La reciente fuga de César Moisés Hernández en Tijuana es mucho más que un hecho aislado: es el retrato crudo de la ineficacia operativa y la desorganización que impera en las corporaciones policiales de Baja California. Este individuo, con antecedentes por asesinato en Estados Unidos, no solo burló un impresionante despliegue de más de 200 elementos de distintas fuerzas, sino que, en el proceso, asesinó a una agente estatal, la comandante Abigail Esparza Reyes.
El operativo, realizado en el fraccionamiento Barcelona Residencial, involucró a la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, Policía Municipal, Fiscalía, Ejército, Guardia Nacional, y tecnología de vigilancia aérea como helicópteros y drones. Sin embargo, a pesar del aparente músculo de seguridad, Hernández logró escapar disfrazado de trabajador de limpieza, saliendo por una ruta no custodiada del complejo habitacional. La escena parece sacada de una parodia, pero sucedió en uno de los municipios más vigilados del país.
Lo que este caso deja al descubierto no es solo una fuga mal ejecutada, sino una cadena de errores que van desde la inteligencia previa hasta la estrategia de contención. ¿Cómo es posible que un operativo de tal magnitud no haya previsto rutas alternas de huida? ¿Qué tipo de comunicación interna manejan estas corporaciones, incapaces de cerrar una salida clave? La tragedia no fue solo la fuga, sino la muerte de una comandante que, por lo visto, fue enviada al frente sin el respaldo táctico necesario para enfrentar una situación de alto riesgo.
El caso Hernández obliga a revisar con urgencia la estructura interna de las instituciones de seguridad. Si el crimen organizado o los prófugos de la justicia pueden pasearse entre corporaciones sin ser detectados, es porque algo está profundamente roto. Y no se trata solo de equipamiento o de número de elementos: se trata de lógica, de liderazgo y de ética profesional. No es falta de recursos, es falta de dirección.
Este episodio también habla del abandono de los propios agentes. Mientras se insiste en que hay voluntad política para combatir la inseguridad, lo ocurrido muestra que la vida de quienes encabezan estos operativos está expuesta por fallas estructurales que nadie quiere asumir. ¿Dónde estaba el mando único? ¿Quién tomó las decisiones? ¿Y quién se hará responsable?
Tijuana, con todo y su complejidad, no merece estar a merced de instituciones que no saben operar en equipo. La ciudadanía exige resultados, pero también transparencia. No basta con homenajes póstumos ni con ruedas de prensa donde se promete justicia. La justicia se demuestra con resultados, con capturas exitosas, y sobre todo, con la vida de los agentes protegida, no sacrificada.
La fuga de César Hernández no solo puso en evidencia la fragilidad del sistema de seguridad estatal; también dejó claro que, mientras no se tomen decisiones profundas y se depuren las corporaciones, la ciudadanía seguirá estando en peligro. Porque un sistema que deja escapar al enemigo en plena operación, es un sistema que ya fue derrotado desde adentro. N
