Abro estas líneas con una reflexión que considero urgente dentro de la coyuntura ferial que vivimos en Aguascalientes: la comunidad de personas con discapacidad ha señalado diversas fallas en la logística de atención, especialmente en eventos masivos como los realizados en el Foro de las Estrellas. Las quejas van desde la organización de los espacios reservados hasta las condiciones en que personas condiversas  discapacidades deben esperar su ingreso. Estas denuncias son válidas y responden a necesidades reales. No obstante, el problema de fondo trasciende la mera logística y nos invita a reflexionar sobre el nivel de comprensión social que existe respecto a la discapacidad y su diversidad. 

Partamos de una premisa fundamental: las personas con discapacidad no buscamos privilegios ni tratos preferenciales, sino igualdad de oportunidades y no discriminación. Desde el enfoque de derechos humanos —como lo consagra la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006) — la accesibilidad y los ajustes razonables son herramientas para garantizar esta igualdad. Estos no deben entenderse como concesiones caritativas, sino como obligaciones legales del Estado y de la sociedad para asegurar la plena inclusión.

Aquí es donde vale la pena detenernos. Algunas voces, incluso dentro de la misma comunidad con discapacidad, han expresado inconformidad porque los espacios reservados en eventos masivos priorizan a personas con movilidad reducida. Se ha señalado que personas con discapacidad sensorial —como la visual o auditiva— no siempre tienen un área específica asignada y son relegadas a ubicaciones generales.

Pero debemos entender que la accesibilidad se aplica de manera diferenciada. No es que unas discapacidades valgan más que otras, sino que cada una requiere ajustes distintos. La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en México (2011) reconoce tipos de discapacidad: motriz, sensorial, intelectual y psicosocial. Cada una enfrenta barreras específicas en materia de infraestructura, comunicación, información o comprensión.

Por ello, establecer una jerarquía de ingreso o distribución de espacios en función de la movilidad no es discriminatorio per se, sino una medida de protección civil y funcionalidad. Por ejemplo, las personas usuarias de silla de ruedas necesitan ubicaciones con rutas accesibles, cercanas a salidas de emergencia, y sin desniveles o escaleras. En cambio, una persona con discapacidad auditiva puede ubicarse en cualquier lugar del recinto si cuenta con interpretación en lengua de señas o subtitulaje, lo que sería su ajuste razonable.

Ahora bien, si las personas —con o sin discapacidad— están esperando bajo el sol para entrar a un concierto, se trata de un problema de logística general que debería atenderse para todos. Pero no podemos caer en la tentación de exigir un trato “VIP” para las personas con discapacidad, pues eso nos regresa a una lógica asistencialista y capacitista. Como bien lo ha señalado el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, la inclusión no se logra sobreprotegido a un grupo, sino garantizando la participación plena y en igualdad de condiciones.

También se ha dicho que no se respeta el orden de llegada entre personas con distintos tipos de discapacidad. Aquí es clave recordar que los ajustes razonables deben ser proporcionales y específicos, no homogéneos. Si se prioriza el acceso a personas con movilidad reducida, no es por favoritismo, sino porque su ingreso requiere más tiempo, acompañamiento y condiciones específicas. Este tipo de organización responde al principio de “diseño universal”, recogido en la Convención mencionada y en normativas como la Norma Oficial Mexicana NOM-034-SSA3-2013, que establece lineamientos para accesibilidad en servicios de salud y que bien puede trasladarse a otros entornos públicos.

Es importante, entonces, dejar claro que:

Estas líneas no buscan confrontar ni defender a una autoridad en particular. Pretenden generar reflexión sobre la necesidad de transitar del modelo médico y asistencialista hacia un modelo social y de derechos. No necesitamos que nos traten como personas especiales. Necesitamos que se apliquen bien los principios de accesibilidad y ajustes razonables. Eso es inclusión real.

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Ricardo Martinez es activista por los derechos de las personas con discapacidad en Aguascalientes, vocero de la Asociación Deportiva de Ciegos y Débiles Visuales,  y la primera persona ciega en presidir un colegio electoral local en América Latina.