La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) obtuvo una suspensión provisional contra la cancelación de los 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF), informaron medios nacionales este miércoles 8 de noviembre.
La jueza del Noveno Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México otorgó dicha suspensión, que impide hacer uso de los más de 15,000 millones de pesos que se había acordado destinar a la reconstrucción de Acapulco.
Empero, el gobierno federal tiene la posibilidad de impugnar el fallo. De hacerlo, el caso se turnará a un tribunal colegiado que resolverá “si confirma, modifica o revoca el resolutivo de primera instancia”, informó La Jornada. En tanto, la jueza programó una audiencia incidental para el próximo 14 de noviembre, ahí resolverá si le concede a los juzgadores federales la suspensión definitiva.
El Senado de la República aprobó el martes 24 de octubre, en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto por el que se eliminan 13 de los 14 fideicomisos del PJF. En lo general, el dictamen que reforma el artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se aprobó con 68 votos a favor y 48 en contra. En lo particular recibió 67 votos en favor y 49 en contra.
La semana pasada, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, propuso que el dinero de los fideicomisos fuera dirigidos hacia la Tesorería de la Federación para que el Poder Ejecutivo los destinara a Guerrero.
“¿Qué les propongo a los integrantes del Poder Judicial? Un acuerdo, que se destinen los 15,000 millones apoyar a los damnificados de Acapulco y que ellos formen parte del comité que va a vigilar la aplicación de los fondos para que le llegue a la gente de Acapulco”, sugirió el mandatario durante su conferencia matutina.
Ese mismo día, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, aceptó la propuesta del presidente. “La propuesta que se hace desde el Poder Ejecutivo al Poder Judicial representa una alternativa real que nos permitirá actuar como Estado, en defensa de su población.
“Trabajaremos en conjunto por la recuperación de las personas más afectadas, para devolverles el derecho al futuro que les fue suspendido y buscar asegurarles, en el menor tiempo posible, condiciones de igualdad para continuar con su proyecto de vida”, dijo Piña.
Mientras tanto, dos semanas después del golpe del huracán Otis, la ciudad de Acapulco, una de las perlas turísticas de México, intenta recuperar la normalidad entre escombros, gente buscando a desaparecidos y sus comercios y bares costeros reabriendo a cuentagotas.
Algunos bañistas toman el sol cerca de unas viviendas residenciales con las ventanas destruidas por los vientos de 270 km/h que barrieron este puerto del estado de Guerrero la madrugada del 25 de octubre pasado.
Desde la tradicional bahía del balneario hasta la moderna Punta Diamante hay construcciones devastadas por la fuerza de Otis, como la residencia Marena, de 27 pisos y construida en 2009, cuyos departamentos con vista al mar valían previamente más de un millón de dólares.
Al pie de la estructura edilicia, en medio de láminas de acero retorcidas, se apilan colchones y cojines que fueron arrojados a la playa desde apartamentos arrasados. Varios sectores continúan sin electricidad.
En la bahía, entre yates y embarcaciones destruidas, una decena de buzos militares sigue buscando cuerpos de desaparecidos, que se estiman en 32 además de las 48 personas fallecidas, según las últimas cifras oficiales.
A pesar de que la Comisión Federal de Electricidad ha trabajado desde el primer día, una parte de Acapulco sigue sumida en la oscuridad al caer la noche, como la calle Campeche, donde los vecinos bloquean el paso con maderas, hierros y láminas de metal o aluminio por seguridad.
Por ahora, toda ayuda a Acapulco es necesaria, de no suspender definitivamente la cancelación de los fideicomisos, el gobierno podrá destinarlos a esa región. N
