El presidente de Perú, Pedro Castillo, anunció que renovará su gabinete ministerial tras aceptar la renuncia de su primer ministro, Aníbal Torres, resultado de una nueva pugna con el Congreso, en un sorpresivo mensaje al país al borde de la medianoche del jueves 24 de noviembre.
“Habiendo aceptado la renuncia del premier, a quien le agradezco su trabajo por el país, renovaré el gabinete”, dijo Castillo en su mensaje transmitido desde Palacio de Gobierno por la televisora estatal.
La renuncia se produce en medio de un nuevo enfrentamiento entre el Ejecutivo izquierdista y el legislativo, controlado por las bancadas de derecha.
Horas antes de la dimisión, el jefe del Congreso, José Williams, comunicó que “la Mesa Directiva rechaza de plano la cuestión (del voto) de confianza”. Planteada por el renunciante primer ministro hace una semana, argumentando que trataba “materias prohibidas para el planteamiento de dicho tema”, según la ley.
El gobierno recurrió a la figura del voto de confianza respecto a un proyecto de ley del Ejecutivo. En el cual plantea proponer un referéndum, sin pasar por el filtro del Congreso.
Torres, un abogado de 79 años que asumió el cargo en febrero como cuarto jefe de Gabinete de Castillo en 16 meses, había advertido que iba a renunciar si el Congreso no debatía el proyecto de ley sobre el referéndum.
Castillo quiere promover un referéndum sobre la Asamblea Constituyente para cambiar la Carta Magna (1993) que promueve el libre mercado y convirtió a Perú en una de las economía más abiertas de la región, pero también con mayor desigualdad.
“El presidente lo ha dicho en su mensaje a la nación: que se ha denegado la confianza al poder ejecutivo y es por eso que el gabinete en crisis va a renovar el gabinete y sobre base de eso habrá un nuevo premier o una nueva premier”, dijo la radio RPP el ministro de Trabajo, Alejandro Salas, un vocero del gobierno.
Esta aclaración abre las puertas a una interpretación pues el Congreso ha dicho que no le ha negado la confianza a Torres sino que su pedido era rechazado por improcedente, razón por la cual no se debatió en el pleno. Pero el propio presidente del Congreso respondió este viernes a Castillo.
“El presidente de la República no puede atribuirse una interpretación contraria a lo que señala la Constitución y el reglamento del Congreso, hacerlo conllevaría una disolución inconstitucional del Congreso” advirtió el jefe del Legislativo, José Williams.
Afirmó que desde el Parlamento “usaremos las herramientas constitucionales para la defensa institucional del Congreso de la República y el estado de Derecho”. El presidente peruano deberá nombrar un quinto gabinete en los próximos días, que ratificará el Congreso en un plazo máximo de 30 días. En momentos en que el mandatario enfrenta seis investigaciones de la fiscalía por supuesta corrupción y colusión.
Es tradición en Perú que todos los ministros pongan sus cargos a disposición del presidente cuando dimite el primer ministro, quien es el encargado de la coordinación entre los miembros del gabinete y de llevar las relaciones del Ejecutivo con los otros poderes del Estado.
En caso de que el Congreso niegue el voto de confianza al nuevo gabinete, el gobierno considera que está habilitado legalmente para disolver el Congreso. La Defensoría del Pueblo (Ombudsman) instó al Ejecutivo y Legislativo a tomar decisiones tomando en cuenta “que se debe preservar la democracia, respetar las reglas que establece la constitución”, en una declaración de su jefa Eliana Revollar.
Anibal Torres acompañó a Castillo desde su época de candidato a la presidencia y fue designado ministro de Justicia en el primer gabinete ministerial del Gobierno. Cargo que desempeñó hasta febrero.
Además del cerco judicial, Castillo ha enfrentado dos intentos de destitución del Congreso, y cuenta una desaprobación de 66 por ciento según los sondeos.
Esa creciente tensión llevó a Castillo a denunciar un supuesto golpe de Estado en marcha y pedir a la Organización de los Estados Americanos (OEA) que intervenga, invocando la Carta Democrática Interamericana.
Precisamente una misión de la OEA visitó Lima esta semana y se reunió con autoridades y opositores para tomar el pulso a la pugna entre poderes, que registró un nuevo trámite en el Congreso para procesar una imputación de la fiscalía contra Castillo, a quien investiga por supuesta corrupción y pide separarlo temporalmente del cargo.
Castillo, en el poder desde julio de 2021, alega que no puede ser investigado hasta el final del mandato, en julio de 2026. N
(Con información de AFP)
