Expuso que en referencia al citado estudio de México Evalúa durante 2023, Baja California registró más de 121,000 delitos, colocando a nuestra entidad como la segunda con mayor incidencia delictiva del país. Señaló que esta cifra no solo refleja una tendencia ascendente, sino que evidencia la falta de resultados contundentes en la contención del crimen, particularmente en delitos patrimoniales, violencia familiar y homicidios dolosos.

Es inaceptable que sigamos siendo una de las entidades con mayor número de homicidios, con tasas que triplican la media nacional. Aún más preocupante es la persistente cifra negra, que aunque ha bajado, sigue implicando que casi 9 de cada 10 delitos no se denuncian. Esta realidad refleja la desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones de seguridad y justicia, y nos interpela directamente a todos los actores públicos y sociales para corregir el rumbo.”

Como Comité Ciudadano, alzamos la voz especialmente por las víctimas, pues solo el 1.9% ha recibido algún tipo de reparación del daño. Esto no solo representa una falla estructural del sistema de justicia, sino una revictimización institucional inaceptable. No puede hablarse de justicia si quienes sufren un delito no son atendidos, protegidos ni resarcidos.

También nos preocupa la situación de las personas privadas de la libertad: casi la mitad está en prisión sin haber recibido sentencia. Este dato es un llamado urgente a despresurizar el sistema penitenciario y garantizar juicios expeditos, sin sacrificar el respeto al debido proceso.

Reconocemos los avances en legalidad procesal como la elevada proporción de detenciones validadas por jueces y el uso racional de medidas cautelares, pero ello no puede ocultar los rezagos en acceso a la justicia ni justificar la inercia institucional ante la crisis que vivimos.

Desde el Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Tijuana exigimos:

1.Replantear la estrategia de seguridad, priorizando la prevención, el combate a la impunidad y la focalización territorial o geo referencia del delito en los municipios con mayor incidencia.

2.Fortalecer la procuración de justicia, asegurando que las víctimas sean el centro del proceso penal, con reparación integral y atención digna.

3.Reducir la prisión preventiva abusiva, garantizando mecanismos alternativos de resolución que sean eficientes y humanos.

4.Abrir el sistema de justicia a la sociedad civil, para que sean partícipes los Comités Ciudadanos o el propio Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado en la vigilancia, evaluación y propuestas para que formen parte de las políticas públicas en materia de seguridad.

5.Transparentar y mejorar los datos del sistema penal, como condición indispensable para el diseño de políticas basadas en evidencia.

Por su parte el Presidente de la Comisión de Seguridad de la Confederación Patronal de la República Mexicana Leonardo Arvizu, expuso que falta mucho por hacer para tener avances significativos, visibles y palpables respecto de la seguridad pública anhelada y esto no puede seguir siendo una promesa aplazada, se requiere una eficiente coordinación interinstitucional por parte de las corporaciones de seguridad y justicia.

Es indispensable redoblar esfuerzos, priorizar el ejercicio presupuestal y actuar con voluntad política, coordinación institucional y, sobre todo, con compromiso ético con las personas, con los gobernados.

La justicia no puede seguir siendo selectiva, lenta y distante, por ello la activa participación de COPARMEX en mejorar dentro de lo posible las condiciones de seguridad y permanente cooperación en el fortalecimiento de nuestras instituciones de seguridad y justicia. N