El reciente escándalo del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, muestra, sin velos ni tapujos, dónde estamos, pues evidencia tanto el descarado cinismo del Estado como su perversa asociación con el crimen organizado. El narco no es nada nuevo en ninguna parte del mundo. Pero el Estado fallido que estamos viviendo, sí.
El desastre comenzó a gestarse a finales de la Segunda Guerra Mundial, y poco a poco fue cobrando fuerza conforme el mercado estadounidense demandaba narcóticos ilegales. Hoy es una organización de cientos de miles de elementos cuyos poderes financieros y políticos gobiernan gran parte del Estado mexicano.
Durante los tiempos del PRI-gobierno el poder político controlaba, a través del Ejército, al narco e incluso el gobierno solicitaba su apoyo para ganar elecciones; apoyo que el narco, a su vez, le otorgaba al gobierno sin cortapisas. El caso más evidente sucedió en la elección de Carlos Salinas cuando presuntamente el Cártel de Guadalajara manipuló las votaciones en sus áreas de influencia.
Las campañas políticas tenían, entre otros, el financiamiento de los cárteles. Había acuerdos que se respetaban y de cuando en cuando el gobierno apresaba, para taparle el ojo al macho, alguna cabeza del narco. Los cárteles se tragaban el golpe, pero ajustaban los controles y seguían operando.
Si analizamos el trayecto político del México posrevolucionario podemos atisbar dónde estamos y hacia dónde vamos. El PRI se fundó para apaciguar a las fuerzas belicosas y, con ellas, la guerra intestina que nos devoraba. El progreso nacional se fue consolidando, aunque de vez en cuando el control del país mediante decretos nos llevaba a crisis económicas.
Sin embargo, de 1954 a 1970 el México priista tuvo una época dorada a la que se le llamó “desarrollo estabilizador”, durante la cual nuestro país tuvo un crecimiento impresionante. La disciplina presupuestal fue uno de los factores que permitió esta bonanza.
Pero con la llegada de Luis Echeverría se rompió esta disciplina y comenzó la debacle priista. Las crisis económicas volvieron y los grandes capitales, que financiaban al PRI, le volvieron la espalda. Así el partido hegemónico fue cediendo terreno e inició la democracia en la vida nacional.
El problema fue que a nadie se le ocurrió ponerle candados a las candidaturas para evitar que elementos del crimen organizado llegaran al poder. Con la democracia se rompió el control hegemónico y se abrió la puerta para que “los de fuera” accedieran al poder, pero a nadie se le ocurrió poner candados para que el narco no se colara. De modo que poco a poco se apoderaron de presidencias municipales, diputaciones locales y hasta gubernaturas elementos que eran parte de las organizaciones criminales. El controvertido gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya presuntamente es parte de este grupo y evidencia clara del estado en el que se encuentran las cosas.
La democracia duró tres sexenios y trajo una época de progreso económico. Al principio los partidos políticos compitieron por el poder, pero luego armaron acuerdos para compartir el pastel del poder y del dinero. Así, la competencia política se fue a la fruta. Se eligió el camino fácil y el dinero se dedicó a comprar votos, pero en el sendero se fueron creando instituciones para mejorar los controles del poder, entre las cuales una de las más importantes fue el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Luego llegó el partido Morena. Andrés Manuel López Obrador creó un partido político para tener control y postularse como candidato a la presidencia. Creó un sistema de financiamiento que evadía los controles del Estado y presuntamente aceptó dinero del narco. Hay razones para suponer el financiamiento de sus campañas presidenciales por los cárteles, pues el expresidente tiene, en Estados Unidos, carpetas de investigación abiertas por los presuntos narcofinanciamientos de esas campañas, entre otras lindezas. Sus visitas a Badiraguato y las deferencias con la familia Guzmán, del Cártel de Sinaloa, refuerzan las suposiciones.
Andrés Manuel López Obrador se formó en el régimen de Echeverría dentro del PRI y la disciplina presupuestal no es parte de su credo administrativo. Lo suyo es un proyecto de poder que copia el régimen del expresidente venezolano Hugo Chávez y que reparte dinero a los pobres sin ocuparse ni de educarlos, ni de generarles fuentes de trabajo.
Hay un proyecto social de donativos que no tiene el respaldo de un financiamiento dedicado a cubrir los dineros que salen. Con esto, en lugar de construir fuentes de riqueza, se dedica a destruirlas. Comienza por cancelar el aeropuerto de Texcoco y crea un agujero financiero en el país, y luego sigue con obras faraónicas, sin proyectos financieros viables y sin escuchar a los expertos que le advirtieron en contrario. Así, el partido Morena pasó del nacimiento al desfalco sin desarrollo estabilizador ni logros económicos relevantes.
El fracaso financiero se hizo evidente y el partido oficial tomó los ahorros del país y créditos, sin prevenir las consecuencias crediticias, para financiar su proyecto de poder. Al mismo tiempo destruyó las instituciones que pueden evidenciar sus tropiezos económicos y deshizo la infraestructura jurídica del país. Esto último tendrá un costo enorme que se hará evidente en los próximos dos años.
Todo lo anterior en el México de antes era razón para que las fuerzas productivas le voltearan la espalda a Morena y redireccionaran sus apoyos, pero los financieros de Morena no son los empresarios.
Uno de los puntales del partido Morena son los programas sociales, pero repartir dinero, sin generar riqueza, es un camino seguro al desastre económico y hacia allá nos encaminamos. Poco a poco vemos cómo los programas de gobierno hacen agua, y las promesas de servicio gubernamental no se cumplen. El programa Bachetón no se ve por ningún lado y no pasó de ser una ridícula canción; el de compra de medicinas, que aparentaba un cambio en la trayectoria de la salud, no se llevó a cabo por falta de dinero; la educación abandonó las evaluaciones y redujo su nivel académico; y así podemos seguir.
El proyecto de poder le puso el último clavo al ataúd de la democracia cuando canceló la facultad de contar los votos a los ciudadanos en las casillas. Lo que sigue no es ningún misterio. Eventualmente se va a acabar el dinero y se afectarán los programas sociales. En ese momento unas clases populares sin educación, y sin trabajo, se rebelarán con una votación contraria a Morena; tal y como pasó en Venezuela, y en una calca de lo que sucedió en aquel país el Ejército defenderá el fraude electoral.
Habrá quien diga que los estadounidenses no van a dejar que esto suceda, pero solo hay que ver lo que hicieron con Venezuela. Reconocieron al presidente electo, pero le siguen comprando petróleo a Nicolás Maduro.
Así, hoy estamos en un dilema económico, pues nuestra principal fuente de ingresos es exportar hacia el mercado estadounidense, y Trump nos quiere cancelar esos ingresos. Las promesas que hicieron para que votáramos por el partido Morena no se cumplieron, pues no se combatió a la corrupción, no se mejoró el sistema de salud ni se redujeron los índices de criminalidad con los programas implementados. En la educación se perdió el nivel académico que teníamos, de acuerdo con la prueba Pisa; y en lo económico descendieron los índices de crecimiento y estamos endeudados 50 por ciento más de lo que se adeudaba al cierre del periodo de Peña Nieto; además, de acuerdo con los especialistas, este año no crecerá nuestra economía. Prometieron mejorar al país y al final traicionaron sus promesas.
El rancho Izaguirre es un hallazgo dramático y estrujante, pero a los pocos días le siguió un laboratorio para cocinar fentanilo con una extensión de 4 hectáreas y con capacidad para producir millones de dosis, y luego hasta en Kenia salió un laboratorio de fentanilo del CJNG.
Pobre México: tan lejos de Dios, tan cerca de Trump y tan traicionado por el partido Morena.
El plagio de tesis que hizo Yazmín Esquivel Mossa, la ministra en funciones que pretende presidir la Suprema Corte de Justicia, fue denunciado por Guillermo Sheridan, un crítico implacable de la corrupción en México. El plagio fue demostrado al exhibir las similitudes de la tesis de Esquivel Mossa con otra, la del alumno Edgar Ulises Báez, que fue presentada un año antes que la de Esquivel.
La maestra que dirigió la tesis fue la profesora Martha Rodríguez Ortiz, y al revisar las tesis que dirigió con anterioridad se evidenciaron los plagios de otras tesis por alumnos de la Facultad de Derecho.
Todo esto se discutió en la UNAM cuando el Dr. Enrique Graue era rector; y se llegó a la conclusión de que la maestra Martha Rodríguez tuvo una responsabilidad directa en el caso, pues fue directora de la tesis de Edgar Báez, entregada en 1986; y de la de Yasmín Esquivel, presentada en 1987.
No obstante, la jueza Flor de María Hernández Mijangos sentenció al rector de la UNAM y al director de la FES Aragón, Fernando Macedo, a pagarle 15 millones de pesos a la maestra Rodríguez Ortiz por daño moral. La sentencia es aberración jurídica y un acto corrupto hasta la médula. Esa es la justicia que se nos viene encima. N
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Salvador Casanova es historiador y físico. Su vida profesional abarca la docencia, los medios de comunicación y la televisión cultural. Es autor del libro La maravillosa historia del tiempo y sus circunstancias. Los puntos de vista expresados en este artículo son responsabilidad del autor.
