El presidente Donald Trump ha encendido el debate al proponer clasificar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés), una decisión que podría transformar drásticamente la forma en que Estados Unidos enfrenta al crimen organizado mexicano. Aunque esta medida busca frenar el tráfico de drogas, sus implicaciones legales, económicas y diplomáticas son profundas y abarcan tanto a México como a Estados Unidos.
Designar a los cárteles como terroristas no es solo un cambio semántico. De acuerdo con la Ley Patriota, la Ley de Libertad, la Ley de Control de Exportación de Armas (AECA) y la Ley de Sanciones Internacionales (IEEPA), esta etiqueta activa herramientas legales que permiten al gobierno estadounidense perseguir no solo a los miembros de estas organizaciones, sino también a quienes les brinden apoyo, directa o indirectamente. Esto incluye a empresas estadounidenses que, de manera consciente o no, vendan armas, municiones o equipos que terminen en manos de estas redes criminales.
El impacto en el tráfico de armas
Uno de los mayores efectos de esta medida se vería en el tráfico de armas. Actualmente, muchas de estas armas cruzan la frontera debido a controles laxos en la venta y distribución dentro de territorio estadounidense. La designación de los cárteles como terroristas obligaría a los fabricantes y distribuidores de armas estadounidenses a implementar controles más estrictos en sus cadenas de suministro, ya que cualquier incumplimiento podría ser considerado un delito grave con severas sanciones económicas y penales en Estados Unidos.
Por ejemplo, empresas cuyas armas terminen en las manos de los cárteles podrían enfrentar demandas legales y sanciones significativas. Esto crearía una mayor presión sobre la industria armamentista en Estados Unidos para garantizar que sus productos no sean utilizados por organizaciones criminales, limitando así el flujo de armamento hacia México.
El papel de los bancos en la lucha contra el lavado de dinero
El combate al lavado de dinero es otro frente donde esta medida podría tener un impacto significativo. Según la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), los cárteles mexicanos generan miles de millones de dólares al año en ingresos provenientes del narcotráfico, gran parte de los cuales son lavados a través de bancos estadounidenses e internacionales. Con la designación de los cárteles como terroristas, las instituciones financieras estarían obligadas a adoptar medidas más estrictas para identificar y reportar cualquier actividad sospechosa.
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La Ley de Secreto Bancario ya impone requisitos elevados de vigilancia, pero la nueva etiqueta elevaría estos estándares. Cualquier banco que facilite transacciones relacionadas con los cárteles podría enfrentarse a sanciones severas, lo que obligaría a las instituciones financieras a ser aún más estrictas en el monitoreo de sus clientes y transacciones.
Esta medida podría golpear directamente al corazón financiero de los cárteles, dificultando su capacidad para mover dinero y financiar operaciones. Sin acceso a recursos económicos suficientes, las organizaciones criminales verían reducida su capacidad.
Beneficios en la seguridad regional
Desde una perspectiva de seguridad, la designación de los cárteles como terroristas podría generar beneficios tanto para México como para Estados Unidos. Al dificultar el acceso de estas organizaciones a armas y recursos financieros, es posible una reducción en los niveles de violencia asociados al crimen organizado. México, que ha sido uno de los países más afectados por la violencia del narcotráfico en las últimas décadas, podría experimentar un alivio significativo si los cárteles ven mermadas sus capacidades.
Para Estados Unidos, la medida también podría significar un paso importante en la lucha contra la crisis de opioides, ya que los cárteles mexicanos son los principales proveedores de fentanilo y otras drogas sintéticas que han causado una epidemia de muertes por sobredosis en territorio estadounidense.
Los riesgos y controversias
A pesar de los posibles beneficios, la propuesta de Trump no está exenta de críticas y riesgos. Por un lado, el gobierno mexicano ha rechazado la idea, argumentando que clasificar a los cárteles como terroristas podría abrir la puerta a una intervención militar de Estados Unidos en territorio mexicano, lo cual consistiría una violación de su soberanía y es a todas luces inaceptable. Este tipo de designación podría aumentar las tensiones diplomáticas entre ambos países, complicando la cooperación en otros temas clave como la migración y el comercio.
Una oportunidad para la cooperación internacional
A pesar de las controversias, la propuesta de Trump también abre una oportunidad para reforzar la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado. La designación de los cárteles como organizaciones terroristas, siempre que se respete la soberanía de México, podría facilitar el intercambio de inteligencia entre agencias estadounidenses y mexicanas, así como la implementación de estrategias conjuntas, con apoyo técnico, financiero, en tecnología y equipamiento de Estados Unidos a las instituciones de seguridad mexicanas.
Además, esta medida podría servir como un catalizador para que ambos países adopten políticas más integrales y coordinadas, abordando no solo los síntomas del problema, sino también sus causas subyacentes.
Un paso hacia un futuro más seguro
La propuesta de Trump, aunque polémica, pone sobre la mesa una discusión urgente sobre cómo abordar de manera más efectiva el problema del crimen organizado. Si bien queda por ver si esta medida será implementada, lo cierto es que ha generado un debate sobre la responsabilidad compartida de Estados Unidos y México en la lucha contra los cárteles.
El éxito de esta iniciativa dependerá de la capacidad de ambos países para trabajar en conjunto, dejando de lado diferencias políticas y dejando de culparse el uno al otro en favor de una seguridad compartida.
La pregunta es cómo reaccionará Trump al darse cuenta de que designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas podría acarrear sanciones a la industria armamentista estadounidense. Pronto sabremos si para él es más relevante la seguridad de los estadounidenses o las ganancias y el apoyo político de ese sector. N
El autor es abogado y consultor internacional en seguridad, tiene una carrera de 25 años, fue Secretario de Seguridad Pública de Tijuana, Subsecretario del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Baja California y Director del Centro C4 Baja California.
