En México, la historia de las energías renovables va de la mano de prácticas coloniales de despojo y violación de derechos colectivos de los pueblos indígenas. En el Istmo de Tehuantepec, la zona estrecha del territorio mexicano que separa al Océano Pacífico del Atlántico, los pueblos indígenas que habitamos la región hemos vivido por más de una década las consecuencias de la imposición de este modelo.
En esta región, la energía eólica se ha vuelto símbolo del ideal de desarrollo “sustentable” en las administraciones gubernamentales locales, estatales y federales, y se ha convertido en la bandera para hablar de desarrollo e inversión. Mas, la instalación de alrededor de más de 2,000 aerogeneradores ha generado fuertes impactos en las dinámicas de la vida cotidiana.
En las comunidades receptivas de los proyectos se viven los efectos del capital privado sobre las dinámicas sociales, económicas y culturales. Se han establecido “enclaves eólicos” en puntos clave (por sus características políticas y económicas), provocando el incremento en el encarecimiento de servicios y viviendas, el alza en la prostitución y la entrada de cadenas de supermercados, comida rápida y restaurantes para cubrir las necesidades de los trabajadores foráneos de las empresas (en detrimento del mercado local).
El Megaproyecto eólico en el Istmo de Tehuantepec es un ejemplo de cómo las características expansionistas del supuesto desarrollo reproducen las condiciones irregulares de los contratos de arrendamiento y los efectos negativos sobre la vida de las comunidades en la región. La finalidad de estos proyectos es garantizar la continuidad del modelo de acumulación capitalista más que la mitigación climática.
De nuevo la tecnología se emplea como un arma del capital y se proponen proyectos no apropiables, ni apropiados, donde los avances tecnológicos que permiten el aprovechamiento de las fuentes renovables de energía son de alto costo y requieren de cierta capacidad financiera y de infraestructura. Esto limita el acceso a países con economías débiles y sobre todo a sus comunidades, mientras que beneficia la iniciativa privada.
Ante estas dinámicas, la resistencia comunitaria en el Istmo continúa moldeándose. No solo se trata de enfrentar proyectos multinacionales del capitalismo verde, sino que es una lucha por la defensa del territorio ante proyectos neoliberales de despojo. Nuestra lucha es por el mantenimiento de la vida istmeña binnizá e ikoojts, una vida ligada al maíz (zapalote chico o xhuuba’huiini), al tomate “criollo”, al camarón y al pescado. Nuestra lucha es por defender un espacio común, un espacio de vida. Esa es la alternativa desde el Istmo de Tehuantepec, la legitimidad de nuestra decisión de seguir siendo comunidad.
Y nos seguimos preguntando: a cambio de todo esto ¿qué nos queda a nosotros? La llegada de los parques eólicos estuvo llena de palabras grandes como progreso, desarrollo y oportunidades, vinculado al discurso de la corresponsabilidad ambiental ante el cambio climático. Se le achacó al territorio istmeño la misión de contribuir con el alcance de las metas internacionales de mitigación al cambio climático, firmadas por el gobierno mexicano, sin siquiera considerar las necesidades en materia de energía de nuestra región o los impactos del cambio climático sobre nuestras comunidades.
Las políticas de supuesta mitigación garantizaron un nuevo espacio de oportunidad para que las mismas empresas de siempre continuaran implementando proyectos nocivos en nuestros territorios, pero con rostro verde.
Actualmente, nuestro territorio esta nuevamente comprometido para una segunda fase del proyecto eólico que pretende duplicar la cantidad de energía producida en la región. También profundiza el despojo del territorio para ser entregado al capital financiero internacional con el proyecto fáustico del Corredor interoceánico.
Esto supone la implementación de un corredor de comunicación y traslado de mercancías del Océano Pacifico al Golfo de México por medio de un tren de alta velocidad que, por fin, hará uso de la ventaja geopolítica del cruce del Istmo. El proyecto interoceánico lleva siglos tratando de ser consolidado y, finalmente, gracias a su engañoso discurso progresista, se ejecutará acompañado de una autopista, dos puertos de altura y una línea de gaseoducto que correrá desde Coatzacoalcos, Veracruz, a Salina Cruz, Oaxaca, y hacia el sur hasta Centroamérica.
Las decisiones internacionales sobre la acción de los estados y los gobiernos ante la crisis climática, como en la COP-27 en Egipto, continúan afectando la vida de cientos de comunidades indígenas para garantizar el crecimiento verde del capitalismo. En México, las discusiones en torno a la energía son excluyentes y perpetúan la condición de procuradoras de servicios y materias primas de las áreas rurales e indígenas para la industria.
Esto aplica tanto a las tecnologías fósiles como a las renovables, pues los esquemas de explotación industrial continúan, son los mismos implementados por las mismas empresas de combustibles fósiles, productoras de desechos y acumuladoras de bienes y recursos que han generado la actual crisis ambiental.
Mientras los proyectos que amenazan nuestros territorios no cesan, nuestra lucha tampoco cesará. Continuaremos reclamando que no corresponde a nadie más que a nosotros decidir qué pasa en nuestras tierras. A pesar de la presión por que abandonemos lo que nos vuelve comunidad, continuaremos viviendo nuestra identidad. Sabemos que nuestra existencia resulta un obstáculo para los intereses colonialistas desde hace más de 500 años, y vamos a seguirlo siendo.
Desde el Istmo de Tehuantepec continuamos resistiendo a estos proyectos sobre nuestro territorio, al frente de la defensa de la vida, y exigimos respeto a la libre determinación y voluntad de los pueblos indígenas, en especial de la comunidad de Puente Madera, que resiste ante la instalación del Parque Industrial del Corredor Interoceánico en sus tierras de uso común. N
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Bettina Cruz y Rosa Marina Flores Cruz forman parte de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, organización que lucha por la defensa de las tierras comunales y la autodeterminación de los pueblos indígenas. Los puntos de vista expresados en este artículo son responsabilidad de las autoras.
