LIMA.— La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer este miércoles su informe final sobre las visitas que realizó a Perú, en diciembre del 2022 y enero de este año, que llegó a la conclusión de que se cometieron graves violaciones a los derechos humanos durante las protestas que se realizaron contra la presidenta Dina Boluarte.
En el documento se menciona que la delegación de la CIDH llegó a tesis tras recibir una vasta información durante audiencias en Lima, Ica, Arequipa y Cusco. Además, sirvió como complemento el registro de muertos y heridos con lesiones en la parte superior del cuerpo por impactos de armas de fuego y el descubrimiento de un alto número de víctimas que ni siquiera estaban participando de las protestas.
Así, para la CIDH hubo 56 ciudadanos que perdieron la vida y otras 912 personas terminaron con alguna lesión. Estas cifras son contrarias a las 60 víctimas que la Defensoría del Pueblo informó en su momento.
En el informe de la CIDH también se refieren a lo ocurrido en Ayacucho y Juliaca, poblaciones de Perú.
“Se registraron graves violaciones de derechos humanos que deben ser investigadas con debida diligencia y con un enfoque étnico-racial. Al ser perpetradas por agentes del Estado, las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales”, se lee respecto al análisis del caso de Ayacucho, donde diez ciudadanos murieron.
Mientras que, para Juliaca, donde 17 manifestantes fallecieron, señala que “la CIDH observa que en esa ciudad se habrían presentado situaciones de uso excesivo e indiscriminado de la fuerza por parte de agentes del Estado, que habrían resultado en graves violaciones de derechos humanos en contra, tanto de participantes en las protestas, como de terceras personas”.
Por otro lado, la delegación enviada por la Organización de Estados Americanos (OEA) refiere que hay un deterioro en el debate nacional de Perú porque existe una narrativa muy fuerte contra las personas indígenas y campesinas, quienes reciben calificativos como “terroristas”, “terrucos”, “senderistas”, “cholos” e “indios”.
“Estos mensajes no son inocuos, por el contrario, contribuyen a la creación de un ambiente de permisividad y tolerancia hacia la discriminación, estigmatización y violencia institucional en contra de esta población”, señalan.
Finalmente, en las recomendaciones se plantea al Estado peruano que tenga un registro integral de los datos sobre personas fallecidas, heridas, detenidas y víctimas de violencia de género en el contexto de las protestas sociales.
Además, se destaca que piden más recursos para el Ministerio Público con el fin de que pueda desarrollar su trabajo de la mejor manera al crear más fiscalías especializadas en derechos humanos que estén a lo largo del país.
Tras la publicación del informe de la CIDH, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, brindó una conferencia de prensa para negar que hayan existido ejecuciones extrajudiciales y masacres durante las protestas en su contra.
“Como todo informe, hay aspectos que no compartimos, pero respetamos. Rechazamos la calificación de ejecuciones extrajudiciales y de masacres. El Estado peruano lamenta la pérdida de vidas humanas en las protestas y los actos vandálicos”, dijo.
Boluarte también negó que exista en Perú un discurso estigmatizante como sugiere el informe de la CIDH. “En este gobierno no hay ningún hecho de discriminación por razones de raza, religión ni de otra índole. Desde que asumimos, no ha habido ningún discurso de polarización entre unos y otros, menos de división. Siempre hemos llamado a la unidad, a la paz, al diálogo”, zanjó. N
