En todo el mundo, más de 7 millones de menores de 18 años están detenidos en prisión o bajo custodia policial. Esta cifra incluye a 330,000 jovencitos en 80 países que fueron convertidos en prisioneros por razones relacionadas con la migración.
Actualmente, cientos de miles de menores que se encuentran recluidos en centros de detención de todo el mundo tienen altas probabilidades de formar parte de los casos de contagio por COVID-19.
Muchos de los menores son retenidos en espacios confinados y superpoblados y carecen de asistencias fundamentales de nutrición, atención sanitaria y servicios de higiene, condiciones que son muy propicias para evitar la propagación de la enfermedad. Un brote en una de estas instalaciones podría ocurrir en cualquier momento, alerta Henrietta H. Fore, directora general de la Unicef.
En un reciente mensaje dirigido a los gobiernos y a las autoridades de las instituciones penitenciarias se pide la liberación de todos los menores que puedan regresar con seguridad a sus familias o dispongan de una alternativa adecuada.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia también solicita una suspensión inmediata de nuevas entradas de niños en centros de detención.
La Unicef, en colaboración con la Alianza para la Protección de la Infancia en la Acción Humanitaria y las principales organizaciones de derechos del niño, académicos y organismos de Naciones Unidas publicaron recientemente una guía sobre las principales medidas que pueden adoptar las autoridades para proteger a los niños y niñas privados de libertad durante la pandemia.
“Los derechos de los niños a la protección, la seguridad y el bienestar deben respetarse en todo momento, incluso y especialmente durante crisis como la que el mundo afronta hoy en día. La mejor manera de defender los derechos de los niños detenidos en medio de una pandemia peligrosa es su liberación segura”.
La mayoría de los países carecen de datos sobre el número de niños privados de la libertad, así como sobre los motivos, la duración y los lugares donde se encuentran detenidos, según ha indicado la Organización de las Naciones Unidas.
Human Rights Watch ha explicado que los menores en detención migratoria incluyen a los migrantes no acompañados y los que viajan con sus familias, niños solos que solicitan asilo y refugio.
En busca de una vida sin violencia y mejores oportunidades, millones de menores al rededor del mundo huyen de la pobreza, la guerra y la miseria de sus países. Este es el grupo más vulnerable de todos los seres humanos que salen de sus territorios.
Hasta ahora no existe un solo país que garantice en su totalidad la seguridad y el bienestar de los niños migrantes. Por el contrario, en su camino existen altas probabilidades de que terminen en un centro de detención durante meses o hasta años y condenados a la exclusión.
En muchas naciones al rededor del mundo, los menores son tratados como adultos y son internados en centros sin el cuidado que un niño necesita. Incluso muchas veces son tratados como delincuentes, según han denunciado organizaciones internacionales.
En el mundo, Estados Unidos es el país con la mayor tasa de niños detenidos. Más de 100,000 se encuentran bajo custodia por inmigración, explica el “Estudio global de las Naciones Unidas sobre los niños privados de libertad”.
“Desde luego que separar niños, como lo hizo el gobierno del presidente Donald Trump, de sus padres e incluso a niños pequeños en la frontera entre México y Estados Unidos está absolutamente prohibido por la Convención sobre los Derechos del Niño. Yo lo llamaría tratamiento inhumano tanto para los padres como para los niños”, afirma Manfred Nowak, autor principal del estudio.
El gobierno de ese país detiene a un promedio de 60 de cada 100,000 niños en su sistema de justicia o bajo custodia por temas de inmigración, explicó el abogado Nowak a AFP. “Tiene la tasa más alta del mundo, seguido por países como Bolivia, Botsuana y Sri Lanka”.
Las instalaciones donde se llevan a cabo las detenciones son conocidas como “la perrera”, jaulas donde los niños también son encerrados. Los menores no acompañados o separados de sus padres tienen que permanecer en esos reducidos espacios.
A finales de marzo pasado se detectaron tres casos de contagio por coronavirus en niños migrantes detenidos en Nueva York, indicó la autoridad estadounidense. En tanto, Amnistía Internacional externó que el gobierno del presidente Trump no está protegiendo adecuadamente a las casi 40,000 personas migrantes y solicitantes de asilo que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (Immigration and Customs Enforcement, ICE), del Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security, DHS) de Estados Unidos mantiene detenidas en más de 200 puntos del país.
“Amnistía Internacional ha recibido testimonios creíbles, coherentes y preocupantes de personas detenidas en centros de detención de inmigración en condiciones peligrosas que incrementaban innecesariamente el riesgo de que todas las personas detenidas en ellos contrajeran la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19). En el caso de las personas de más edad o con patologías previas es más probable que esta exposición resulte fatal”, explicó en un nuevo informe titulado: “Estados Unidos: estamos a la deriva, a punto de naufragar”.
Una abogada de inmigración de Los Ángeles, California, dijo a Amnistía Internacional que sus clientes detenidos en el cercano Centro de Procesamiento del ICE en Adelanto carecían de acceso básico a gel desinfectante y no podían mantener la distancia social entre sí en el centro. “Las personas viven pegadas unas a otras”.
Grecia, una de las principales puertas a la Unión Europea, se caracteriza por tener mala relación con los menores migrantes. HRW ha documentado que los menores no acompañados pueden pasar meses en centros de detención. Frecuentemente en las mismas celdas con adultos que no son de su familia, en condiciones que el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura llama “inaceptables”.
Sharzad, de 12 años de edad y su hermano Sardar, de 16 años, de Afganistán, por ejemplo, estaban detenidos en las instalaciones de Kyprinou en Fylakio cuando fueron entrevistados.
“Hemos estado aquí durante 65 días”, dijo ella. “Alguien nos informó que estaríamos aquí por tres meses… Quiero ser liberada y no quiero quedarme más tiempo.” Sharzad compartía su celda con seis mujeres adultas con las cuales no estaba relacionada y con quienes no podía comunicarse.
Una vez puestos en libertad en Grecia, los menores migrantes no acompañados normalmente reciben una orden para abandonar el país. Si no se van del país pueden ser detenidos de nuevo, no importa qué tan vulnerables son o si pudieran tener motivos para solicitar asilo. Por ejemplo, una niña somalí no acompañada de diez años de edad que fue detenida en el centro de detención de Petrou Ralli dijo que las autoridades griegas la detuvieron cuatro veces en seis meses, informó HRW en el informe “Abandonados para sobrevivir: incumplimiento sistemático para proteger a menores extranjeros no acompañados en Grecia”.
En Malta, los niños migrantes que viajan solos son detenidos junto con adultos que no son de su familia, ello mientras se espera el resultado de los exámenes de determinación de la edad. El país ha asegurado que “cualquiera que no sea visiblemente un niño, es decir, cualquiera que aparente más de 12 años, es un adulto”.
Por eso, aquellos menores migrantes que aseguran ser menores deben pasar por un prolongado proceso de determinación de la edad y son encerrados en una cárcel para adultos durante semanas o meses mientras se desarrollan los procedimientos.
En los centros de detención, los menores pueden estar expuestos a violencia y explotación. Abdi, un solicitante de asilo somalí que tenía 17 años cuando fue detenido, le dijo a HRW:
“Todos los días un hombre grande de Malí viene y me dice: ‘Dame tu comida’. Y un día le dije que no y él me golpeó. Estuve en el suelo, inconsciente, durante media hora. Se lo dije a los guardias, pero me dijeron: ‘No nos importa’”.
En Indonesia, miles de niños migrantes son detenidos principalmente si no se encuentran acompañados de un adulto. Los menores, con frecuencia provenientes de Sri Lanka, Afganistán y Birmania, padecen detenciones, acompañadas de malos tratos. Carecen de acceso a educación y poca o ninguna asistencia básica.
Las leyes de ese país indican que pueden estar detenidos un máximo de diez años sin revisión judicial, y el gobierno de Indonesia no proporciona a los menores migrantes o sus familias oportunidades para obtener un estatus legal, como sería una solicitud de asilo.
Entre las condiciones de brutalidad que ha documentado HRW se encuentran casos donde los guardias golpearon a menores y otros infantes fueron obligados a observar la violencia física.
Un hombre, que está con su hijo de tres años en el centro de detención migratoria de Phlu Suan, de Bangkok, en Tailandia, describió a HRW las condiciones de detención: la habitación cuenta con 50 ocupantes en este momento, la mayoría de ellos son fumadores. La habitación es caliente y sucia, lo que ha causado que el niño se enferme con frecuencia.
“Es absolutamente difícil para un niño de tres años crecer en medio de 50 hombres adultos en una habitación cerrada y de donde solo se les permite salir al aire libre por un corto periodo de menos de dos horas cada tres días”.
España es el país de la Unión Europea con mayor migración entrante por medio del Mar Mediterráneo. Los niños y niñas no acompañados también han alcanzado una cantidad inédita en materia de ingresos en el territorio español. En 2018 había 13,012 niños y niñas no acompañados en el sistema de protección. Lo que significa un incremento del 103 por ciento respecto de los 6,414 registrados en 2017, cuando se superó en un 60 por ciento las cifras de 2016 (3.997), según arrojó una investigación de la Unicef.
En 1990 se observó la primera ola de niños que viajaban solos a España, un fenómeno que ha ido creciendo en los últimos años. En su mayoría llegan de Marruecos y Argelia, aunque poco a poco ha ido aumentando el número de los que provienen, sobre todo, de distintos países de África Subsahariana, señala la organización.
Los motivos de su llegada siempre son la pobreza, la exclusión y la falta de oportunidades. Algunos también buscan protección a causa de la violencia en sus países de origen. Muchos de ellos perdieron a sus padres por la violencia de sus países.
En España, los menores se convierten en blancos vulnerables derivado de las actuaciones de las autoridades y sus normas que los colocan en situaciones de peligro. Una de estas es la prueba para identificar su condición de niños.
“Si el niño no tiene documentación, o esta no se considera válida y hay dudas sobre su edad, el sistema prevé que se le hagan pruebas para determinar la edad. Y ahí nos encontramos con la primera barrera que es el propio sistema de identificación. Se somete a los niños a un uso excesivo de pruebas médicas sin garantías jurídicas suficientes. Además, se trata de pruebas casi siempre radiológicas (radiación) que no dan resultados fiables ni evalúan su madurez psicológica”.
Y el segundo peligro viene de una identificación incorrecta. “Si a un niño se le identifica incorrectamente como mayor de edad, ya sea por su apariencia o por un error en las pruebas, queda expuesto a vivir en la calle, ser detenido, expulsado del país o ingresado en Centros de Internamiento de extranjeros (CIE), lo que implica una privación de libertad en contra de la ley”.
México, país de paso obligatorio de migrantes, ha visto transitar a miles de niños solos o acompañados. Ellos se dirigen a Estados Unidos, ya sea para reunirse con sus familiares que viven en aquel país o en busca de una mejor vida.
En su andar, los niños migrantes son vulnerables a situaciones que pueden violar sus derechos, como las detenciones, pasar frío, hambre, actualmente contagios por el COVID-19, y son blanco fácil del crimen organizado o el tráfico de personas, la violencia y la discriminación.
En 2017, según datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación de México, las autoridades migratorias detectaron 18,300 niñas y niños extranjeros (provenientes de países del Triángulo Norte de Centroamérica: Guatemala, Honduras y El Salvador) en territorio mexicano. De ellos, 16,162 fueron retornados a sus países de origen.
Durante un periodo de más de diez años, comprendido entre 2008 y agosto de 2019, el gobierno mexicano llevó a cabo más de 232,000 detenciones de niños con fines relacionados con la migración, con una proporción de niños no acompañados que oscila entre el 47 por ciento (2014-2017) y el 22 por ciento (2019), según informó la ONU.
El experto independiente Manfred Nowak asevera que, a menudo, los menores privados de su libertad están en instalaciones para adultos.
Los centros de detención o estaciones migratorias en México han sido denunciados por diversos activistas y organizaciones defensoras de derechos humanos, pues están cada vez más hacinados en la medida que las autoridades intensifican las detenciones.
En espacios de 4 por 3 metros pueden llegar a ser recluidas hasta 50 personas, incluidos menores de edad. En este tipo de sitios existe alta probabilidad de ser contagiados con el virus del COVID-19, los mayormente vulnerables son los menores de edad, que frecuentemente carecen de las defensas adecuadas para hacer frente a cualquier enfermedad.
A inicios de abril, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitó al Instituto Nacional de Migración (INM) y a la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (COMAR) llevar a cabo medidas cautelares que ayuden a proteger de cualquier contagio a los migrantes detenidos.
