Una persona de talla baja debe alejarse de la ventanilla del banco hasta cuatro metros para que la puedan ver; un ciego sí identifica el braille en las teclas del cajero automático, pero no puede percibir las cifras en la pantalla, tampoco puede usar el Face ID de las aplicaciones móviles debido a la falta de o las condiciones de sus ojos; un sordo no puede pedir una reposición de su tarjeta de crédito vía telefónica o un usuario de silla de ruedas tiene que estirarse para lograr sostener su tarjeta o los billetes debido a la inaccesibilidad de los cajeros y los ejecutivos.
Estas son apenas algunas de las barreras que enfrentan las personas con discapacidad (pcd) al acudir a un banco, identificadas en el estudio Inclusión financiera de las personas con discapacidad: retos y recomendaciones, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el proyecto Iniciativa Agenda 2030 de la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable en México (GIZ), en colaboración con la Consultoría TIC y Discapacidad.
Este documento, de carácter exploratorio, analiza la forma en la que las personas con discapacidad interactúan con los servicios financieros y los retos a los que se enfrentan cada que lo hacen. Porque sí, las pcd son económicamente activas y son usuarias de los productos y servicios financieros.
La accesibilidad es un derecho en las instituciones financieras y carecer de este es discriminación, lo que puede ser objeto de denuncia y hasta de reparación, se explicó durante la presentación del estudio, donde estuvieron presentes Lucía Buenrostro Sánchez, vicepresidenta de Política Regulatoria de la CNBV; Socorro Vargas Arias, directora general para el Acceso a Servicios Financieros de la CNBV, y Jesús de la Fuente Rodríguez, presidente de la CNBV.
“Tenemos deudas históricas con las personas con discapacidad. La investigación y el análisis son esenciales para tener un mejor entendimiento del funcionamiento del sistema financiero y su impacto en los distintos sectores de la población”, expresó Buenrostro Sánchez.
“Este documento tiene como objetivo contribuir a impulsar políticas para un sistema financiero más incluyente y que se erradiquen prácticas discriminatorias. Nada sobre ellas sin ellas”.
Buenrostro Sánchez agregó que la exclusión financiera no solo implica una pérdida económica para las personas y para las instituciones, sino para todo México.
El estudio Inclusión financiera de las personas con discapacidad: retos y recomendaciones, además, permitió hacer estos otros hallazgos:
Que existe una mayor preferencia por el uso de puntos de acceso físico al sistema financiero, como las sucursales. Sin embargo, declaran menor confianza en que recibirán la información necesaria al acudir a una institución financiera.
“Las personas con discapacidad no necesitamos condiciones de privilegio, sino condiciones de equidad”, expresó Germán Bautista Hernández, luego de compartir su testimonio sobre la dificultad para sacar una cuenta bancaria teniendo discapacidad visual debido a los datos biométricos.
“Es una batalla permanente… Elegimos el (banco) más accesible, es decir, el que queda, no el que queremos”.
Al considerar la inclusión financiera, se garantiza la autonomía y la libertad de tomar decisiones para las personas con discapacidad, y esto comienza con la atención y el apoyo desde el estacionamiento hasta las sucursales.
“Es un derecho de todos la accesibilidad”, subrayó Socorro Vargas Arias.
