Florentina Loayza fue esterilizada a la fuerza cuando tenía 19 años, un bebé de meses y apenas hablaba español. Tres décadas después, esta mujer indígena, junto a miles de peruanas, clama justicia por una práctica oficial y “sistemática” denunciada por las Naciones Unidas (ONU): las esterilizaciones forzadas.
El país se encontraba sumido en un fuego cruzado entre el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), fallecido en septiembre de 2024 tras ser indultado al cumplir 16 de los 25 años de su condena a prisión por violaciones de derechos humanos, y las sanguinarias guerrillas de ultraizquierda.
Mientras tanto, en varios puntos de Perú, mujeres sin recursos ni estudios, muchas de ellas indígenas quechuas, eran esterilizadas sin su consentimiento. Fue una práctica “sistemática” que vulneró a unas 300,000 mujeres; una “forma de violencia de género que constituye un delito de lesa humanidad”, denunció en octubre el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas, que llamó a Perú a indemnizar y reparar a las víctimas.
Más que un programa de planificación familiar se quiso impedir que “las mujeres más pobres se reproduzcan”, explica Leticia Bonifaz, quien fue parte de esa comisión hasta 2024. Se trata del mayor caso de esterilizaciones forzosas documentado en América Latina, afirmó Bonifaz.
A los 46 años Florentina Loayza es activista de su propia causa. Rara vez sonríe. Lleva sombrero y un estampado en una camiseta blanca que pide su clamor por justicia.
Acompañada de un puñado de mujeres, se plantó en enero de 2025 frente a la sede del Ministerio de Justicia, en Lima, para exigir “reparaciones integrales ahora”.
En 1997 vivía en una comunidad rural a 3,500 metros de altura, en la región de Huancavelica, en el sureste de Perú. Hacía menos de un año que había dado a luz a su primer hijo, cuando aceptó ir al centro de salud a recoger “víveres” ofrecidos por personal estatal.
Recuerda que junto con otras indígenas las apiñaron como “carneros” en un camión. Al llegar “nos agarraron las enfermeras y a la camilla. Nos pusieron un suero y no me acuerdo más”. Cuando despertó, con una herida, le informaron que la operaron “para no tener hijos”.
Ni su comunidad ni su pareja le creyeron que fue contra su voluntad. Le dijeron que se había esterilizado “por querer estar con varios hombres”. Su esposo la abandonó y ella tuvo que migrar a Lima, donde sobrevive limpiando casas. Hoy, asegura, sufre de intensos dolores en el vientre.
Fujimori siempre tildó de “falsas” las acusaciones. En un fallo de 2023, la justicia peruana reconoció que las “esterilizaciones involuntarias fueron una política pública”.
Asimismo, ordenó al Estado indemnizar a las víctimas de esterilizaciones forzadas y garantizar su acceso a la salud, en una sentencia que aún no es acatada. Más de 7,000 mujeres están inscritas hasta ahora en el registro estatal que identifica a las víctimas. Según la fiscalía, todavía no hay condenados y solo 3,000 casos están en investigación preliminar.
“Me han truncado la vida. De cara se nos ve bien, pero interiormente nos estamos secando “, se lamenta Florentina. Además de una indemnización, solicita que el Estado peruano atienda su salud.
En la casa que comparte con sus cuatro hijos, a las afueras de Lima, María Elena Carbajal enseña la única foto que guarda de su último embarazo antes de que fuera esterilizada a los 26 años.
Dio a luz en un hospital público de la ciudad. Según su testimonio, los médicos le dijeron que si quería ver a su bebé debía someterse a una “ligadura de trompas”, porque le reprocharon que “tenía muchos hijos”. Aterrorizada, accedió.
Encorvada de dolor, y aún en el sanatorio, con el recién nacido en brazos, le contó a su marido. Tampoco le creyó cuando le aseguró que había sido contra su voluntad: “Me sentía culpable de lo que había pasado; de que mi esposo me había dejado”.
Siguió sola con sus cuatro hijos. Al igual que Florentina, sobrevivió limpiando casas. Años después debió tratarse de un déficit hormonal ocasionado por la esterilización.
Además de la visible, “está la cicatriz interna”, la del “abandono de nuestras familias” por las esterilizaciones forzadas. A los 55 años, dirige una organización de mujeres víctimas de la “política pública”. En 2021, mientras realizaba un plantón de protesta, fue agredida por un grupo de ultraderecha afín al fujimorismo identificado por el Poder Judicial.
Desde entonces arrastra una dolorosa lesión de columna por la que espera hace dos años ser operada. “Este silencio empieza por el Estado, que nunca ha pedido perdón a estas mujeres”, señala María Esther Mogollón, asesora de una organización que reúne a 3,000 víctimas a nivel nacional. N
(Con información de AFP)
