La fiscalía de Perú abrió el martes 10 de enero una investigación por presunto delito de “genocidio” a la presidenta Dina Boluarte, que impuso un toque de queda en la región andina de Puno, en el sur, para frenar las protestas que dejaron 40 muertos en un mes.
“La Fiscal de la Nación dispuso iniciar investigación preliminar contra la presidenta Dina Boluarte; presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; ministro del Interior, Víctor Rojas; ministro de Defensa, Jorge Chávez”, indicó la fiscalía en Twitter.
De acuerdo con el anuncio en redes sociales, la investigación preliminar es por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves cometidos durante las manifestaciones en los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023.
Estos hechos ocurrieron en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho. Los anuncios se dieron el mismo día que el gabinete de gobierno que encabeza Alberto Otárola acudió al Congreso por un voto de confianza para él y su equipo, que finalmente obtuvo la noche del martes.
“Ha sido aprobada la cuestión de confianza”, dijo el presidente del Parlamento José Williams, tras la votación que arrojó 73 votos a favor, 43 en contra y 6 abstenciones. En caso de rechazo el gabinete debía renunciar.
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La Fiscal de la Nación dispuso iniciar investigación preliminar contra la presidenta de la República, Dina Boluarte; presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; ministro del Interior, Víctor Rojas; ministro de Defensa, Jorge Chávez. pic.twitter.com/IPjwWuWbQg— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) January 10, 2023
El gobierno decretó un toque de queda en Puno por tres días, desde las 20 horas hasta las 4 de la mañana. El epicentro de las protestas es la región aymara de Puno, frontera con Bolivia, donde hubo saqueos a locales comerciales y ataques a vehículos policiales entre la noche del lunes y la madrugada de este martes con saldo de 18 muertos.
Las muertes han exacerbado la indignación en las ciudades de Puno y Juliaca, a unos 1,300 kilómetros de Lima, cuyos habitantes realizan una huelga desde hace una semana y mantienen el comercio cerrado. Otárola anunció en el Congreso que este miércoles 11 de enero “será de duelo nacional laborable”.
La Superintendencia de Transporte Terrestre reportó bloqueos y tránsito interrumpido por piquetes en seis regiones: Puno, Cusco, Apurímac, Arequipa, Madre de Dios y Amazonas. En Cusco y Ayacucho marcharon este martes pidiendo la renuncia de Boluarte, nuevas elecciones y Asamblea Constituyente, los principales reclamos de las protestas.
En contexto, Boluarte fungió como vicepresidenta hasta el 7 de diciembre, cuando el Congreso destituyó a Castillo luego de que intentara cerrar el parlamento, intervenir el sistema judicial y gobernar por decreto. Castillo, que era investigado por corrupción, cumple 18 meses de prisión preventiva dictados por un juez bajo cargos de rebelión.
La violenta represión de las fuerzas del orden provocó el lunes 14 muertos entre los manifestantes que trataron de ocupar el aeropuerto de Juliaca, y tres fallecidos durante un saqueo en un centro comercial, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo. Además, un policía pereció quemado al interior de su patrulla, informó la institución.
“¿Quién nos va a defender? ¿Quién va a ver por estos niños que están traumados, por estos niños que están quedando sin padre, sin madre, huérfanos?”, dijo a la AFP una manifestante que no se identificó.
El gobierno justificó la actuación de la policía y militares que custodian la terminal aérea diciendo que fue en respuesta a “una asonada” preparada. El lunes “más de 9,000 personas se aproximaron al aeropuerto de Juliaca y aproximadamente 2,000 de estas iniciaron un ataque sin cuartel contra la policía y las instalaciones, utilizando armas hechizas (armas improvisadas) y con doble carga de pólvora, generando una situación extrema”, indicó a la prensa Otárola.
En Ginebra, la portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Marta Hurtado, declaró que están “muy preocupados por el aumento de la violencia en Perú”. La Iglesia católica, por su parte, dijo en el país vivía una “situación de guerra”.
“La verdad es que estamos en manos de la barbarie (…) El enfrentamiento entre hermanos y hermanas es mucho más doloroso, porque somos parte de una sola sociedad, una familia peruana”, dijo el arzobispo de Huancayo, Pedro Barreto, a la radio RPP.
En Juliaca, decenas de familiares de las víctimas hacían fila estidos de negro en la morgue para recibir los cuerpos de sus parientes.
“Mi hermano murió porque le dispararon, lo mataron los policías”, dijo a radio La Decana de Juliaca un familiar de Roger Rolando Cayo, de 22 años.
“La violencia está llegando a niveles insospechados en verdad. La Defensoría señala que no se va a resolver con la participación de las fuerzas armadas o policía esta crisis y este conflicto político”, declaró a la AFP la Defensora del Pueblo, Eliana Revollar.
En este contexto, Perú recibirá este miércoles a una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que indagará sobre las manifestaciones y la respuesta policial. Según el gobierno, el expresidente boliviano Evo Morales está ligado a las protestas, razón por la cual le prohibió ingresar a Perú hasta nuevo aviso.
Morales, que presidió Bolivia entre 2006 y 2019, ha tenido una presencia activa en la política peruana desde que el exmandatario izquierdista Pedro Castillo llegó al poder en julio de 2021 hasta su destitución el pasado 7 de diciembre, luego de un fallido autogolpe. En noviembre, Morales visitó Puno. N
(Con información de AFP)
