La presidenta de Perú, Dina Boluarte, compareció este martes 28 de mayo ante fiscales anticorrupción que la investigan por la desactivación de la unidad policial que allanó su vivienda en el caso Rolexgate, en una nueva causa abierta por el presunto delito de abuso de autoridad.
La diligencia transcurrió en reserva durante casi tres horas en la fiscalía en Lima, luego de la cual Boluarte se retiró con su custodia policial sin declarar a la prensa. A las afueras del edificio, una decena de manifestantes antigubernamentales exhibía carteles pidiendo “cárcel para la usurpadora”, en alusión a la mandataria.
La fiscalía investiga preliminarmente a Boluarte por abuso de autoridad y encubrimiento personal, en calidad de instigadora desde la cúspide del poder. El abogado de la mandataria, Juan Carlos Portugal, indicó que su defendida respondió 50 preguntas a cuatro fiscales.
“La presidenta respondió absolutamente todo, pese a que muchas preguntas del Ministerio Público eran altamente capciosas y sugestivas”, dijo.
En la investigación está comprendido el exministro del Interior Walter Ortiz. Se acusa a esta figura política de haber cometido el delito contra la administración de justicia por ordenar el 9 de mayo la cancelación del equipo policial especial que apoya a la fiscalía en operativos anticorrupción contra altos funcionarios.
El gobierno justificó la acción alegando que existía otra división policial que podía cumplir esa función. Además, la presidenta peruana está bajo la mira de la fiscalía en otros dos casos por los que ha sido denunciada ante el Congreso como parte de un antejuicio político.
La denuncia más reciente se entregó al parlamento este lunes por el fiscal general Juan Carlos Villena. Él la acusó del presunto delito de cohecho (soborno) en el marco del escándalo de relojes de lujo conocido como Rolexgate.
En noviembre pasado, la fiscalía también la denunció por el presunto delito de homicidio. Lo anterior, por ser “responsable de la represión” a las protestas que dejaron más de 50 muertes tras su llegada al poder el 7 de diciembre de 2022.
La denuncia en el Congreso es el paso previo a un antejuicio político. Este debe ser posteriormente valorado por el poder judicial cuando ella termine su mandato. Boluarte, quien cumplirá 62 años este viernes, solo puede ser llevada a juicio al final de su mandato, en julio de 2026, según fija la constitución.
Para la fiscalía, los hechos que fundamentan la denuncia se refieren a tres relojes marca Rolex que la presidenta habría recibido en calidad de donación del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima. Además de un par de aretes argolla de oro con diamantes y una pulsera Bangle con 94 brillantes.
Desde marzo, se investiga a Boluarte en el Rolexgate por “cohecho pasivo impropio”, un delito que implica recibir beneficios indebidos por parte de funcionarios. De igual manera, por presunto enriquecimiento ilícito y omisión de consignar bienes en documentos. En el Parlamento, controlado por bancadas de derecha afines a Boluarte, la denuncia debe ser evaluada por una subcomisión de acusaciones constitucionales antes de ser debatida por el Pleno en un trámite sin plazo determinado.
El jefe de gabinete, Gustavo Adrianzén, consideró que existe una clara persecución en materia fiscal contra la presidenta, lo cual afecta al trabajo diario que realiza en beneficio del país.
“Esta no es más que una muestra de la persecución sistemática en materia fiscal que se le hace a la presidenta de manera indebida, inconstitucional e ilegal”, indicó Adrianzén al canal N de televisión.
La mandataria, cuya desaprobación alcanza 88 por ciento, según una reciente encuesta de Ipsos, carece de bancada propia y partido. Por ello, el apoyo de las fuerzas conservadoras es clave para que pueda terminar su mandato en julio de 2026. N
(Con información de AFP)
