Las autoridades mexicanas que incumplan con la generación, actualización o compartición de información sobre personas desaparecidas enfrentarán sanciones de hasta 2.2 millones de pesos, anunció este lunes la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy.
Como parte de un nuevo paquete de medidas para abordar la crisis de desapariciones en el país, el gobierno impondrá multas que van de 10,000 a 20,000 UMAs a fiscalías estatales, comisiones de búsqueda, institutos forenses, cementerios, crematorios y cualquier entidad que maneje información sobre la identidad de personas.
“Se establecerán sistemas de captura de información, actualización de bases de datos y habilitación de consultas en tiempo real para evitar el rezago y la opacidad en estos casos”, afirmó Godoy.
Entre las medidas anunciadas se contempla la creación de la Plataforma Única de Identidad, un sistema digital que facilitará la generación de alertas, búsquedas en tiempo real y la localización de personas desaparecidas.
Este mecanismo busca mejorar la coordinación entre dependencias gubernamentales y evitar el bloqueo de información que ha dificultado la identificación de cuerpos en servicios forenses o la localización de personas con paradero desconocido.
Además de las sanciones, el gobierno mexicano avanzará en la consolidación de la Clave Única de Registro de Población (CURP) como identificación oficial a nivel nacional. La CURP integrará fotografía y huellas dactilares, y deberá ser reconocida tanto por entidades gubernamentales como por el sector privado, ya sea en formato físico o digital.
“Todos los trámites y registros administrativos que sean realizados por personas físicas deberán requerir este documento en los tres niveles de gobierno”, puntualizó Godoy.
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Con estas nuevas medidas, México busca frenar la impunidad en los casos de desapariciones y modernizar sus mecanismos de identificación ciudadana, en un esfuerzo por mejorar la transparencia y la seguridad pública en el país. N
Con información de Animal Político.
