La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió este martes 26 de septiembre al gobierno de México esforzarse más por esclarecer la verdad sobre la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, y reiteró su llamado a profundizar los esfuerzos estatales para romper el denominado ‘pacto de silencio’.
“A nueve años de los hechos de violencia del 26 y 27 de septiembre de 2014 que dieron lugar a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, aún no se ha logrado conocer el paradero de los jóvenes desaparecidos, esclarecer definitivamente los hechos y sancionar a las personas responsables”, señaló la CIDH en un comunicado.
Hace nueve años, la CIDH activó sus mecanismos disponibles para impulsar la búsqueda de los estudiantes. La primera decisión fue adoptar la medida cautelar MC-409/14 para la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”. Asimismo, la atención de los estudiantes sobrevivientes de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 y la adopción de las medidas concertadas con las familias y representantes para la atención de los hechos.
Posteriormente, gracias al diálogo entre la CIDH y el Estado mexicano, se instaló el Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI) para brindar asistencia técnica y coadyuvancia a las autoridades encargadas de la procuración de justicia y la búsqueda de los estudiantes desaparecidos. El GIEI culminó sus actividades el 31 de julio de 2023 y entregó el último informe el 3 de agosto pasado.
“La CIDH reconoce los esfuerzos realizados por México durante la presente administración, en particular para la creación e implementación de un modelo institucional con el objeto de reorientar la atención del caso Ayotzinapa.
“Es relevante recordar la instalación de la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (COVAJ), la creación de la Unidad Especial de Investigación y Litigio del caso Ayotzinapa (UEILCA), así como la apertura al escrutinio internacional mediante la instalación de un equipo del MESA en territorio mexicano, y la reactivación del GIEI”.
En cuanto a los avances de la investigación y sanción de los responsables, la CIDH valoró positivamente la reactivación de las búsquedas en terreno y la identificación genética de dos estudiantes, Jhosivani Guerrero de la Cruz, y Christian Alfonso Rodríguez Telumbre. Esto se suma a la identificación genética previa de Alexander Mora Venancio en 2014. Asimismo, saludó la emisión de las órdenes de aprehensión que trascendieron el ámbito municipal o estatal, e incorporaron agentes de procuración de justicia y agentes militares.
Empero, la Comisión llamó al poder judicial mexicano a establecer las “responsabilidades penales de las personas judicializadas y sancionar en debida forma a los autores responsables, a fin de evitar que los hechos queden en la impunidad”. Actualmente están detenidos el exfiscal general Jesús Murillo Karam, dos generales, 20 miembros del ejército y otras 100 personas entre delincuentes, agentes de seguridad y funcionarios, pero no hay condenas.
Este martes, los familiares de las víctimas acusaron al gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de no haber entregado toda la información disponible sobre los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala. N
