Un informe de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre lo que China denomina la Región Autónoma Uigur de Xinjiang ha concluido que se han cometido “graves violaciones de los derechos humanos” contra los uigures. También se cometió estos daños a “otras comunidades predominantemente musulmanas”.
El documento publicado este miércoles afirma que “las denuncias de patrones de tortura o malos tratos, incluidos los tratamientos médicos forzados y las condiciones adversas de detención, son creíbles. Al igual que las denuncias de incidentes individuales de violencia sexual y de género”.
En una evaluación redactada al final del informe, la Oficina señala el alcance de las detenciones arbitrarias contra los uigures y otras personas. Se indica que en el contexto de “las restricciones y la privación más general de los derechos fundamentales, disfrutados individual y colectivamente, pueden constituir crímenes internacionales. En particular crímenes contra la humanidad”.
La Oficina señala que el informe del miércoles está “basado en una rigurosa revisión del material documental del que dispone actualmente la Oficina. Y que su credibilidad está evaluada de acuerdo con la metodología estándar de los derechos humanos”.
“Se prestó especial atención a las propias leyes, políticas, datos y declaraciones del Gobierno. La Oficina también solicitó información y entabló un diálogo e intercambios técnicos con China a lo largo del proceso”.
El informe dice que las violaciones se han producido en el contexto de la afirmación del Gobierno chino de que está persiguiendo a los terroristas entre la minoría uigur. Esta persecución cuenta con una estrategia de lucha contra el extremismo que implica el uso de los llamados Centros de Educación y Formación Profesional o campos de reeducación.
ONU Derechos Humanos dijo que la política del Gobierno en los últimos años en Xinjiang ha “conducido a patrones interconectados de restricciones severas. Así como indebidas en una amplia gama de derechos humanos”.
Aunque el sistema de los llamados Centros de Educación y Formación Profesional, como dice China, “se ha reducido en su alcance o se ha disuelto”, el informe recuerda que “las leyes y las políticas que lo sustentan siguen vigentes”, lo que lleva a un mayor uso del encarcelamiento.
Los sistemas de detención arbitraria y los patrones de abuso relacionados desde 2017, dice la Oficina de la Alta Comisionada, “se producen en el contexto de una discriminación más amplia” contra los uigures y otras minorías. N
