La administración de Trump les debe indemnizaciones a las familias inmigrantes separadas en la frontera entre México y Estados Unidos por el trauma que les infligió a padres y niños, dijo un grupo de médicos en un informe nuevo que arroja luz sobre los impactos duraderos que la política de “cero tolerancia” del presidente Donald Trump ha tenido en las familias.
En el informe de Médicos por los Derechos Humanos (PHR por sus siglas en inglés), el cual se publicó la mañana del martes, médicos y defensores de los derechos de los inmigrantes detallaron el trauma que los niños y padres han soportado tras ser separados por la administración de Trump en 2018 bajo la ampliamente condenada política gubernamental, por la cual más de 2,500 niños fueron separados de sus seres queridos en la frontera.
Después de evaluar a 17 adultos y nueve niños que fueron separados por la política por un promedio de 60 a 69 días, de los que todos menos un niño se habían reunido al momento de la evaluación, los médicos hallaron que los padres y niños parecían lidiar con similares “síntomas y comportamientos consistentes con el trauma y sus efectos”.
Padres y niños dijeron “estar confundidos y molestos, constantemente nerviosos, llorando mucho, teniendo dificultades para dormir, no comiendo bien, teniendo pesadillas, sintiéndose preocupados, teniendo ánimos severamente deprimidos, síntomas abrumadores de ansiedad, manifestaciones fisiológicas de pánico y desesperación”, incluidas “corazón acelerado, falta de aire y jaquecas”.
Dijeron que lidiaban con sensaciones de “‘pura agonía’, y desesperanza, sintiendo angustia emocional y mental, y estando ‘increíblemente desalentados’.”
Entre los padres, casi todos los individuos evaluados fueron diagnosticados con trastorno por estrés postraumático, mientras que muchos fueron diagnosticados con depresión y algunos con ansiedad.
El informe decía que los niños pasaban por cambios súbitos de ánimo y comportamiento después de la separación, y muchos exhibían reacciones que incluían una “regresión en comportamientos apropiados para la edad”, incluido el no estar dispuesto a separarse de sus padres, a la vez que también con regularidad “lloraban, no comían [y] tenían pesadillas y otras dificultades para dormir”.
En una entrevista con Newsweek el lunes, previa a la publicación del informe, la Dra. Ranit Mishori, alta asesora médica de PHR, y Kathryn Hampton, la alta ejecutiva de asilo para la organización, dijeron que les inquietaba ver el impacto que ha tenido la separación de las familias en los niños y sus padres.
“El grado de crueldad es simplemente perturbador”, dijo Mishori. “Leímos una declaración jurada, luego otra y otra y otra, y son las mismas historias desgarradoras que muestran un grado de crueldad al que no estamos acostumbradas aquí en Estados Unidos”.
Tanto Mishori como Hampton dijeron que era importante reconocer que, para muchos supervivientes de separación familiar, su trauma podía deberse a un conjunto de eventos, incluidas las experiencias que tuvieron en sus países de origen, en su travesía hasta la frontera estadounidense y al llegar a dicha frontera.
Sin embargo, ambas expertas dijeron que los cambios claros de ánimo y comportamiento, así como síntomas nuevos que se presentaron tras la separación en la frontera, indicaban claramente que padres y niños sufrieron trauma como resultado de haber sido separados.
Los padres “claramente delimitaban” entre “el día anterior a que los separaran” y los días después de que se reunieron al describir los cambios que ocurrieron en los ánimos y comportamientos de sus hijos.
“Hubo dos niños pequeños quienes pensaban que su madre había muerto porque había ido por un procedimiento médico y no la habían visto después”, dijo Hampton. “Estaban traumados en extremo por el hecho de haber pensado que su madre había muerto, cuando no era así”.
En el caso de los dos niños, Hampton dijo que a los pequeños nunca se les informó apropiadamente el paradero de su madre y los dejaron con la duda de qué le había pasado, creando una experiencia traumática para ambos, además de haber sido separados en primer lugar.
Las acciones de la administración de Trump al separar a las familias en la frontera y luego negarse a informar a padres y niños del paradero de sus seres queridos —en algunos casos por meses— cumplen con el criterio de “tortura” y “desaparición forzada”, declara el informe de PHR.
“La tortura es una acto que 1) provoca sufrimiento físico o mental severo, 2) se hace intencionalmente, 3) con el propósito de coerción, castigo, intimidación, o por una razón discriminatoria, 4) por un funcionario estatal o con consentimiento o conformidad estatal”, explicó el informe de PHR.
“PHR halla que el trato del gobierno de Estados Unidos a los solicitantes de asilo a través de su política de separación de familias constituye un trato, cruel, inhumano y degradante y constituye tortura en todos los casos documentados por PHR”, afirma.
Las autoras del informe señalan que las evaluaciones de PHR se “realizaron según los principios del Protocolo de Estambul, la guía de Naciones Unidas para documentar tortura. En los casos que PHR documentó, funcionarios estadounidenses llevaron a cabo intencionalmente y condonaron acciones ilegales que provocaron dolor y sufrimiento severos, con el fin de castigar, coaccionar e intimidar a los solicitantes de asilo centroamericanos para que renunciaran a sus solicitudes de asilo, de una manera discriminatoria”.
“La tortura y el trato cruel, inhumano y degradante son violaciones a los derechos humanos y están prohibidos por la ley nacional e internacional en cualquiera y todas las circunstancias”, declara el informa.
No obstante, continúa explicando por qué la política estadounidense de separar familias también cumple con los criterios de desaparición forzada, la cual está prohibida por la ley internacional.
“La desaparición forzada se define como cualquier privación de la libertad por parte del estado en el que se oculta el destino o el paradero de la persona desaparecida”, afirma el informe.
“En todos los casos documentados por PHR, hubo un período en que los padres no tenían conocimiento del paradero de sus hijos, no podían contactarlos y no tenían la seguridad, o una fecha programada, para su contacto futuro o reunificación”, declara.
“La falta del gobierno de registrar a niños y padres, de facilitar el contacto parental, o planear la reunificación, privó a los niños de protección de acuerdo con la ley, porque se les privó de la supervisión y el consentimiento parental para su bienestar, sin el debido proceso apropiado, como una audiencia que involucrase a profesionales en bienestar infantil”.
Mishori y Hampton dijeron que a los padres quienes solicitaron información a funcionarios estadounidenses sobre el bienestar y el paradero de sus hijos, en algunos casos, no se les dio respuesta por semanas y meses seguidos.
Mishori afirmó que la intención parecía ser “coaccionar e intimidar a estas poblaciones. Y esto fue algo que fue declarado muy públicamente por la administración… Cómo querían usarlo como disuasión”.
“Cuando se habla de desaparición forzada, la gente piensa en Argentina y otros países que son más autoritarios”, comentó Mishori. “No es algo que oigas a menudo en los Estados Unidos de América”.
“Es un duro golpe de realidad el notar que esto es algo que es claramente una violación a la ley internacional de derechos humanos y está sucediendo en Estados Unidos”, añadió la doctora.
El propósito de identificar el trato de la administración de Trump a las familias inmigrantes, dijeron ambas representantes de PHR, era tener la capacidad de hacer responsables al gobierno de forma adecuada.
“El propósito de esto no es solo mencionarlo, sino que mencionarlo básicamente porque nos gustaría dar un mensaje de que Estados Unidos no cumplía sus obligaciones con los inmigrantes, no hubo un debido proceso, y decir que hay un problema de responsabilidad aquí”, dijo Mishori.
“Parte de la responsabilidad, es que nosotras pensamos que… todas las víctimas necesitan tratamiento, necesitan recursos y necesitan algún tipo de proceso para ayudarles a sanar de este trauma, y decimos que Estados Unidos tiene que cumplir con esa obligación, que incluye tratamiento médico”, externó la doctora.
PHR dice, a fin de cuentas, el gobierno de Estados Unidos les debe “indemnizaciones” a las familias de inmigrantes que fueron separadas en la frontera por el trauma que soportaron.
“Esto no se puede solo tapar con un dedo”, dijo Hampton. “El gobierno de Estados Unidos debe cumplir con sus obligaciones de proveer indemnizaciones a las víctimas por esta práctica ilegal que violó derechos humanos”.
Publicado en cooperación con Newsweek / Published in cooperation with Newsweek
