Los senadores demócratas y republicanos dicen estar preocupados por la suerte que corren los niños migrantes no acompañados que llegan a Estados Unidos, donde pueden acabar en casas de “patrocinadores” sin garantías o explotados en fábricas.
En una sesión del comité judicial, los senadores examinaron este miércoles las garantías de seguridad y el bienestar de los menores migrantes que cruzan solos la frontera. Más de 44,000 “menores no acompañados” han entrado a Estados Unidos desde México de enero a abril, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
El 47 por ciento de ellos proviene de Guatemala, mientras otro 40 por ciento, de Honduras y El Salvador, tres países donde la violenta pandilla MS-13 recluta a jóvenes y siembra el terror. Una vez que la patrulla fronteriza los detiene quedan a cargo de la CBP, que los envía a albergues de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR).
Esta oficina, dependiente del Departamento de Salud y Servicios Humanos, los entrega a su vez a patrocinadores, con frecuencia un familiar, pero puede ser otra persona o entidad.
Algunos viajan solos desde sus países exponiéndose a enormes peligros. En otros casos lo hacen con sus familias, generalmente pobres, que una vez en la frontera se separan de ellos con la esperanza de aumentar las posibilidades de que logren entrar.
“La tragedia es que estos niños todavía están en riesgo” en territorio estadounidense, donde “se han visto obligados a trabajar muchas horas en condiciones extremadamente peligrosas”, afirmó el senador demócrata Dick Durbin.
Desde 2018 el Departamento de Trabajo ha registrado un aumento del 69 por ciento de niños empleados ilegalmente, algunos de ellos de tan solo 12 años.
Algunos de estos menores se despiertan antes del amanecer para ganarse la vida como jornaleros o trabajan de noche en mataderos, afirmó su colega demócrata Alex Padilla, quien asegura que esta explotación no ocurre en la sombra.
Padilla y el senador demócrata John Hickenlooper escribieron en abril pasado a decenas de ejecutivos de empresas estadounidenses para preguntarles si cumplían la legislación sobre trabajo infantil. Se encontraron con “respuestas bien escritas, cuidadosamente redactadas, pero sin mucha responsabilidad”.
Una de las testigos de la sesión, Terri Gerstein, del Centro para el Trabajo y una Economía Justa de Harvard Law School Brooklyn, pidió “responsabilizar a las corporaciones” porque cuando estos casos salen a la luz eluden la responsabilidad haciendo que recaiga en contratistas, subcontratistas, proveedores y agencias de empleo.
También recomienda aumentar las penas y destinar más recursos al Departamento de Trabajo. Porque la División de Horas y Salarios hace cumplir las leyes de trabajo infantil, salario mínimo y otra serie de estatus con unos 800 investigadores que cubren alrededor de 165 millones de trabajadores.
No es el único obstáculo. En los últimos años al menos diez estados propusieron proyectos de ley para flexibilizar las normas de trabajo infantil. Dos, Arkansas e Iowa, ya los aprobaron.
“Si más padres centroamericanos supieran la verdad de lo que vivirían sus hijos, muchos se lo pensarían antes de que languidecieran en manos de criminales violentos”, afirmó en la audiencia Anne Basham, fundadora del Grupo de Trabajo sobre la Trata de Personas, que alerta que también caen en las garras de la explotación sexual.
Para proteger a los que ya se encuentran en Estados Unidos, Lorie Davidson, vicepresidenta del Servicio Luterano de Inmigración y Refugiados (LIRS), pidió “medidas de seguridad adicionales tanto antes como después de la entrega de niños no acompañados a un patrocinador”. Sobre todo visitas en persona y el acceso de los menores a asesoría legal para hacer frente a los procesos de expulsión migratoria.
La raíz de todo el problema es el “fallido sistema migratorio”, apuntó Padilla. “Los niños que lograron llegar aquí se encuentran en posiciones desgarradoras, en las que probablemente no estarían si sus padres hubieran podido solicitar asilo legalmente con ellos como lo permiten nuestras leyes”, afirmó.
El republicano Lindsey Graham coincide en la necesidad de resolverlo pero discrepa en el método. “Necesitamos cambiar nuestra política y tratar a estos tres países (Guatemala, El Salvador y Honduras) como si fueran Canadá y México”, a donde sí se expulsa a los menores no acompañados, dijo.
Graham recomienda que los embajadores de estos países centroamericanos se reúnan con el comité judicial del Senado. “Estoy dispuesto a ayudarlos a hacer más”, dijo, pero también “a castigarlos si no lo hacen”. N
