LA AGENDA bilateral México-Estados Unidos, profundamente compleja, enfrenta múltiples desafíos, entre los que destacan el tráfico de armas, de drogas y la migración por solo citar algunos de los que más vulneran la seguridad en ambos lados de la frontera.
Si bien la agenda migratoria ha sido una constante en las relaciones bilaterales, durante décadas esta se centró en la migración mexicana hacia la Unión Americana, la cual ha pasado por distintas etapas y tratamientos que han ido, desde su regulación bajo el amparo de múltiples políticas, entre las que destaca el Programa Brasero de 1942 —el cual estuvo vigente por más de dos décadas— y la reforma migratoria de 1986 de la administración de Reagan, hasta criminalizarla o combatirla con férreas medidas tal y como se propusieron en la iniciativa 187 del Estado de California y las masivas deportaciones con Obama, así como las distintas acciones llevadas a cabo en la administración de Donald Trump.
Posterior al Programa Brasero que dio certidumbre y cobijo a un buen número de trabajadores temporales mexicanos no ha habido ningún otro esquema que garantice de manera tan amplia y prolongada la condición de quienes cruzan la frontera en búsqueda de mejores oportunidades laborales y, en consecuencia, de vida para ellos y sus familias.
Del lado mexicano muchos han sido los intentos por negociar un acuerdo migratorio integral; sin embargo, la respuesta de Washington ha sido incrementar rígidos controles que han incluido deportaciones sistemáticas, separación de familias, construcción de muros y otras acciones que han llevado hasta la criminalización de la migración irregular.
En la década de 1990, particularmente en la segunda mitad, la migración mexicana hacia Estados Unidos creció exponencialmente motivada en parte por el auge de la economía estadounidense frente a la crisis económica del lado mexicano que se agravó después de 1994.
Hoy en la frontera México-Estados Unidos ya no solo se observa la migración mexicana, sino que a esta se han sumado importantes flujos de migrantes indocumentados procedentes de muchos países de América latina y el Caribe, e incluso hasta población africana que después de una larga travesía ve en la frontera de México la oportunidad de cruzar al sueño americano.
En las últimas semanas el fenómeno migratorio ha adquirido dimensiones críticas particularmente en el cruce de Ciudad Acuña, México, hacia Del Río, Texas. Las distintas autoridades y medios de comunicación hablan de miles de haitianos, sin establecer una cifra cierta, que se encuentran en campamentos improvisados en esta frontera, muchos de ellos procedentes de Brasil, Chile y otros países del continente americano.
La presencia de estos haitianos ha movilizado a los cuerpos de seguridad de Texas. El propio gobierno de Biden ha lanzado un plan para aumentar significativamente el número de deportaciones. El pasado 19 de septiembre se hicieron aún más severos los controles para impedir el paso hacia una represa que los haitianos ya habían convertido en su puerta de entrada al territorio estadounidense.
Ciertamente, estamos ante una problemática humanitaria y muchos medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales así la han presentado. No obstante, esta presencia masiva de haitianos y de otros nacionales de países como Honduras, Guatemala y El Salvador que se han sumado a estos flujos también son vistos como una amenaza a la seguridad nacional.
Para la opinión pública estadounidense resulta preocupante escuchar las declaraciones de algunos de estos migrantes haitianos que, al ser entrevistados por diversos medios de comunicación, han expresado su decisión de llegar a territorio estadounidense por cualquier medio e incluso que no se dejarán amedrentar por las acciones de las autoridades. Pareciera ser una actitud retadora hacia el país del que esperan cobijo.
No podemos negar que Haití se encuentra en una situación de alta vulnerabilidad derivada de las condiciones de pobreza y marginación en la que vive un importante porcentaje de su población, por el reciente sismo que azotó al país y la profunda inestabilidad política derivada del asesinato del presidente Jovenel Moïse; no obstante, esto no justifica la condición de irregularidad de estos flujos migratorios.
Ante esta crisis que se vive en la frontera entre Coahuila y Texas vale la pena hacernos las siguientes preguntas: ¿Cómo han logrado llegar estos numerosos flujos migrantes hasta la frontera México-Estados Unidos habiendo atravesado no solo el territorio mexicano, sino el de varios países? ¿Dónde están las autoridades migratorias?
En una época donde riesgos como la trata de personas, el tráfico de drogas, la prostitución y la violación sistemática de derechos humanos de los migrantes irregulares, a la que se suman los riesgos a la salud en tiempos de la pandemia de covid-19, gobiernos, organizaciones internacionales y sociedad civil en su conjunto hemos hecho caso omiso a esta problemática que hoy se ha desbordado.
La situación de estos miles de haitianos en el cruce Ciudad Acuña-Del Río no hace sino poner en evidencia la absoluta ineficiencia de las políticas migratorias y de los controles fronterizos de ambos gobiernos, así como la fragilidad de las instituciones que no son capaces de responder y menos de anticiparse a esta situación que puede traer graves consecuencias para todos los implicados. N
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Luz Araceli González Uresti es profesora investigadora de Relaciones Internacionales de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tec de Monterrey. Los puntos de vista expresados en este artículo son responsabilidad de la autora.
