Tras el arresto de Rafael Olvera Amezcua, principal socio de la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) Ficrea, los afectados por el quiebre de esta entidad, entre los que se incluye al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila, esperan la restitución total de su inversión.
Para ello, los afectados se han organizado desde hace varios años para defender sus intereses en la Sociedad de Defraudados por Ficrea, presidida por el licenciado Javier Paz Zarza, afectado tras la quiebra de la Sofipo en 2014.
Paz Zarza habló con Newsweek Coahuila sobre lo que los afectados esperan de los responsables, las irregularidades del caso, los activos con los que se podría saldar la deuda y las respuestas que el nuevo gobierno les ha dado para dar solución al caso.
NW Coahuila (NW-C): Ya están a punto de cumplirse cinco años del cierre de Ficrea; en Newsweek Coahuila hemos dado a conocer, entre otros testimonios, la situación del Tribunal Superior del Estado de Coahuila, ¿a qué se siguen enfrentando actualmente los defraudados por esta Sociedad Financiera?
Javier Paz Zarza (JPZ): El número de afectados vigente en este momento es de 3,900, de los 6,800 que constituían el gran total al inicio. Ya muchos cobraron con el seguro que tenían de 132 mil pesos, pero quedamos vigentes miles de ahorradores esperando recuperar al 100% nuestros ahorros.
Nosotros hemos demostrado y acreditado que hay actualmente en activo 7,100 millones de pesos, cantidad suficiente para que todas las personas que hayan invertido, físicas o morales, recuperen todos sus ahorros, sus inversiones. Estamos exigiendo, por tanto, que la autoridad pueda asumir la responsabilidad, y a los ahorradores, ceder nuestro derecho del 100% para cobrar de inmediato.
El concurso mercantil que se instrumentó no es una herramienta eficaz para recuperar nuestros ahorros, porque nosotros, tal y como lo demostramos, actuamos de buena fe: acudimos a una institución financiera autorizada por el estado, aprobada por el estado, fiscalizada por el estado, auditada trimestralmente por el estado, entonces el estado tiene la responsabilidad de responder ante este presunto desfalco.
Ya está detenido el señor Olvera, en vías de extradición; él ya había solicitado un amparo, pero se logró echar abajo esa artimaña y está en el proceso de amparo. Al regresar aquí tiene que dar cuentas e informar quiénes fueron sus cómplices en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para que sepamos porqué se toleraron las graves irregularidades que hubo.
El caso de Coahuila es uno de los casos más elocuentes: ¿quién autorizó que una entidad gubernamental invirtiera en una Sofipo, que por ley está prohibido? Y no solamente el caso de Coahuila, está el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, está el Organismo de Agua Potable del municipio de Naucalpan en el Estado de México, está una entidad financiera gubernamental en Jalisco.
Entonces, quienes invirtieron, e invirtieron mal, deben responder, y la autoridad que toleró eso, y lo sabía, debe responder. Los ahorradores no tenemos porqué pagar las negligencias o presuntas complicidades que haya tenido la CNBV con el señor Olvera. No es suficiente con que lo traigan, sino que lo fundamental es que se repare el daño y, en el caso de los ahorradores, recuperemos el 100 por ciento.
En el caso de las entidades que invirtieron, también deben recuperar el 100%, porque el estado lo toleró, lo supervisó y lo aprobó.
NW-C: Anteriormente tuvimos la oportunidad de entrevistar al síndico de la quiebra Ficrea, quien nos comentó que, en el cado del TSEC, el Tribunal iba a perder aproximadamente 90 millones de pesos, que es poco más de la mitad de lo invertido de la Sofipo.
JPZ: No debe perder un solo centavo, porque hay activos suficientes para que recupere el 100 por ciento. Además de ser ahorrador y de ser integrante de la Comisión de Ahorradores, yo estoy como interventor en el concurso mercantil, y tengo la información suficiente para afirmar que los activos que hay son suficientes para recuperar y resarcir el daño a todos al 100 por ciento. No hay motivos por los cuales deba perderse un solo centavo.
NW-C: Nos había comentado el mismo síndico que el Tribunal contrató un despacho llamado Olea y Asociados; ¿su asociación tiene conocimiento sobre este despacho? Según nos dijeron representantes del Tribunal, fue contratado para poder recuperar el 100% de lo que se le adeuda al Tribunal.
JPZ: Nosotros no tenemos conocimiento de ese despacho. A mil 990 ahorradores nos asesora el abogado Fauzi Hamdan Amad, que es especialista en la materia, pero, así como él, hay registrados aproximadamente 97 abogados más.
Algunos llevan varios casos, otros llevan casos individuales, pero quien debe responder es el Estado, porque el Artículo 109 de la Constitución señala claramente que el Estado debe responder cuando, por negligencia u omisión, o por presunta complicidad, los servidores públicos causan un percance a quien no tuviera razón para sufrirlo, y los ahorradores o inversionistas no dimos un motivo o razón para sufrir ese percance; por lo tanto, en términos de la Constitución, debe de resarcirse en su totalidad.
NW-C: ¿Cómo ha respondido el nuevo gobierno federal a los ahorradores ante su situación?
JPZ: En principio entregamos una carta dirigida al presidente de la República, con fecha del 4 de junio, donde detallamos cada uno de los hechos que sucedieron en el caso Ficrea, cómo la responsabilidad la tiene el Estado y que existe un monto suficiente para que, sin gastar un solo centavo del erario público, se nos pague el 100%, porque ahí están los activos, los inmuebles, los vehículos.
Hace unos días hubo una subasta de vehículos en Los Pinos, de esa subasta, 19 vehículos eran de Ficrea. Están malbaratando los recursos de Ficrea que deben de ser de los ahorradores y los inversionistas, y no del Estado. Ya le dimos por escrito al señor presidente la información, pero no hemos obtenido respuesta, incluso hicimos un plantón en Palacio Nacional al respecto y en la misma fecha entregamos un oficio al Fiscal General de la República y de inmediato nos dieron respuesta positiva.
Nos informaron tres cosas muy importantes: que el amparo que había solicitado el señor Olvera no era procedente y que habían logrado echarlo abajo para que no se extraditara a México, es decir, que sí va a ser extraditado; segundo, que los bienes muebles e inmuebles que tenga la Procuraduría bajo su resguardo van a ser entregados a la masa concursante; y tercero, que no solamente están buscando la presunta responsabilidad del señor Olvera, sino de los servidores públicos que hubieran tolerado o coadyuvado a este fraude mayúsculo, porque no se entiende cómo una entidad gubernamental, sabiendo que de acuerdo a la ley no puede invertir en Ficrea, invirtieron de mala fe, pues sabían que no podían invertir ahí. En cambio, los ahorradores en pequeño actuamos de buena fe, porque actuamos de manera individual, como personas físicas.
NW-C: Hace unos cuantos días, en el Congreso de Coahuila, se llevó a cabo un punto de acuerdo en el cual se pide al estado que se recuperen las arcas congeladas en el estado de Texas tras la captura de Rafael Olvera, ¿ustedes esperan algún tipo de respuesta a partir de esta acción del Congreso de Coahuila? ¿Tenían conocimiento de esta petición?
JPZ: Es una petición de buena fe, pero que en términos de la legislación norteamericana no es factible porque los bienes de Olvera ya fueron asegurados anteriormente por un juez de Miami para todos los afectados de Ficrea, incluyendo al Tribunal, o sea, se van a recuperar para todos los afectados, y no solamente para el Tribunal de Coahuila, los 66 millones de dólares, que es una cantidad más que suficiente para pagarle a todos los ahorradores.
Esta posición del Congreso, que merece respeto, es una buena “llamada a misa”, porque no va a tener efectos jurídicos correspondientes. Ya previamente la corte de Miami tenía los bienes bajo su resguardo, todos los bienes de Olvera, incluyendo los que están en las cuentas, los bienes inmuebles en Texas y en Miami.
NW-C: ¿El Tribunal de Coahuila coopera con ustedes, en la asociación de afectados por esta Sociedad Financiera Popular?
JPZ: En absoluto, es el único de los afectados que no ha participado con nosotros. Todos los demás afectados han estado con la Comisión de Ahorradores y han dialogado para lograr solucionar el problema. También entidades de gobierno se han acercado con nosotros y, en conjunto, hemos realizado las acciones.
Por eso logramos que (Alejandro) Gertz Manero, el fiscal General de la República, nos atendiera de inmediato, porque somos el único núcleo organizado que, ya después de cuatro años, sigue exigiendo el 100%, incluso para el Tribunal, aunque no se acerquen con nosotros, estamos exigiendo que se nos pague a todos.
NW-C: ¿Qué es lo que los afectados de Ficrea esperan tras la captura de Rafael Olvera? ¿Cuáles son las acciones que vienen tras esta captura?
JPZ: Para nosotros, lo fundamental no es la captura de Olvera ni de sus cómplices, lo fundamental es recuperar nuestros ahorros. El Estado tiene la facultad de subrogar. La figura de subrogación es que todos los afectados le firmamos al Estado nuestros bienes y nuestros ahorros, él los recupera por los medios que tiene; de los 7,100, nada más tiene que pagar 3,200, que es el total del adeudo que ahorita se tiene, pagándonos a todos al 100%, incluyendo los intereses, porque no hay que olvidar que, como era una entidad financiera de ahorros, el objetivo no solo era ahorrar el dinero, sino obtener el interés correspondiente.
Entonces, estamos solicitando que el Estado no solamente nos recupere el monto, sino los intereses y el daño moral, porque, en muchos casos, los ahorradores, individualmente, han padecido una terrible pesadilla al haber invertido aquí, y sus escasos recursos de muchos años de trabajo se han ido congelados; pero no se han perdido, ahí está el dinero, ahí están los 7,100 millones de activos, suficiente para pagarnos a todos.
NW-C: ¿Quisiera agregar algo más?
JPZ: Consideramos que este es un asunto de interés nacional, porque está en juego el sistema financiero nacional. Si no se resuelve en términos de ley el caso de Ficrea, cualquier entidad financiera está sujeta a que quiebre y que los ahorradores, quienes sean y por el dinero que sea, queden en el desamparo, ya sean bancos o instituciones financieras. Creemos que, si algo le da fortaleza a un sistema financiero es la confianza, y la confianza se da cuando el Estado vigila y cumple con su responsabilidad de auditar a las entidades financieras: bancos, Sofipo y demás entidades que ellos autorizan.
Entonces, es una llamada de atención para todos, y el Estado tiene que resolver el problema de Ficrea en términos de ley al 100%, no al 50%, no al 30% o al 40%; porque no se quieren migajas, se quiere lo invertido con los intereses y el daño moral respectivo.
Creo que es vital que la comunidad de Coahuila conozca los hechos como son, que no haya mentiras o verdades a medias y que se busque resarcir el daño que se causó al erario, porque, finalmente, son recursos públicos, y quien haya hecho eso, debe de pagar las consecuencias.
