El Rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco, pudo haber sido clave en una investigación de alto impacto. Sin embargo, seis meses después de su hallazgo, la fiscalía estatal sigue sin esclarecer quién es su dueño, qué sucedió realmente en el lugar y cuál es la magnitud de los crímenes allí cometidos.
Así lo denunció el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, quien aseguró que la fiscalía jalisciense no realizó las diligencias ministeriales básicas en el sitio. No se procesaron huellas, no se identificaron prendas de vestir ni se inspeccionaron los vehículos encontrados, tres de los cuales fueron robados posteriormente. Más grave aún, las autoridades locales no hicieron la inspección completa del predio ni recabaron testimonios clave.
El hallazgo del rancho ocurrió gracias a una denuncia presentada por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, lo que llevó a la intervención de la Guardia Nacional y, posteriormente, del Ministerio Público local. No obstante, la investigación se diluyó en la inacción. Hasta el momento, la fiscalía estatal no ha entregado un dictamen pericial definitivo sobre los restos humanos encontrados, ni ha determinado si el sitio operaba como un crematorio clandestino.
Tampoco hay pruebas concluyentes que vinculen a autoridades locales con grupos del crimen organizado, a pesar de que víctimas declararon haber sido reclutadas y adiestradas en el rancho. Un policía municipal de Tala fue detenido por su presunta relación con los hechos, pero no se tomaron declaraciones inmediatas a los funcionarios de Teuchitlán, incluido el presidente municipal José Asunción Murguía Santiago, quien alegó desconocer la existencia del rancho.
La posible atracción del caso por parte de la FGR ha despertado preocupación en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que advierte sobre el riesgo de que se descarte información relevante y se limite la investigación a una sola hipótesis. La organización critica que la FGR ha hecho una presentación “pobre” del caso, sin un análisis contextual profundo ni un uso intensivo de tecnología forense.
Te puede interesar leer | Cruces mortales en Tijuana: la peligrosa intersección entre imprudencia peatonal y responsabilidad vial
El Centro Prodh también cuestiona la falta de registros adecuados en el Banco Nacional de Datos Forenses y señala que la crisis de desapariciones en México exige otro tipo de justicia, con investigaciones más rigurosas y transparentes.
El escándalo en Teuchitlán no es un caso aislado. Pone en evidencia las graves fallas estructurales en la investigación de desapariciones en México y la falta de coordinación entre fiscalías estatales y federales. La pregunta que queda en el aire es: ¿cuántos otros casos están quedando en el olvido por negligencia, corrupción o simple indiferencia? N
Con información de Animal Político.
