La Barra Mexicana Colegio de Abogados, exhortó al gobernador Jaime Bonilla para que reconozca la protección que la Constitución otorga a la propiedad privada y valore costos y beneficios en las finanzas públicas de los bajacalifornianos.
De acuerdo al comunicado del organismo, la indemnización a los propietarios del club Campestre afectaría el capital económico del estado.
Dijeron que si dicha expropiación se utiliza como un medio para el cobro de contribuciones, regularización de predios o un instrumento de justicia social, se distorsiona su naturaleza jurídica.
Explicaron que debe utilizarse única y exclusivamente para los fines expresados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El Colegio de Abogados explicó que la expropiación es un acto administrativo que afecta el derecho a la propiedad privada, se debe de cumplir de manera objetiva y formal sus requisitos básicos de motivación, fundamentación, procedencia, utilidad pública y se debe hacer mediante una indemnización.
El colegio ve con preocupación la “declaratoria de utilidad pública” de los terrenos del Club Campestre en Tijuana, publicado el 13 de abril, en el periodico oficial, esto como parte del proceso para expropiar 50 hectáreas y convertirlas en un parque público al que llaman “Complejo interactivo Campestre”.
Estos requisitos constituyen garantías de protección a los derechos de propiedad privada y de legalidad, y se encuentran en los artículos 16 y 27 de la Constitución Federal y 21.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, dijo que el pago de expropiación lo estimó en $1, 200 millones de pesos, de acuerdo con los datos catastrales y el valor que se tiene declarado del inmueble.
Mencionó que el monto “sería pagaderos en dos años y se pagará cuando sea necesario, cuando sea el momento adecuado, a quien resulte responsables como el titular reconocido por los tribunales”.
Socios del Club Campestre dijeron que el pago que les corresponde es de aproximadamente $1,500 millones de pesos, el representante legal del Club, Adolfo Solís, mencionó que el gobierno se ha negado a pagar y al día de hoy no han recibido información sobre esta.
