Han pasado dos años desde que más de 1,400 personas resultaron heridas en distintas regiones de Perú por balas, perdigones y gas lacrimógeno disparados por la policía y el ejército durante las protestas en diferentes regiones del país entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. Esta es la historia de cuatro de las personas supervivientes de estas protestas, y de cómo las autoridades no han garantizado su salud y recuperación.
Diego nunca pensó que tendría que vivir con más de cien balines de perdigones por todo su cuerpo.
“Antes de quedar herido, lo que amaba hacer era esforzarme para mi lote de tierra. Mi meta era tener mi propia casa… quería tener el cultivo de los frutales, los cítricos y arroz. Un 9 de enero en la ciudad de Juliaca fue truncada mi vida”.
Diego Quispe Livisi tiene 35 años y es agricultor y trabajador minero de la provincia de Azángaro, a una hora de la ciudad de Juliaca, en el sur de Perú. El 9 de enero de 2023 caminaba cerca del aeropuerto de Juliaca buscando un medio de transporte cuando la policía le disparó. Ese mismo día 18 personas fallecieron como resultado del uso ilegítimo, excesivo e innecesario de la fuerza por la Policía Nacional de Perú, siendo el día más mortífero de la represión.
El 10 de diciembre de 2022, el hueso de la pierna izquierda de Teófilo Ramírez Ortega, de 54 años y padre de cinco hijos, quedó perforado por una bala que lo rompió en tres pedazos.
“Antes de quedar herido yo amaba trabajar. Trabajaba en la chacra (cosecha), en construcción, en transporte, en todo”.
Policías le dispararon a Teófilo cuando caminaba por el centro de la ciudad de Andahuaylas mientras trabajaba de transportista de motocarga. Tras estar más de un año postrado en cama, apenas ha recuperado un poco de movilidad.
“Para mí hubiera sido mejor estar en una cárcel que en un cuarto encerrado por tanto tiempo”, relata. “Ni dormía. Tanto dolor tenía que gritaba a cada rato”.
Reyder Hinostroza, taxista de 27 años, fue herido por una bala en la pierna derecha cuando corría para ayudar a otro herido la noche del 15 de diciembre de 2022, fecha que será recordada por el uso indiscriminado de la fuerza letal por parte del ejército contra manifestantes y transeúntes desarmados en la ciudad de Ayacucho, que terminó con un saldo de diez personas fallecidas en un día.
El trabajo de Reyder como taxista se ha visto afectado y no puede trabajar tantas horas como antes. Aunque ha dejado de usar muletas, aún cojea. Todo ello ha afectado su capacidad para mantener a sus abuelos, que solo cuentan con su ingreso y su apoyo para su subsistencia.
Luzmila tiene 46 años y su lengua materna es el quechua. El 7 de enero 2023 recibió un disparo en el tobillo por parte de policías que estaban a cuatro calles de distancia mientras ella se disponía a cruzar, junto a su hija y su nieta de cinco años, una avenida cerca del aeropuerto de Juliaca.
Antes de los hechos trabajaba como cocinera en su restaurante. “Ahora me duele mucho, no sirvo para nada. Me ha afectado la presión y tengo ansiedad, diabetes, obesidad. Yo no tenía esas condiciones antes”.
“El hueso ha sanado, pero parece que los nervios no sanan. Aquí en Juliaca no hay especialistas sobre nervios. Tendría que ir a Lima para eso”. Se le salen lágrimas mientras habla de la lentitud de su recuperación. “Mi familia está triste de que no estoy mejor”.
Diego, Teófilo, Reyder y Luzmila comentan que la atención médica que han recibido durante estos dos años ha sido inadecuada, discriminatoria, costosa y a veces humillante.
Para Diego, la atención médica que recibió de servicios públicos en Perú fue tan deficiente que se vio obligado a viajar a Bolivia para conseguirla. Los médicos le informaron que los perdigones que tiene dentro del cuerpo son de metal con ranuras, lo cual complica una intervención quirúrgica.
“Por eso a mí me toca seguir viviendo con esto hasta el último día que Dios me da la vida, no hay de otra. Seguir luchando así”. Diego tiene balines de perdigones en los brazos, mano, piernas, pantorrillas y glúteos.
Sus síntomas incluyen mucha sensibilidad frente al calor: “Los objetos (perdigones) hacen que mi cuerpo sea como un termo solar, y sube la temperatura”. Esta situación ha afectado su sueño, y le causa dolor constante, pues el metal en su cuerpo cortó nervios y tejidos. “A veces yo sonrío por fuera, pero por dentro me encuentro destrozado”, dice.
Unos meses después de los hechos, llegó al hospital público de su provincia con una crisis de dolor y asegura que el personal de salud desestimó y minimizó su dolor. Además, un técnico del hospital le dijo que no atendían “los casos del 9 enero [de las protestas]”, y en cambio, Diego observó cómo ese mismo día llegó un chico lastimado por jugar deporte y lo atendieron, pero a él lo ignoraron.
Tal como a Diego lo trataron con desprecio en el hospital público de Azángaro, Teófilo también asegura que, en diciembre de 2022, el trato del personal del sistema de salud pública en Andahuaylas fue humillante e intentaban culparle por lo que le había pasado con frases y preguntas como “tú fuiste del paro [protesta]” o “qué hiciste para que te hicieran eso”.
Con sesiones de fisioterapia constantes, su movilidad podría mejorar. Pero no le alcanza el dinero para cubrir esas sesiones, y las que le ofrecen en el hospital público de Andahuaylas son escasas y poco frecuentes.
A pesar de reconocer que vive con trauma, no le han ofrecido a Teófilo un acompañamiento psicológico. “Sería un alivio para mí tener ese tipo de atención, pero no me ha llegado”.
Esta es la situación para muchas personas sobrevivientes, quienes no han tenido un acompañamiento integral que atienda su salud mental. Han batallado para salir adelante, muchas veces afectando su economía personal y familiar.
Este punto cobra aún más relevancia tomando en cuenta que, en una investigación reciente sobre el sistema de salud de Perú, Amnistía Internacional encontró que existe una tendencia a que las personas que cuentan con seguros públicos se atiendan en el sector privado, gastando de su bolsillo, lo cual tiene un efecto en la disponibilidad y accesibilidad equitativa a los servicios de salud.
Frente a la indignación internacional y nacional por la represión en el país, autoridades de Perú establecieron una Comisión temporal que durante varios meses en 2023 recopiló una lista de personas beneficiarias para recibir apoyo económico.
Según una respuesta a una solicitud de información pública de Amnistía Internacional, el Estado desembolsó un total de 7 millones de soles (aproximadamente 1.99 millones de dólares) para otorgar pagos, de manera excepcional y por única vez, a 155 personas heridas de gravedad y 111 deudos de personas fallecidas.
Aunque los pagos que recibieron las personas heridas fueron importantes para apoyar a su recuperación, las personas sobrevivientes comentaron a Amnistía Internacional que sus necesidades rebasaron por mucho lo que el Estado ha podido brindar, ya que no solo fueron afectadas físicamente, sino que también sus proyectos de vida han quedado truncados, afectando sus derechos a la educación, vivienda, trabajo y otros.
Ello se aúna a que muchas de las personas sobrevivientes de la represión provienen de entornos marginados en áreas rurales que carecen de servicios integrales del Estado. En lugar de haber quedado como algo temporal, la Comisión que se formó para apoyar a las personas víctimas tendría que convertirse en un programa integral de reparaciones administrativas, tomando como ejemplo el plan de reparaciones que se estableció para las víctimas de la violencia ocurrida durante el conflicto armado interno de los años 1980 y 1990 en el país.
A pesar de la frustración y los obstáculos, las personas sobrevivientes del ataque en Perú han encontrado maneras de organizarse, formando asociaciones de víctimas tanto en sus regiones como a nivel nacional. Como cuenta Teófilo: “La unión hace la fuerza. No somos animales, y nos trataron como eso, pero no lo somos. Somos andinos quechuahablantes”.
La lucha de estas asociaciones es una misma, que capta Diego con sus palabras: “No nos vamos a rendir, vamos a ver quién fue responsable de estos hechos, porque realmente quiero saber. Lo que más me da aliento es alcanzar justicia”.
Este sentir es compartido por Reyder: “Ya no soy la misma persona, pero siempre lucharé”. Y en palabras de Luzmila: “Sí quedé herida, pero nunca me pueden arrancar la vida. Voy a seguir adelante por mi familia”.
El Estado debe responder al legítimo pedido de las víctimas de llevar ante la justicia a los sospechosos de ser responsables de las graves violaciones de derechos humanos hasta el más alto nivel, y ofrecer un programa integral de reparación administrativa que incluya todos los gastos en salud de las personas víctimas y sobrevivientes. N
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Este artículo forma parte de la campaña de Amnistía Internacional por el acceso a la justicia de las víctimas de la represión de las protestas en Perú. Solidarízate con ellas firmando esta petición.
