Aunque el delito fue comprobado, el juez concluyó que no había pruebas suficientes para declarar culpable al acusado, según explicó la abogada de las víctimas, Valeria Martínez Mondragón.
Diego N enfrentaba cargos por alterar imágenes íntimas y comercializarlas sin autorización, pero la sentencia absolutoria generó un fuerte rechazo entre las víctimas y colectivos feministas. Las estudiantes buscan apelar esta decisión para demostrar la responsabilidad del acusado, quien permanece en prisión en el Reclusorio Oriente debido a otros procesos legales.
Colectivos como la Asamblea Colectiva de Justicia Digital del IPN criticaron duramente al juez, calificando el fallo como un acto de “complicidad”. En un pronunciamiento público, lamentaron la oportunidad perdida de establecer un precedente en la lucha contra la violencia digital:
“Este juez tuvo en sus manos la posibilidad de enviar un mensaje contundente a quienes lucran con la dignidad de las mujeres, pero eligió cerrar los ojos. Hoy se convierte en cómplice”, afirmaron entre lágrimas.
Este caso se sustenta en la Ley Olimpia, una reforma legal que protege a las mujeres contra la violencia digital. La activista Olimpia Coral Melo, promotora de esta ley, ha acompañado a las víctimas en su búsqueda de justicia.
Más de un año en busca de justiciaEl proceso legal inició tras descubrirse que Diego N almacenaba y distribuía más de 160 mil imágenes y 2 mil videos manipulados con inteligencia artificial, además de fotografías reales de compañeras del IPN. En octubre de 2023, estudiantes de Mercadotecnia Digital detectaron estas prácticas y denunciaron al agresor ante las autoridades de la ESCA Santo Tomás, quienes aseguraron su dispositivo con el material.
Aunque fue detenido en flagrancia, el Ministerio Público lo dejó en libertad tras 48 horas. Ante esto, las víctimas buscaron el apoyo de colectivas feministas y lograron su reaprehensión en octubre de 2023, tras ser expulsado del IPN.
El juicio oral comenzó en noviembre de 2023, con audiencias semanales en el Reclusorio Oriente. A pesar de que la abogada de las víctimas solicitó que las sesiones fueran públicas, se les negó el acceso a medios de comunicación. Paralelamente, colectivos organizaron actividades de protesta, como un festival musical a las afueras del reclusorio.
Además de las dos carpetas acumuladas en este juicio, Diego N enfrenta otras seis investigaciones por violencia digital y una más por almacenamiento de material sexual de menores de edad. Una nueva audiencia intermedia está programada para el 9 de diciembre.
Este caso refleja las dificultades de las víctimas de violencia digital para acceder a la justicia en México. Colectivos, activistas y estudiantes continúan luchando para que el caso no quede en la impunidad y se sienten precedentes que protejan a las mujeres frente a los abusos digitales y tecnológicos. N
Con información de Animal Político.
