LIMA.— La Fiscalía de Perú presentó su acusación formal contra el expresidente Pedro Castillo por el fallido golpe de Estado que quiso ejecutar el 7 de diciembre del 2022.
Tras más de un año de investigación preparatoria solicitó que se le imponga 34 años de cárcel por haber cometido los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y perturbación a la tranquilidad pública.
Actualmente, Castillo cumple 18 meses de prisión preventiva en un penal de Lima por tratar de cerrar el Congreso, el Poder Judicial, el Ministerio Público y otras instituciones del Estado, ante la eventual vacancia de su cargo por presuntos actos de corrupción. Precisamente, el maestro de izquierdas también recibió 36 meses adicionales de encarcelamiento por irregularidades que hubo en el Ministerio de Vivienda.
El expediente del expresidente Pedro Castillo ya se remitió a un juzgado que deberá verificar si se cuentan con todos los elementos necesarios para que se pase a juicio oral. En esta etapa, él tendrá que defenderse de las serias imputaciones en su contra.
“Era completamente previsible que la politizada Fiscalía, que hasta hace poco era dirigida por una presunta líder de una organización criminal, llegara a este extremo. La misma organización que ilegalmente orquestó mi detención y que ahora inventa delitos para pretender sentenciarnos condenatoriamente”, escribió el exmandatario en su cuenta de X (antes Twitter) tras conocer el pedido de la Fiscalía.
Los conspiradores que llevaron a cabo el golpe de estado contra mi gobierno, deteniéndome y vacándome de manera inconstitucional el 7 de diciembre de 2022, hoy celebran y festejan tras el anuncio de su socio político, el Ministerio Público, sobre su acusación fiscal en mi contra…
— Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) January 15, 2024
Sin embargo, Pedro Castillo no es el único involucrado en este caso. Aparte del expresidente peruano, exministros de su gobierno también están comprendidos en la indagación de la Fiscalía.
Los casos de los ex primeros ministros Aníbal Torres y Betssy Chávez resultaron particulares porque ellos habrían ayudado a Castillo a redactar el mensaje que anunciaba el golpe de Estado sin que se tuviera el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Contra Torres y Chávez hay también pedidos de 15 y 25 años de prisión, respectivamente, por el delito de rebelión.
De otro lado se involucra a los exministros del Interior y Comercio Exterior, Willy Huerta y Roberto Sánchez, quienes también estuvieron en la sede del Ejecutivo mientras Castillo anunciaba un quiebre institucional en Perú. Para ellos se ha requerido que reciban 25 años de cárcel por el delito de rebelión.
Antes de que se formalice la acusación por el golpe de Estado, la defensa legal de Pedro Castillo buscó en reiteradas ocasiones que el expresidente salga de la cárcel alegando que no se le destituyó correctamente en el Parlamento. Además, recurrió a revisiones del tiempo de prisión.
Sin embargo, los fallos judiciales se dieron en contra de Castillo. Debido a esta situación un último recurso fue acudir al Tribunal Constitucional peruano en diciembre del 2023 para que se deje sin efecto su reclusión en un penal. Hasta el momento, no hay un fallo sobre el asunto.
Castillo también es investigado por los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en noviembre del 2022, por un presunto encubrimiento para no atrapar a los prófugos de su gobierno como su exministro de Transportes, Juan Silva, y su sobrino Fray Vásquez, y el supuesto plagio en su tesis de maestría. N
