Justin Trudeau enfrenta su peor crisis como primer ministro Canadá, y este miércoles la presión aumentó con el testimonio de la exfiscal general, Jody Wilson-Raybould, al respecto de una supuesta interferencia en un caso penal.
Ante legisladores, Wilson-Raybould, quien al mismo tiempo era ministra de justicia, acusó al círculo íntimo de Trudeau y a otros funcionarios de intentar interferir en un proceso penal que involucra a la SNC-Lavalin, acusada de dar sobornos en Libia.
“Entre septiembre y diciembre de 2018, experimenté un esfuerzo constante y sostenido por parte de muchas personas dentro del gobierno para tratar de interferir políticamente en el ejercicio de la discreción fiscal, en un esfuerzo inapropiado para asegurar un acuerdo de procesamiento diferido con SNC-Lavalin”, dijo Wilson-Raybould.
De acuerdo con el testimonio recabado por The National Post, la exfuncionaria detalló que hubo aproximadamente 10 reuniones y 10 llamadas telefónicas de oficinas del gobierno, entre las que se encontraba la del primer ministro.
Los intentos por presionar, contó, culminaron el 19 de diciembre de 2018, tras una conversación con un funcionario. Sin embargo, el 7 de enero le fue notificada su salida de la fiscalía, y se le transfirió a la cartera de Asuntos de Veteranos el mes pasado.
SNC-Lavalin, la empresa involucrada en el caso, está acusada junto con su brazo internacional y una subsidiaria de ofrecer ofrecer 47 millones de dólares canadienses –36 millones de dólares– en sobornos a funcionarios para conseguir contratos y de defraudar al gobierno libio por 130 millones de dólares canadienses.
Los hechos sucedieron, según las investigaciones, entre 2001 y 2011, mientras estaba en el poder Muamar al Gadafi.
La firma ha señalado que los responsables de las presuntas irregularidades se fueron hace mucho tiempo, y que responsabilizarla por sus acciones criminales perjudicaría gravemente su negocio.
A principios de mes, el periódico The Globe and Mail, citando fuentes anónimas entonces, informó sobre el caso, y afirmó que se presionó a Wilson-Raybould para que interviniera en el caso, pero se negó a pedirle a los fiscales que se pusieran de acuerdo con la compañía para evitar un juicio costoso.
El líder de la oposición, Andrew Scheer, acusó a Trudeau de despedir a Wilson-Raybould “por negarse a atender sus demandas” y por no ser transparente al atenerse a una “respuesta legal cuidadosamente elaborada”.
Días después, Trudeau negó haber interferido, y el 12 de febrero Jody Wilson-Raybould, anunció su renuncia como ministra de Asuntos de Veteranos por Twitter.
El 18 de febrero, el secretario principal de Trudeau y quien era su considerado su mano derecha, Gerald Butts, renunció repentinamente a su cargo. Asimismo, pidió testificar ante el comité de justicia del parlamento canadiense.
I just made the following request of the Justice Committee Chair. pic.twitter.com/MUCJwnldui
— Gerald Butts 🇨🇦 (@gmbutts) February 28, 2019
Trudeau ha negado categóricamente cualquier participación directa, y ha dicho que le había dejado claro a Wilson-Raybould que cualquier decisión sobre el caso “como la fiscal general era solo suya”, algo que ella confirmó en su testimonio del miércoles.
