El auge de los alquileres de corta duración, como los ofrecidos por plataformas como Airbnb y Booking, continúa generando debates y acciones legislativas en diversas ciudades del mundo. Este miércoles entraron en vigor nuevas normativas en Atenas, Grecia, mientras que la Ciudad de México también ha implementado reformas para regular el sector.
En Atenas, la capital griega, se ha implementado una prohibición de un año para registrar nuevas viviendas de alquiler a corto plazo en distritos como Kolonaki, Koukaki, Pangrati y Exarchia, zonas populares tanto para residentes como para turistas.
Esta medida responde a la creciente escasez de viviendas para residentes permanentes, exacerbada por el auge de los alquileres vacacionales. Según el diario local Ekathimerini, en 2024 la cantidad de camas en propiedades de alquiler de corta duración alcanzó los 1,022 millones, superando por primera vez las 887,740 camas disponibles en hoteles del país.
El sector hotelero griego ha criticado a estas plataformas por afectar su negocio, mientras que residentes de barrios populares afirman que el fenómeno ha disparado los precios de vivienda, haciendo difícil su acceso.
Medidas clave en Grecia
El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, destacó que las medidas buscan equilibrar la presión del mercado de alquileres y asegurar el acceso a viviendas, sin demonizar la industria de alquiler a corto plazo.
En octubre de 2024, en Ciudad de México el Congreso aprobó una reforma impulsada por el entonces jefe de gobierno, Martí Batres Guadarrama, para regular los servicios de alquiler vacacional temporal.
Las nuevas disposiciones incluyen:
Estas medidas buscan garantizar una competencia equilibrada con el sector hotelero tradicional y abordar la falta de acceso a viviendas asequibles en la capital.
La regulación de alquileres a corto plazo se ha convertido en una tendencia global, impulsada por el crecimiento del turismo y los efectos en el mercado inmobiliario local. Tanto en Atenas como en la Ciudad de México, los gobiernos buscan encontrar un balance entre el apoyo al turismo, la defensa de los derechos de los residentes y la protección de las industrias hoteleras tradicionales. N
