera Norma de la Cruz señaló que las boletas ya están impresas y que cualquier revisión o cancelación solo podrá darse después de las elecciones. “El segundo momento procesal sí nos toca, y es una vez pasada la elección”, declaró en entrevista con Radio Fórmula.
El pronunciamiento responde a los oficios enviados por Gerardo Fernández Noroña y Sergio Gutiérrez Luna, presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, respectivamente, quienes pidieron la cancelación de 26 aspirantes por dos razones: incumplir el requisito de buena reputación o no acreditar el promedio mínimo de 8 en la licenciatura en Derecho, ambos establecidos en la Constitución.
Con más de 600 millones de boletas impresas y en circulación, el INE no ve margen legal para modificar las candidaturas. “Nosotros no registramos a los aspirantes. Fue tarea de los Comités de Evaluación de los Poderes de la Unión”, reiteró Guadalupe Taddei, consejera presidenta del instituto.
El próximo 8 de mayo, el INE deberá responder oficialmente sobre la solicitud de cancelar la candidatura del aspirante César Mario Gutiérrez Priego, acusado de no cumplir con el requisito de buena reputación. Pero la expectativa es que la resolución mantenga la línea ya trazada: esperar a que pase la elección.
Las denuncias contra los aspirantes incluyen investigaciones abiertas ante la Fiscalía General de la República (FGR), señalamientos por vínculos con delincuencia organizada, abuso de poder, e incluso abuso sexual. No obstante, muchos casos carecen de sentencia firme, por lo que constitucionalmente no se puede restringir su derecho a ser votados, según especialistas en derecho electoral.
En algunos casos, como el del aspirante Arturo César Morales Ramírez, se ha documentado confusión de identidad: una orden de aprehensión vigente corresponde a un homónimo. Esto no ha impedido que su candidatura sea señalada.
Ocho de los aspirantes fueron acusados de no cumplir con el promedio académico mínimo exigido. En estos casos, la falla recae directamente en los comités de evaluación —algunos del Poder Ejecutivo, otros del Legislativo— que debieron verificar los documentos. Este tipo de irregularidades podrían derivar en impugnaciones posteriores por parte de otros candidatos o ciudadanos.
“El problema no es solo legal, es político y de credibilidad institucional”, advirtió José Luis López Chavarría, académico de la UNAM. “Imagina que alguien gane y luego tenga que ser descalificado por no cumplir con un requisito administrativo. Es absurdo, pero legalmente posible.”
El instituto se ampara en el llamado “protocolo 8 de 8” contra la violencia de género, mediante el cual se revisarán las candidaturas una vez concluida la elección. Este informe se presentará el 13 de junio, apenas dos días antes de que se entreguen las constancias de mayoría. Las impugnaciones, según la Constitución, se resolverán antes del 1 de septiembre, cuando inicie el nuevo periodo ordinario en el Senado.
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En el fondo, el conflicto revela las grietas de un nuevo modelo de elección judicial que se estrena en medio de improvisaciones, cuestionamientos éticos y vacíos legales. Y mientras el INE espera que las urnas hablen, los nombres de candidatos señalados por posibles delitos o bajo rendimiento académico ya están impresos y listos para recibir votos. N
Con información de Animal Político.
