Presentación
Este índice es un ejercicio que sintetiza la información disponible con base en la cual es posible dimensionar el grado de corrupción percibida en las entidades de la República, y su interacción con el costo que tiene el delito en ellas, así como la calidad percibida de los servicios públicos y del gobierno en los municipios y en las 32 entidades del país.
Desde esta perspectiva, es importante decir que este ejercicio no puede ser pensado como un ejercicio que “acredite” o “sancione” a las entidades en relación con los niveles percibidos de corrupción; por el contrario, constituye un esfuerzo académico que plantea la necesidad de mejorar la información disponible en esta materia, con el propósito de mejorar las políticas e intervenciones para reducirlo en el país.
Este ejercicio recoge la información generada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística en la materia; pero los autores estamos convencidos de que, si existiesen otras variables relativas a la corrupción realmente existente, los resultados del Índice se modificarían de manera importante. Por ejemplo, no se incorpora información generada por la Auditoría Superior de la Federación, porque las auditorías que practica son por mandato del Congreso de la Unión respecto de programas y acciones específicas, lo que impide tener una estimación de la incidencia de la corrupción general del país a través de sus ejercicios.
Por otro lado, el Sistema Nacional Anticorrupción aun no genera estudios o registros administrativos que den cuenta de la magnitud del fenómeno en las entidades, por lo que este instrumento puede constituirse como un punto de partida que puede fortalecerse en la medida en que haya fiscales anticorrupción en los estados y comience a generarse un cúmulo de información que enriquezca éste o de pie a otros análisis cuantitativos.
Así, la pertinencia de este ejercicio se encuentra en el énfasis que ha hecho el presidente electo, en que en su administración se combatirá frontalmente a la corrupción; por lo que su actualización anual permitirá dar seguimiento al impacto que las medidas que se implementen para reducirla.
Debe señalarse además que el debate en torno a la corrupción en el país data desde la década de los 80 en el siglo XX, cuando se habló incluso de la necesidad de llevar a cabo una “renovación moral del gobierno”; desde entonces, se han generado intensas discusiones sobre cómo lograr una transformación de la ética pública y garantizar la existencia de gobiernos honestos, transparentes y con plena vocación de rendición de cuentas.
Desde esta perspectiva, es importante decir que en los últimos 10 años, ha habido en México importantes esfuerzos impulsados desde la sociedad civil y la academia, para explicar teóricamente el fenómeno de la corrupción, y también para modificar el marco jurídico e institucional en este campo. Muchos de esos esfuerzos derivaron en la propuesta del actual Sistema Nacional Anticorrupción.
En el mismo sentido, destaca que la principal propuesta de campaña del ahora presidente de la República, fue también la de erradicar la corrupción y transformar éticamente a la vida pública del país.
Ante este escenario no es menor señalar que ambas propuestas, aunque coincidentes en propósito, son distintas en métodos y procedimientos. Por lo que no puede ni debe obviarse que hay una discusión de fondo, no resuelta en torno a cuáles son los mecanismos más eficaces y perdurables para reducir significativamente con este grave problema.
Introducción
Medir la corrupción es una cuestión conceptual y técnicamente compleja. En efecto, no hay una definición única y consensada respecto de lo que es la corrupción, lo que dificulta establecer criterios uniformes en todas las regiones y países para construir metodologías o instrumentos de medición compartidos a nivel internacional.
En ese sentido es importante destacar que la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), define a la corrupción como sigue:
El concepto de corrupción es amplio. Incluye soborno, fraude, apropiación indebida u otras formas de desviación de recursos por un funcionario público, pero no es limitado a ello. La corrupción también puede ocurrir en los casos de nepotismo, extorsión, tráfico de influencias, uso indebido de información privilegiada para fines personales y la compra y venta de las decisiones judiciales, entre varias otras prácticas (UNODD, 2018).
Sobre los efectos que la corrupción genera, en el Prefacio de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, se sostiene:
La corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana. Este fenómeno maligno se da en todos los países —grandes y pequeños, ricos y pobres— pero sus efectos son especialmente devastadores en el mundo en desarrollo. La corrupción afecta infinitamente más a los pobres porque desvía los fondos destinados al desarrollo, socava la capacidad de los gobiernos de ofrecer servicios básicos, alimenta la desigualdad y la injusticia y desalienta la inversión y las ayudas extranjeras. La corrupción es un factor clave del bajo rendimiento y un obstáculo muy importante para el alivio de la pobreza y el desarrollo (ONUDD, 2004).
Por su parte, Transparency International, define a la corrupción como:
El abuso del poder confiado a una autoridad, para obtener beneficios privados. La corrupción puede clasificarse como “grande, pequeña y como corrupción política, dependiendo de los montos de dinero perdidos, y el sector en el cual ocurre (Transparency International, 2018)
Por su parte Phil Nichols, investigador sobre temas de ética pública en la Universidad de Wharton, define a la corrupción como «el uso, el abuso, o la omisión en el ejercicio del poder o de los cargos públicos, a fin de obtener beneficios personales, o beneficiar a grupos específicos de poder económico o político» (Nichols, 2017).
En su revisión conceptual y metodológica sobre el tema, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), documenta que la corrupción[1] se expresa en múltiples fenómenos: malversación de fondos, abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito, acceso ilegal a información privilegiada, manipulación de licitaciones y compras públicas, tráfico de autoridad, soborno y enriquecimiento ilícito (INEGI, 2016: 3-4).
De esta forma, independientemente del énfasis que se pone en las causas, consecuencias, o en las consecuencias conceptuales de asumir una u otra definición, lo que es un hecho es que todas tienen como punto de confluencia que:
Ahora bien, en lo relativo al diseño de políticas públicas para su prevención, uno de los mayores retos es definir cuál es la mejor manera de medir el fenómeno, a fin de conocer su magnitud, así como las características que deben tener las políticas que se diseñen en implementen para su control, erradicación y sanción.
Sobre la medición de la corrupción, el INEGI agrupa en tres los métodos más destacados: 1) panel de expertos; 2) índices compuestos y, 3) encuestas. Sobre el primer método, el mayor riesgo es el sesgo en la selección de las y los expertos a participar, amén de que sus aproximaciones suelen ser de tipo cualitativo, y no permiten la generación de información cuantitativa de calidad.
Respecto de los índices compuestos, al utilizar distintas fuentes de información, impide su comparabilidad internacional; y respecto de las encuestas, si bien captan percepciones, éstas últimas tienen la fortaleza de la posibilidad de comparabilidad en el tiempo y entre distintos países, si es que las muestras y cuestionarios son comparables.
¿Por qué un Índice Mexicano de Corrupción?
A pesar del riesgo de las limitaciones de comparabilidad que señala el INEGI respecto de este tipo de instrumentos, es válido plantear la pregunta ¿es posible construir un Índice de corrupción que utilice como fuente primaria de información las encuestas sobre la percepción de este fenómeno?
La respuesta, para el caso mexicano es definitivamente que sí, por las siguientes razones:
Desde esta perspectiva, y considerando los niveles generalizados de corrupción que existen en el país, contar con un Índice que dimensione los niveles percibidos de corrupción en las entidades de la República, es necesario como un insumo que podrían utilizar en su desempeño, tanto el Sistema Nacional, como los Sistemas Estatales Anticorrupción.
Otras ventajas de un Índice como el que aquí se propone son las siguientes:
DESARROLLO
Metodología y técnicas aplicadas
La percepción de la corrupción es generalizada. Sin embargo, ésta se comporta de manera diferenciada, dependiendo del ámbito de que se trate. Por ejemplo, de acuerdo con la ENVIPE, las instituciones percibidas como más corruptas son las policías municipales y estatales; hay además cuatro grupos de instituciones que son percibidos con altos niveles de corrupción por la ciudadanía, ubicándose en porcentajes que se ubican entre el 80 y el 90%; éstas son: a) partidos políticos; b) diputados y senadores; c) Gobierno Federal, y; d) Gobiernos Estatales.
Gráfico 1. Porcentaje promedio nacional en percepción de corrupción por ámbitos seleccionados, 2011-2017
Fuente: elaboración propia con base en los tabulados de la ENVIPE, 2011-2017, www.inegi.org.mx
El hecho de que los espacios de representación y gobierno, así como las instancias responsables de la seguridad pública de primer contacto sean consideradas como las más corruptas, permite sostener al menos tres hipótesis:
Adicionalmente, destaca que en México se cumple también la tesis de Naciones Unidas, respecto de que la corrupción afecta la calidad de los servicios públicos. En ese sentido, es importante subrayar la calificación que obtienen los servicios públicos municipales, estatales y federales entre la ciudadanía, lo cual ha sido captado a través de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG). Los promedios obtenidos en los últimos cuatro años no dejan duda al respecto:
Gráfico 2. Promedio nacional de evaluación de servicios públicos (Escala de 1 a 10)
Fuente: elaboración propia con base en los Tabulados de la ENCIG en sus ediciones 2013-2017; www.inegi.org.mx
De igual manera, debe hacerse notar el impacto económico que la corrupción y la mala calidad del gobierno está generando de manera directa a las personas, pero también a los cientos de miles de unidades económicas que hay en el país. Un indicador que permite dimensionar esta problemática es el costo por delito que han tenido que enfrentar los hogares y los miles de unidades económicas que hay en el país.
El indicador es pertinente, porque los niveles de criminalidad que existen en México no podrían explicarse sin la existencia de una corrupción generalizada, que se traduce en impunidad y permisividad ante la delincuencia. Así, en el siguiente gráfico se muestran los costos acumulados en promedio por hogar, como efecto de la delincuencia entre los años 2014 y 2017, así como los costos por unidad económica que hay en el país, para el año 2016.
Gráfico 3. Promedio nacional de costos por delito, por ámbitos de análisis
Fuente: elaboración propia con base en los tabulados de la ENVIPE, 2011-2017, www.inegi.org.mx
A fin de determinar si las hipótesis y supuestos planteados conceptualmente se verifican en México, se seleccionaron 40 variables contenidas en las encuestas arriba mencionadas como fuentes de información, bajo dos consideraciones esenciales:
Con base en ello, se llevó a cabo de forma exploratoria un análisis de correlaciones múltiples, a fin de determinar cuáles son las variables que mayor correlación estadística tienen entre sí, a fin de corroborar los supuestos asumidos[2].
Los resultados muestran que efectivamente hay una alta correlación entre las variables que se toman para llevar a cabo este análisis, y pueden agruparse en los siguientes estratos:
Tabla 1. Correlación entre variables (coeficiente entre .800 y .920)
Fuente: elaboración propia con base en variables seleccionadas de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) y de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Inseguridad Pública (ENVIPE)
Tabla 2. Correlación entre variables (coeficiente entre .701 y .799)
Fuente: elaboración propia con base en variables seleccionadas de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) y de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Inseguridad Pública (ENVIPE)
Tabla 3. Correlación entre variables (coeficiente entre .600 y .698)
Fuente: elaboración propia con base en variables seleccionadas de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) y de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Inseguridad Pública (ENVIPE)
A fin de determinar cómo es que interactúan entre sí las variables consideradas, se aplicó la técnica de Análisis Factorial Exploratorio; a través de ellas se encontró que los datos utilizados se agrupan en 5 grupos factoriales a partir de los cuales se explica el 72% de la varianza, un indicador alto y que se puede asumir como muy bueno en términos estadísticos. La matriz obtenida es la siguiente:
Tabla 4. Varianza total explicada
A fin de confirmar lo anterior se procedió a desarrollar un segundo nivel de estudio de los datos, a través del Análisis Factorial Confirmatorio; del resultado obtenido pueden extraerse cinco “dimensiones o agrupamientos”:
En la siguiente se resumen las variables en cada Factor y sus cargas factoriales:
Tabla 5. Resumen de las variables en cada Factor y sus cargas factoriales
Fuente: elaboración propia.
El desarrollo del análisis factorial confirmatorio abre también la posibilidad de avanzar hacia la construcción de un modelo de ecuaciones simultaneas (SEM, por sus siglas en inglés[4]), el cual puede sintetizarse en un gráfico “de senderos” en el cual pueden establecerse con claridad cuáles son las interacciones y mutuas determinaciones que tienen las diferentes dimensiones o factores en análisis. En este caso, el modelo arroja la siguiente gráfica:
Gráfico 4. Interacciones y mutuas determinaciones de las dimensiones o factores de análisis
Fuente: elaboración propia.
Como se observa, el constructo denominado como “Corrupción institucional”, (marcado en círculo azul), interactúa y se determina mutuamente con todas las otras dimensiones, sin tener ninguna mediación; es decir, el modelo permite sostener con alto grado de certeza, que la corrupción en las instituciones públicas de gobierno, representación popular, impartición y procuración de justicia, determina el comportamiento de todo el resto del paisaje institucional del país.
A su vez, la corrupción en entornos o ámbitos de proximidad de las personas tiene una mutua determinación con la corrupción institucional, sin mediación, y al mismo tiempo tiene una carga importante en la determinación de la evaluación que se tiene de los servicios públicos, así como en el costo del delito, tanto para personas como para empresas.
Es interesante observar que no hay una línea de determinación directa de las dimensiones en las que se encuentran las variables relacionadas con la percepción en distintos espacios, con la dimensión relativa a la percepción de corrupción de la Marina y el Ejército, y la evaluación de las instituciones de seguridad social; es decir, a pesar de que son espacios en los que la corrupción es percibida como presente, su nivel “rompe” con la tendencia y niveles observados en el resto de las instituciones.
Lo anterior puede explicar también por qué no hay una relación detectada por el modelo, de mutua determinación, entre las dimensiones relativas a la corrupción y la evaluación de las instituciones de seguridad nacional (Ejército y Marina), y las de seguridad social (IMSS, ISSSTE y Seguro Popular), con la dimensión relativa al costo que tienen los fenómenos delictivos para las personas y los negocios en el país; de alguna manera, pesto podría interpretarse que en el marco del aparato institucional, las instancias que en menor medida influyen para que la corrupción y la delincuencia le generen costos directos a la ciudadanía en general, son las instancias identificadas en la dimensión señalada.
Índice Mexicano de Corrupción y Calidad Gubernamental
Se dijo en líneas arriba que la corrupción no sólo tiene un comportamiento diferenciado en cada uno de los ámbitos institucionales en que se presenta, sino que también tiene impactos diferenciados en la calidad de los servicios públicos y en el impacto directo a la economía de las familias y los negocios. En el mismo sentido, se afirma que la corrupción tiene una presencia percibida y declarada diferenciada, dependiendo del espacio territorial en que viven las personas.
La propuesta que se hace aquí es, una vez identificadas las variables que tienen un comportamiento estadístico que permite agruparlas en dimensiones específicas, es posible generar un ordenamiento de las entidades, de acuerdo con la magnitud que tienen los valores de las variables en cada una de ellas.
Es decir, se trata de una ordenación que permite establecer cuáles dimensiones tienen una mayor magnitud en qué entidad, lo que desde una perspectiva de política pública permite identificar cuáles son los ámbitos de intervención prioritaria.
En esa lógica, el procedimiento para calcular esta ordenación estatal es la siguiente:
Técnica de estandarización:
Dado que las variables consideradas en esta investigación tienen magnitudes diferentes, lo primero que se llevó a cabo fue un proceso de estandarización de fácil lectura e interpretación, transformando sus valores en una escala del 1 al 10, que permitiera al mismo tiempo garantizar la comparabilidad entre las entidades de la República.
La fórmula aplicada resta al valor que adquiere cada una de las variables los valores máximos entre las 32 entidades, y lo toma como cociente para ser dividido entre la resta del rango de valores de las variables (es decir, al valor máximo se le resta el valor mínimo).
Se prefirió este procedimiento de estandarización sobre otros, porque permite al menos dos cosas:
La fórmula entonces es la siguiente:
Donde:
Pv: es el peor valor registrado en la variable “x”, entre las 32 entidades federativas. Por ejemplo, si en una entidad el 96% de la población considera que la corrupción en la policía es frecuente o muy frecuente, y es el valor máximo entre las 32 entidades, ese valor es el que es tomado como Pv.
Vr: es el valor que adopta cada caso
Vm: es el menor valor registrado entre las 32 entidades respecto de la variable “x”; en el mismo ejemplo que el de Pv, si en una entidad el 75% de la población cree que la corrupción es frecuente o muy frecuente en la policía, entonces ese valor es el que se adopta como Vm
Al aplicar esta fórmula a cada variable, se obtiene un valor que oscila entre 0 y 1, el cual es multiplicado por un factor común de valor 10, a fin de transformarlo a la mencionada escala de 0 a 10 mencionada en las primeras páginas del texto, y la cual tiene un sentido de interpretación ascendente; es decir, 0 es el peor valor posible y 10 el máximo valor posible.
Debe comprenderse que, en esta técnica de estandarización, el 0 no es un valor absoluto; es decir, no implica la presencia absoluta de una problemática; por ejemplo, si de acuerdo con el INEGI, en la ciudad de México se tiene el peor valor entre las 32 entidades federativas respecto de la presencia de corrupción, eso no significa que el 100% de la población así lo crea. De esta forma, que en ese indicador la Ciudad de México tenga el valor de 0., significa que en ese ámbito territorial se tiene el peor indicador de los 32 estados registrados, y permite dimensionar rápidamente el nivel de desigualdad o brechas que hay respecto de las otras entidades.
En el sentido opuesto, que una entidad obtenga un valor estandarizado de 10, no significa que el problema se encuentra resuelto, sino que obtiene el mejor valor entre las entidades federativas.
Desde esta óptica es preciso decir entonces que la lectura de los valores de este Índice debe llevarse a cabo siempre asumiendo que, dada la evidencia disponible, puede sostenerse que la corrupción es generalizada en nuestro país. En ese sentido, tener “el mejor valor” en cualquiera de las dimensiones evaluadas, no significa que esa entidad tiene un “buen desempeño”, sino que es en donde la problemática, en medio de una fractura general de la ética pública, se presenta con menor intensidad, pero es una problemática seria.
Índices Parciales
Dado que el análisis factorial agrupó en cinco dimensiones a las variables estudiadas, se procedió a llevar a cabo un análisis de los valores que tienen para cada una de las entidades federativas.
Es importante destacar en este punto, que los valores analizados son promedios de los periodos para los cuales se tiene información en las fuentes utilizadas para este trabajo. Por ejemplo, en el caso de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), hay variables para las cuales hay valores para la serie de 211 al 2017; en otros casos (por ejemplo, las comisiones de derechos humanos), sólo existen datos para los años 2015 y 2017). La decisión de tomar promedios de una serie de tiempo se sustenta en el hecho de que, al tratarse de “percepciones” respecto de la corrupción, éstas pueden estar (o no) influenciadas por eventos específicos en alguna entidad; por ejemplo, los escándalos de corrupción en Quintana Roo, Veracruz, Sonora, la propia Ciudad de México o Chihuahua, pueden influenciar la percepción medida en una fecha determinada, y pasado el escándalo, modificarse de manera sustantiva en el tiempo.
Así, para el cálculo de los “resultados parciales”, se asume que cada una de las dimensiones identificadas por el análisis factorial pueden conceptualizarse como “constructos”, cuya denominación se encuentra en las páginas 12 y 13 de este trabajo. De esta forma, cada “Dimensión” puede ser asumida también como un “índice parcial”.
Para calcular el valor de cada uno de los índices parciales, se lleva a cabo una operación aritmética de promedio simple, de los valores de cada una de las variables que lo integran.
Debe señalarse además que, al haber asumido que la corrupción se comporta de manera diferenciada según el ámbito institucional de que se trate (por ejemplo, las policías frente a la Marina), el promedio que se obtendría al sólo considerar las variables de forma individual, sesga el resultado y no corresponde necesariamente a la percepción de la corrupción en general que hay en la entidad. Por esta razón, lo que se llevó a cabo fue un ejercicio de ponderación respecto de tal percepción general, de tal forma que los valores obtenidos se calibran de acuerdo con el nivel general percibido de la corrupción. Dicho de forma sencilla, aquellas entidades en donde, independientemente de los valores de cada uno de los ámbitos analizados, hay una percepción de mayor corrupción en general, reciben una “sanción” a fin de evitar distorsiones que hagan incompatibles los resultados aquí obtenidos respecto de los correspondientes a las percepciones generales captadas por el INEGI.
Este índice parcial está construido con base en los valores de 15 variables relativas a la corrupción percibida en distintos ámbitos institucionales. En esta dimensión, las entidades con peor nivel de logro son Oaxaca, la Ciudad de México y Morelos; en contraste, las entidades que tienen los mejores valores fueron Yucatán, Querétaro y Tamaulipas.
Gráfico 5. Índice parcial de corrupción institucional
Fuente: elaboración propia.
En este segundo Índice parcial lo que se encuentra es que las entidades que registran los mejores valores son las mismas del primer índice, relativo a la corrupción institucional: Yucatán, Querétaro, Tamaulipas y Coahuila. Entre las entidades con más bajos valores, se encuentra Oaxaca, que también es de las peores evaluadas en el índice previo, y la acompañan Puebla, tabasco y Michoacán.
Gráfico 6. Índice parcial de corrupción entornos de proximidad
Fuente: elaboración propia.
En esta dimensión las entidades con mejores valores son Yucatán y Querétaro nuevamente, acompañadas de Aguascalientes, Colima e Hidalgo. En el extremo opuesto se encuentran Tabasco, Guerrero, la Ciudad de México, Veracruz y el Estado de México.
Destaca la congruencia que existe entre los datos reportados en materia de presencia de corrupción, y los del impacto en la calidad de los servicios públicos, sobre todo en las entidades en las cuales se percibe menor corrupción, pues es en esas mismas en las que la ciudadanía evalúa con mayores calificaciones el acceso y la calidad de los servicios en los tres órdenes de gobierno.
Gráfico 7. Índice parcial de impacto de la corrupción en la calidad de los servicios públicos
Fuente: elaboración propia.
En este índice parcial, las entidades con mayor nivel de logro son Yucatán, Querétaro, Colima, Durango y Baja California Sur. En el extremo opuesto se encuentran la Ciudad de México, Puebla, Oaxaca, Quintana Roo y Tabasco.
Gráfico 8. Índice parcial de corrupción en instituciones de seguridad nacional y seguridad social
Fuente: elaboración propia.
En esta dimensión, los estados de Yucatán, Hidalgo, Tlaxcala, Durango y Querétaro resultan como los mejor evaluados; en el otro extremo se encuentran la Ciudad de México, el Estado de México, Tabasco, Puebla y Jalisco. Como se observa en la gráfica, es la dimensión en la que existe una mayor diferencia entre la entidad con mejores valores respecto de la entidad peor evaluada.
Gráfico 9. Dimensión costo social del delito
Fuente: elaboración propia.
A fin de construir el Índice de corrupción se promedió el valor de cada uno de los índices parciales, y el valor obtenido se ponderó nuevamente respecto del valor en cada entidad, respecto de la corrupción percibida en general en la entidad. Los resultados se encuentran en el siguiente gráfico. De acuerdo con estos resultados, las entidades con menor corrupción, y menor impacto de ésta en la calidad de los servicios públicos e indirectamente, en los costos que genera el delito a personas y negocios, son: Yucatán, Querétaro, Hidalgo, Colima y Durango. Las entidades con peores valores son Ciudad de México, Tabasco, Oaxaca, Puebla y Estado de México.
Gráfico 10. Índice mexicano de corrupción y calidad gubernamental, 2018
Fuente: elaboración propia.
CONCLUSIONES
Este índice ofrece una medida de la corrupción y su impacto en los servicios públicos, comparable entre entidades federativas, y presenta como ventaja adicional que está “a salvo” de la crítica relativa a la confiabilidad de las fuentes originales, al estar construida con base en las encuestas que levanta el INEGI y en las cuales incorpora preguntas relativas a la percepción que tiene la ciudadanía sobre la presencia de actos de corrupción en distintos ámbitos institucionales.
Se trata de un ejercicio inédito, que está planteado como un instrumento de política pública a fin de atender la necesidad que se tiene en el sistema nacional anticorrupción de contar con un instrumento que permita medir en el tiempo el efecto de las medidas implementadas para prevenir, sancionar y erradicar la corrupción en el país.
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[1] En efecto, el INEGI recupera tres definiciones sobre lo que es la corrupción, destacando que se trata de un fenómeno tanto público como privado, que genera perniciosas consecuencias sociales. Estas son las definiciones: Desde el punto de vista académico, Leff (1964, pág. 8) considera la corrupción como un conjunto de normas y prácticas extralegales que son usadas por individuos y grupos para ganar influencia en las acciones de la burocracia, es decir, como influencias extralegales en la formulación o implementación de políticas. Svensson (2005, pág. 20) simplemente define corrupción como el mal uso del cargo público con el fin de obtener ganancias privadas. De manera similar, Rose-Ackerman (2010, pág. 2019) entiende corrupción como la incapacidad de usar los recursos materiales y humanos de manera efectiva. Sin embargo, hablar de corrupción de manera general puede enmascarar otras dinámicas más específicas.
Así, Castillo (2003, pág. 15) distingue cuatro tipos de corrupción: la política, entre quienes realizan las normas y las políticas públicas; la burocrática, entre quienes aplican las normas y políticas públicas; la funcional, que ayuda a las estructuras a “moverse”, y la disfuncional, que obstaculiza y vulnera la gestión de los recursos públicos. Cabe destacar que estas definiciones únicamente muestran la corrupción desde la perspectiva del sector público. Por ello, diversos autores se han encargado de vincular la corrupción con otros sectores. Por ejemplo, Rose-Ackerman (1999, págs. 9-10) señala explícitamente la relación entre el Estado y el sector privado. De acuerdo con esta autora, en todo acto corrupto siempre hay dos partes involucradas. Por un lado, el Estado controla la distribución de beneficios y costos mediante servidores públicos que cuentan con poder discrecional. Por otro lado, los actores privados buscan un tratamiento favorable y están dispuestos a pagar por él. Así, la corrupción ocurre cuando los pagos realizados contravienen las leyes con el objetivo de obtener un beneficio o evitar un costo. El regateo entre ambos determina el impacto de la corrupción en la sociedad, así como la distribución de ganancias entre los sobornadores y sobornados.
[2] Se asume que las correlaciones no implican una relación causal.
[3] Debe recordarse que el coeficiente de correlación de Pearson registra valores entre 0 y 1. Dependiendo del área del saber, se asume que valores por arriba de .400 y hasta .499 es una correlación moderada; de .500 a .600 una correlación de moderada media; de .601 a .800 es una correlación alta; y de .800 a 1 una correlación muy alta. Véase (Ferrys, 2008)
[4] Los Modelos de “structural equation” son constructos que se basan en el desarrollo de ecuaciones múltiples, en las que se estiman los errores asociados a cada uno de los constructos analizados (dimensiones), en función de su covariancia e invarianza respecto de las otras dimensiones, lo cual depende a su vez de los errores asociados a cada una de las variables observables.
