Telegram dice que puede darle al gobierno poder de “censura”; Google afirma que aumentaría “la confusión sobre lo que es verdad o mentira“. ¿En qué consiste el proyecto de ley en Brasil para regular las plataformas de redes sociales y por qué genera tanta polémica?
El proyecto de Ley 2630/2020 se presentó hace tres años en el Senado para lidiar con la avalancha de desinformación en línea. Sin embargo, se estancó en la Cámara baja.
Se discutió nuevamente después de que partidarios del expresidente de extrema derecha, Jair Bolsonaro, invadieran el 8 de enero las sedes de los tres poderes del Estado en Brasilia. Esto supuestamente incitados por desinformación en las redes sociales que afirmaba que el mandatario había perdido la reelección de manera fraudulenta ante el el izquierdista Lula da Silva, que acaba de asumir el poder.
Los ataques recientes en escuelas brasileñas, que dejaron varios niños y profesores muertos, también atizaron el debate sobre cómo combatir contenidos extremistas que proliferan en las redes sociales.
El proyecto cuenta con apoyo del gobierno, parte del Poder Judicial y la coalición de organizaciones de la sociedad civil Direitos na Rede. Pero genera resistencias entre las empresas de tecnología, diputados evangélicos y bolsonaristas. La Cámara de Diputados aplazó sin fecha su votación prevista a principios de mayo. De ser aprobado, el texto será analizado nuevamente por el Senado.
Actualmente, las empresas moderan el contenido según sus políticas internas (términos de uso), y también actúan cuando existe una orden judicial. El Marco Civil de Internet, ley brasileña que regula la web desde 2014, establece que las empresas no son responsables civilmente por el contenido que se publica por terceros. Salvo cuando incumplan una orden judicial de remover o cuando sean imágenes de desnudez divulgadas sin consentimiento de la víctima.
El proyecto de ley propone cambios. El texto obliga a las plataformas a aumentar su transparencia y adoptar mecanismos para combatir los contenidos ilegales sobre siete asuntos: ataques contra el Estado de derecho democrático y las elecciones, los niños y adolescentes, la salud pública y los que configuren violencia contra la mujer, racismo, terrorismo, e incitación al suicidio y a la automutilación.
Esto se aplicaría a las plataformas de redes sociales, de búsqueda o de mensajería instantánea que tengan más de 10 millones de usuarios mensuales en Brasil, como Telegram y Google.
“No se les exigirá que moderen (que restrinjan, borren o rotulen) todos esos contenidos, sino que demuestren que están haciendo esfuerzos suficientes para quitarlos de circulación”, explica a la AFP Pablo Ortellado, profesor de políticas públicas de la Universidad de Sao Paulo (USP).
Por ejemplo, con informes semestrales donde detallen “cuántos contenidos removieron, qué equipos reunieron y qué programas diseñaron para combatir esos contenidos”, y con la contratación de una auditoría externa, agrega.
El proyecto también establece que las plataformas pueden responder judicialmente por contenidos ilegales que se publiquen por los usuarios. Este hecho. en caso de que sean impulsados como propaganda paga. Las sanciones van desde advertencias, multas de hasta 10 por ciento de su facturación, o la suspensión temporaria de los servicios.
Telegram envió esta semana a todos sus usuarios un mensaje en el que advertía que la “democracia está bajo ataque” en Brasil. Criticó que el proyecto “permite que el gobierno limite lo que puede ser dicho en línea al obligar a las aplicaciones a remover proactivamente hechos u opiniones que considera ‘inaceptables'”.
Google, por su parte, afirmó que la propuesta “trae serias amenazas a la libertad de expresión”. Lo anterior, al responsabilizar a las plataformas por contenidos de terceros, lo que conduciría a una “moderación excesiva”.
“Las empresas serían estimuladas a remover discursos legítimos, resultando en un bloqueo excesivo y una nueva forma de censura”, escribió el 27 de abril Marcelo Lacerda, director de relaciones gubernamentales y políticas públicas de Google Brasil.
El proyecto no especifica el órgano que supervisará el cumplimiento de la ley, un defecto importante según especialistas. “Debido a las controversias, a las acusaciones de que sería creado un ‘Ministerio de la Verdad’, retiraron la (creación de una) agencia reguladora de la última versión”, apunta Ortellado.
Eso es “peligroso”, porque podría justamente caer en manos de algún órgano político y no técnico e independiente, advierte. La propuesta se inspira en la Ley de Servicios Digitales (DSA) recientemente aprobada en la Unión Europea (UE).
Esa legislación obliga a las plataformas de redes sociales, los mercados en línea y los motores de búsqueda a reaccionar más rápidamente para eliminar el contenido que se considera que infringe las normas de la UE, y les exige una mayor transparencia de sus algoritmos y sistemas de recomendación. N
