El COVID-19 está afectando desproporcionadamente a las poblaciones más vulnerables del mundo. Entre ellas se encuentran los más de 70 millones de personas desplazadas por la fuerza: refugiados, solicitantes de asilo, desplazados internos y migrantes, incluidos los inmigrantes indocumentados.
Muchas de estas mujeres, hombres y niños viven en malas condiciones en todo el mundo, con falta de acceso a servicios básicos como agua limpia, alimentos, saneamiento o acceso inadecuado a la atención médica, así como falta de un estatus legal. La pandemia del COVID-19 exacerba estas condiciones de vida.
En estos entornos, las medidas preventivas a menudo no son posibles. ¿Cómo podemos pedir a las personas que se protejan cuando no tienen acceso fácil al agua o al jabón? O que se aíslen cuando viven en carpas estrechas junto a otras diez personas. El distanciamiento físico es muy difícil, si no imposible, en campamentos superpoblados y entornos urbanos densos, donde las personas viven juntas en pequeños refugios congestionados con muchos miembros de la familia. Y tener que hacer fila para obtener agua y alimentos aumenta los riesgos de transmisión viral.
En muchos entornos, las personas desplazadas viven en la inseguridad y corren el riesgo de arresto o abuso. Pueden ser estigmatizados como “portadores de enfermedades” en un contexto de mayor xenofobia y tener acceso limitado a información confiable. Algunas poblaciones dependen totalmente de la ayuda humanitaria. En muchas áreas, dicha ayuda es limitada.
Ninguna emergencia de salud pública debería negar a los solicitantes de asilo y la protección de los refugiados. Sin embargo, muchos Estados niegan deliberadamente la entrada a los solicitantes de asilo o impiden indirectamente su acceso bajo el pretexto de medidas de cierre de la frontera para limitar la propagación del brote. En MSF sabemos, por nuestra amplia experiencia médica humanitaria, que cuando una persona que busca protección para refugiados es rechazada, la pone en mayor riesgo.
Los refugiados, los solicitantes de asilo y los migrantes no deben ser estigmatizados o pintados como una “amenaza” en tiempos del COVID-19. El virus no tiene fronteras y todos los humanos están potencialmente en riesgo. Todos deben estar igualmente incluidos en la respuesta al brote para que la respuesta sea eficiente. No deben ser discriminados por exclusión o criminalización por parte de las autoridades; esto es contraproducente para los esfuerzos para detener el brote. Los Estados también deben tomar medidas adaptadas que respondan a las necesidades específicas de estos grupos de población sumamente vulnerables.
