En una de sus declaraciones, Donald Trump, niño terrible de los casinos, señaló que “Todos los miembros de pandillas extranjeras serán expulsados y designaré inmediatamente a los carteles como organizaciones terroristas extranjeras. Lo haré de inmediato”.
El nuevo Presidente de los Estados Unidos trae en mente a los cárteles mexicanos para declararlos organizaciones terroristas.
Se piensa que la idea de declarar émulos de ISIS a los cárteles mexicanos es una ocurrencia de Trump, pero no es así. Es una añeja petición de distintos grupos de presión e interés en los Estados Unidos, como quedó patente en febrero de 2023.
En ese tiempo, nada menos que 21 fiscales generales de igual número de estados en la Unión Americana pidieron al entonces presidente Joseph Biden que se encargara de declarar a los cárteles mexicanos de la droga como organizaciones terroristas.
Quedó claro que al gobierno de Biden no le pareció buena idea hacerle caso a los fiscales de su país y ahí quedó la cosa, pero con Trump será diferente.
Desde 1997, el Departamento de Estado estadounidense elabora la actualización de las Organizaciones Terroristas Extranjeras (Foreign Terrorist Organizations, FTO), basado en la opinión de su Oficina de Contraterrorismo, que hace una labor de monitoreo para identificar a esta clase de grupos activos en todo el mundo.
Las FTO son designadas por el Secretario de Estado de conformidad con la sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), a partir de que su Oficina de Contraterrorismo ha preparado un caso sólido, cumplidos todos los criterios legales. Este tipo de decisiones son consensuadas entre el Secretario de Estado, el Fiscal General y el Secretario del Tesoro.
Si este trío va por la afirmativa, presentan al Congreso federal la propuesta de designación y se le dan siete días para revisarla. Una vez vencido el período de espera y en ausencia de una acción del Congreso para bloquear la designación, se publica un aviso en el Registro Federal correspondiente. Para todo efecto, la designación ya se activó.
En ese sentido, la Ley de Reforma de Inteligencia y Prevención del Terrorismo de 2004 (IRTPA) dispone que una FTO puede presentar una petición de revocación dos años después de su fecha de designación o dos años después de la fecha de determinación de su petición de revocación más reciente.
El Secretario de Estado puede revocar una designación en cualquier momento si determina que las circunstancias que dieron pie a la designación han cambiado de tal forma que justifican la revocación, o que la seguridad nacional de los Estados Unidos justifica una revocación e inclusive, puede ser revocada por una Ley del Congreso o dejada sin efecto por orden judicial.
Queda claro que la actividad terrorista de la organización debe amenazar la seguridad de los ciudadanos estadounidenses o la seguridad nacional (defensa nacional, relaciones exteriores o intereses económicos) de los Estados Unidos, que como se entenderá, no son lo mismo aunque convergen en la misma lógica.
Para identificar las consecuencias de lo que ocurrirá con una FTO, en forma sencilla puede entenderse que habrá problemas para cualquier persona que, en los Estados Unidos o sujeta a su jurisdicción, le proporcione a sabiendas: cualquier propiedad, tangible o intangible, moneda, valores financieros, alojamiento, capacitación, documentación o identificación falsa, equipo de comunicaciones…
Todo representante o miembro de una FTO es inadmisible en Estados Unidos (siendo extranjero, claro está) y es expulsable.
Cualquier dinero que un representante o miembro de una FTO tenga en Estados Unidos, será inmovilizado por la institución financiera estadounidense que lo tenga en su poder y deberá informar de inmediato a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro.
Así, queda claro que las tres acciones que señalé, pretenden expulsar de los Estados Unidos a cualquier sospechoso de formar parte de una FTO y quedarse con el dinero que tengan en dicho país.
Estados Unidos tiene claros motivos para señalar a los cárteles mexicanos como FTO y es evidente que por años, un tumulto de expertos e investigadores lo hemos dicho hasta la saciedad. En forma sumaria, es evidente que el Estado Mexicano no tiene capacidades para erradicar al crimen organizado que opera en este país.
Dependiendo de la herramienta de la que se eche mano para la estimación, será el porcentaje del territorio mexicano que se verá influido por el crimen organizado. Conversándolo con colegas que hacen sus estudios desde Tijuana y en Suiza, consideramos que no menos del 80 por ciento del país se encuentra bajo dichas potestades.
En un estudio que compartí el año pasado con distintos thinktanks y universidades estadounidenses, estimé que son poco más de 800 mil, las personas que trabajan para los cárteles, clanes y pandillas en México.
Y, todo mundo sabe que hay grupos de alto impacto en México que han desarrollado vínculos con organizaciones del calibre de Hezbollah, los distintos grupos mafiosos de Rusia y en Italia, con la N´Dranghetta, la Sacra Corona Unitá y la Camorra, solo por decir unos casos.
Lo anterior sin óbice de que ciertas partes del país están claramente feudalizadas. He recorrido el país por entero y habría que darse un paseo por ciertas zonas de Iztapalapa, Tepito, Ecatepec, Tijuana, Reynosa, el Filo Mayor guerrerense o el estado de Jalisco para comprobarlo. De Sinaloa ni caso tiene hablar.
Hasta aquí, es inatacable que Estados Unidos designe FTO a los “cárteles mexicanos”. Ahora viene lo bueno: ¿cuáles cárteles? Y, ¿qué pasará después?
En los análisis que realizo año con año, en 2024 solo identifiqué a dos cárteles operativos en México: CJNG y Sinaloa, en el entendido que éste último se ha fragmentado y quedará dividido en dos clanes.
Los clanes son organizaciones intermedias: puede tratarse de grupos que alguna vez fueron cárteles, pero que siguen siendo lo suficientemente poderosos como para no ser pandillas. Su poder de fuego es importante e importan/exportan mercancías ilícitas, además de tener influencia en municipios y estados del país.
Por el contrario, puede tratarse de una organización criminal que dejó de ser una pandilla y tiene un alto potencial de crecimiento. El clan puede ser una “estrella en ascenso” en el universo delictivo.
Hay 9 clanes operativos en México: en Chihuahua, Carrillo Fuentes, La Línea y, Nuevo Cártel de Juárez. En Tamaulipas: Cártel del Golfo y Cártel del Noreste. En Michoacán: La Nueva Familia Michoacana. En Baja California: Organización Arellano Félix. En Sinaloa, la Organización Beltrán Leyva y, en Guanajuato, el Cártel Santa Rosa de Lima.
Empero, surge un problema: hay docenas de pandillas de alto impacto que también cuentan. En total, he identificado 120 pandillas con tales características; entre ellas, las escisiones de los Zetas y del Cártel del Golfo.
Así, si solo se van por cárteles, las futuras FTO mexicanas serán CJNG, la organización Los Menores y la organización Zambada. Si se le agregan a todos los clanes, van 9 grupos más. Adonde el asunto se desborda es cuando se le suma a todas las pandillas de alto impacto que participan en el envío de narcóticos a Estados Unidos: de la lista de 120 pandillas que yo elaboré, no menos de 60 trabajan en la exportación de drogas a la Unión Americana.
En ese tenor, Estados Unidos tendría que dar de alta como FTO a unas 72 organizaciones criminales mexicanas. Si solo se va por CJNG y Sinaloa, será un error garrafal.
Así, técnica y numéricamente hablando, sí es viable que Estados Unidos genere 72 casos de igual número de grupos criminales mexicanos que envían narcóticos a ese país. Lo desafiante viene por el número de personajes involucrados.
De acuerdo a las estimaciones que he desarrollado, en todo el país operan alrededor de 2 millones de delincuentes del fuero común.
El Banco Mundial estima que el 67 por ciento de la población en el país, tiene entre 15 y 64 años de edad. Si hay 126 millones de habitantes, el 67 por ciento son 84 millones 420 mil personas. Si esto es así, el total de delincuentes del fuero común en México, respecto al total de personas que tienen entre 15 y 64 años de edad, es el 2.37 por ciento.
Y deberá considerarse a quienes operan para la delincuencia organizada en todas sus actividades, alrededor de 824 mil personas. Esta multitud es la que trabaja para todos los cárteles, clanes y pandillas de alto impacto. Una cifra conservadora y redondeada sería de unos 2 millones 824 mil criminales de tiempo completo en México.
Empero, el impacto de 824 mil integrantes de la delincuencia organizada colisiona en lo familiar. Siendo conservadores, si se considera una sola familia por cada persona y compuesta por 4 individuos (padre, madre, hijos…), ahora mismo podrían vivir de estas actividades, al menos 4 millones 945 mil 764 personas, no como delincuentes sino como integrantes de una familia de éstos.
Según el INEGI, al cierre de 2020, el personal adscrito a las instituciones de seguridad pública de las entidades federativas fue de 225 mil 544 individuos, que, contra 824 mil 294 integrantes de la delincuencia organizada no parece hacer mucho sentido de la misma manera que luce poco probable el que los policías venzan a 2 millones 800 mil criminales.
Según la SEDENA, en 2022 tenía 214 mil 157 integrantes y si se sumaran los 81 mil 947 elementos de la Marina Armada y los 104 mil 496 efectivos de la Guardia Nacional, se llegaría a un gran total de 625 mil 600 elementos, incluyendo los 225 mil 544 policías que contabilizó el INEGI. Así, por cada elemento del Estado habría, 4.47 delincuentes en la calle.
Todo lo anterior va por lo siguiente: si México quiere desmantelar organizaciones criminales de alto impacto, tiene 824 mil delincuentes al menos, que debe detener. Y si Estados Unidos quiere eliminar a los que preparan los narcóticos que allá consumen, al menos una tercera parte de esa cifra es su meta, unos 275 mil individuos.
Este cálculo señala que si Estados Unidos envía fuerzas especiales a México a eliminar cárteles, es un hecho que perderá de calle, porque esos 275 mil individuos operan en todo el país, no en oficinas o instalaciones específicas.
Imagine el costo para Estados Unidos, en términos de imagen internacional, de ver drones no tripulados bombardeando zonas donde habitan delincuentes de alto impacto en México. Y que por ahí muriera un menor de edad que no tuviera nada que ver en el asunto.
O que un miembro de las fuerzas especiales estadounidenses matara a una mujer en algún operativo para neutralizar criminales mexicanos en Sinaloa. O que ocurriera lo mismo en donde hay laboratorios de fentanilo del Cártel de Sinaloa, digamos en Yucatán o Puebla. Si un gobernador apoya al crimen organizado, ¿lo extraerán para llevarlo a juicio?
Y qué decir si aparecen unas cabezas de Seals, acomodadas afuera de un Consulado con su respectiva narcomanta, burlándose de que intentaron ir por tal o cual delincuente de alto impacto.
Apunto tales ejemplos porque se supone que la meta estadounidense es arrasar con los cárteles mexicanos y de manera específica, asegurarse que el fentanilo no llegue a su país.
Por supuesto, si se trata solo de cazar a líderes delictivos, es un hecho que podrán capturar o eliminar a unos cuantos, pero los demás se encargarán de jugar al tiro al blanco con los siguientes visitantes de la Unión Americana. Vietnam en versión mexicana.
Por cierto, ¿de dónde saldrá la información de inteligencia? ¿qué tan confiable será? Y, ¿cuántos mexicanos estarán dispuestos a torcer datos para que se equivoquen los estadounidenses? El nacionalismo une odios.
Así, ¿Estados Unidos puede venir a patear traseros criminales a México? Seguro que puede y tiene con qué. Pero perderá horrendamente. Por lo tanto, el vecino país atacará a los grupos criminales, inmovilizando sus activos en aquella nación y de vez en vez, enviará militares por algún pez gordo a México, algo que pueda contar como historia de éxito. No más.
La decisión será de Estados Unidos y de nadie más. Si la doctora no puede con el pleito de Adán Augusto y Ricardo Monreal, menos va a poder modificar el rumbo de lo que quiere el gobierno de los Estados Unidos. Las mañaneras no hacen eco en el Pentágono ni en Langley.
