Tijuana, BC, 2 de febrero 2024.- Como parte de un ataque sistemático al Poder judicial Federal es como calificó el presidente de la Barra Mexicana de Abogados en Baja California (BMA) , Leonardo Abarca Jimenez, la propuesta de juicio político en contra del Juez Crecencio Contreras Martínez solicitada por la Secretaría de Gobernación.
“Desde nuestra óptica nos parece que seguimos viendo ataques sistemáticos por parte del ejecutivo hacia la autonomía del Poder Judicial Federal, recordemos que éste tiene que ser independiente y autónomo y debe realizar su importante función sin injerencias de ninguno de los otros dos poderes, no obstante, hemos visto a lo largo del sexenio intromisión tras intromisión; y ataques permanentes al Poder Judicial y sin duda esta acción sin análisis suficiente responde a ese comportamiento por parte del ejecutivo federal”, mencionó
Enfatizó en que para que sea procedente un juicio político tiene que haber causales específicas que se encuentran contenidas en el artículo 7 de la ley de responsabilidad de los servidores públicos, Y las resoluciones que el juez ha emitido no encuadra en ninguna de las fracciones contenidas en dicho artículo, por ende, un juicio político no debería proceder.
“El argumento del presidente que instruyó a Luisa Maria Alcalde fue porque aparentemente este juez ha tenido resoluciones favorables a ciertos grupos criminales que operan en el Estado de Tamaulipas, temas de migración en el secuestro de migrantes etc. Lo que no se está analizando al presentar esta denuncia y petición de juicio político es qué tan bien están integradas las carpetas de investigación que presentó la fiscalia” no olvidemos que los jueces resuelven única y exclusivamente con la información y elementos probatorios contenidos en las carpetas de investigación, expresó
“Yo creo que claramente el tema es que parece superficial el análisis que se hace porque no se está tomando en consideración como están integradas las carpetas, es decir, en base a qué el juez tiene que resolver, para nosotros el sentido de esta solicitud es más bien uno más de los ataques al poder judicial, concluyó el especialista. N
