Cada 30 de noviembre, desde 1988, se celebra el Día Internacional de la Seguridad de la Información, una fecha que conmemora el primer malware autorreplicable conocido como “The Morris Worm”. Este acontecimiento marcó un hito en la historia de la ciberseguridad y sentó las bases para la evolución de las amenazas digitales que enfrentamos en la actualidad. En este contexto, el Instituto Cornell Tech desarrolló una réplica, llamada “Morris II”, que destaca las vulnerabilidades de las plataformas de inteligencia artificial, como ChatGPT, de OpenAI, y Gemini, de Google.
Esta nueva generación de malware “controlado” plantea desafíos significativos, no solo desde una perspectiva técnica, sino también en el ámbito académico y profesional. Uno de los sectores más controvertidos en este contexto es el sistema judicial, donde garantizar una justicia imparcial y libre de sesgos es crucial. Además, la creciente digitalización de los procesos judiciales ha resaltado la necesidad de establecer mecanismos que aseguren la identidad y la autenticidad de las partes involucradas en estos procesos.
En México, un punto clave en este debate es la expedición del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que en su Libro Octavo aborda específicamente la justicia digital.
Este marco normativo representará un reto para los poderes judiciales del país, una vez que sea realizada su declaratoria de vigencia en cada entidad federativa, toda vez que deberán migrar procedimientos presenciales a procedimientos en línea.
Este cambio exige no solo una actualización técnica de las plataformas utilizadas, sino también una preparación adecuada de los profesionales del derecho para utilizar de manera segura y ética herramientas digitales y tecnologías emergentes, incluida la inteligencia artificial generativa (AIG), para garantizar una justicia digital equitativa y segura.
El uso de la IA en el sistema judicial ofrece numerosas ventajas, como la aceleración de procesos y la mejora en la administración de justicia. Sin embargo, su implementación irregular puede generar problemas de imparcialidad y transparencia en las decisiones judiciales.
La preocupación por el sesgo algorítmico es real, ya que los sistemas de IA pueden perpetuar injusticias si no se diseñan y supervisan adecuadamente. Un ejemplo alarmante ocurrió en junio de 2023, cuando un juez de Nueva York sancionó a un despacho de abogados por citar casos falsos generados por ChatGPT sin verificar su veracidad. Este incidente subraya la facilidad con la que se pueden cometer errores en la era digital.
Es fundamental que tanto los profesionales del derecho como las instituciones judiciales comprendan en qué punto de la transformación digital se encuentran y hacia dónde desean avanzar. No se trata únicamente de adoptar tecnologías por el deseo de estar a la vanguardia; hay que hacerlo de manera estratégica, con un enfoque claro en la protección de los derechos fundamentales y la justicia. La capacitación continua y la concientización sobre el uso responsable de estas herramientas son esenciales para mitigar riesgos.
Aprovechando la evolución tecnológica, en países como Colombia y Costa Rica se han llevado a cabo pruebas piloto en las que se celebran audiencias judiciales utilizando plataformas inmersivas en el metaverso. Esta innovación no solo mejora la accesibilidad y reduce costos, sino que también presenta nuevos desafíos en términos de verificación de identidad.
Para evitar riesgos de suplantación de identidad, es imperativo desarrollar tecnologías de identidades digitales confiables que garanticen la autenticidad de los participantes en un proceso judicial.
Una de las herramientas clave en la justicia digital es la firma electrónica, que permite autenticar la identidad de una persona de manera legalmente válida en entornos digitales. La firma electrónica asegura que los documentos firmados en línea tengan la misma validez jurídica que aquellos firmados de forma física. Su implementación conjunta con mecanismos de validación de identidad y prueba de vida es fundamental para facilitar la confianza en el uso de tecnologías digitales en el sistema judicial.
A medida que el sistema judicial avanza hacia la era digital, es esencial establecer un marco claro que garantice la seguridad, la transparencia y la justicia. La colaboración entre los sectores público y privado, así como la educación y la sensibilización de todos los actores involucrados, serán claves para enfrentar estos desafíos.
Los organismos judiciales deben invertir en la capacitación de su personal y en la implementación de tecnologías que no solo sean innovadoras, sino que también aseguren la integridad del proceso judicial.
La implementación de protocolos de seguridad robustos y la utilización de tecnologías de cifrado son pasos necesarios para asegurar que la información se maneje de manera segura, además de fomentar una cultura de ciberseguridad dentro de las instituciones judiciales, donde haya un compromiso continuo con la mejora de los procesos y el uso ético de la tecnología. N
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Alicia Trejo es gerente ciberlegal en IQSEC. Los puntos de vista expresados en este artículo son responsabilidad de la autora.
