“…Las leyes que prohíben la portación de armas desarman únicamente a quienes no están inclinados ni decididos a cometer delitos. Esas leyes empeoran la situación de los agredidos y mejoran la de los agresores; sirven más para alentar los homicidios que para prevenirlos, pues un hombre desarmado puede ser atacado con mayor facilidad que uno armado…”
Cesare Beccaria (1738-1794) jurista, filósofo y economista italiano, considerado uno de los padres del derecho penal moderno.
El derecho a poseer y portar armas de fuego en México está consagrado en el Artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: “Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la ley federal y de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional.”
Sin embargo, las leyes secundarias y la reglamentación vigente han impuesto restricciones significativas que dificultan la adquisición legal de armas por parte de ciudadanos respetuosos de la ley. La Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y su reglamento establecen requisitos estrictos para la obtención de licencias, incluyendo la realización del servicio militar obligatorio entre otros. Además, las armas de fuego deben adquirirse exclusivamente a través de la Dirección de Comercialización de Armamento y Municiones de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), ubicada en la Ciudad de México, siendo esta la única armería autorizada en el país. Esta centralización obliga a los ciudadanos de otros estados a viajar a la capital para adquirir armas legalmente, lo que representa una barrera significativa para muchos, por los costos que esto implica.
Esta situación contrasta con la realidad de las calles mexicanas, donde las armas ilegales proliferan y son baratas. Se estima que diariamente ingresan de manera ilegal a México alrededor de 693 armas de fuego, sumando aproximadamente 253,000 armas al año. Este flujo incontrolado de armamento ha contribuido a que, en 2024, el 72.92% de los homicidios registrados en el país fueran cometidos con armas de fuego traficadas ilegalmente. Esta disparidad evidencia una paradoja preocupante: mientras los delincuentes tienen fácil acceso a armas de fuego, los ciudadanos respetuosos de la ley enfrentan obstáculos significativos para ejercer su derecho constitucional a la legítima defensa.
Históricamente, las estrictas políticas de control de armas en México se han fundamentado en la necesidad de mantener la estabilidad y prevenir insurrecciones armadas. Sin embargo, en el contexto actual de inseguridad, estas políticas parecen desfasadas y no responden a las necesidades de protección de la ciudadanía.
En 2018, un diputado del Partido Acción Nacional (PAN) propuso una iniciativa para facilitar la adquisición legal de armas de fuego por parte de ciudadanos respetuosos de la ley, argumentando que esto equilibraría la balanza frente a la delincuencia armada. Sin embargo, esta propuesta fue rechazada, manteniendo el status quo que limita el acceso legal a las armas.
Las restricciones actuales también afectan a las empresas de seguridad privada, que enfrentan dificultades para obtener licencias de portación de armas para su personal. Este proceso se ha convertido en un negocio lucrativo para unos pocos, dejando a numerosas empresas sin la posibilidad de armar legalmente a sus empleados.
Además, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y su reglamento establecen que las Licencias Oficiales Colectivas solo permiten que los policías porten armas durante su turno de servicio, lo que los deja desarmados y vulnerables en su tiempo libre. Esta disposición ha resultado en tragedias; por ejemplo, según datos publicados en diversos medios de comunicación, en 2023, 81 policías fuera de servicio desarmados fueron asesinados en el país, evidenciando el riesgo al que se enfrentan los agentes fuera de servicio.
Es crucial que se reformen las leyes que actualmente limitan la capacidad de los policías para portar armas de fuego fuera de su turno de servicio. Los agentes, al estar constantemente expuestos a situaciones de riesgo, no solo durante su jornada laboral, sino también en su tiempo personal, deben poder contar con las herramientas necesarias para defenderse de las amenazas. El hecho de que la legislación actual solo permita a los policías portar armas durante su turno los deja vulnerables fuera de él, incrementando el riesgo de ser víctimas de ataques por parte de grupos criminales. Permitirles portar armas de manera continua no solo sería un acto de justicia hacia quienes arriesgan su vida para proteger a la sociedad, sino también un paso hacia una mayor seguridad en las calles, garantizando que los policías puedan reaccionar adecuadamente ante cualquier amenaza en todo momento.
Para abordar esta problemática, es esencial implementar un sistema efectivo de control de armas legales en manos de ciudadanos responsables. Este sistema debe incluir una revisión exhaustiva de antecedentes penales, registros detallados de armas, evaluaciones psicológicas rigurosas y entrenamiento obligatorio en el uso y seguridad de las armas de fuego. Países como Suiza y República Checa han implementado con éxito sistemas de este tipo, logrando equilibrar el derecho a la posesión de armas con un control y regulación de las armas.
Es fundamental que la legislación permita a los ciudadanos la posesión y portación de armas únicamente en aquellos calibres que no sean exclusivos de las fuerzas armadas. En este sentido, se podrían autorizar armas de uso particular, como pistolas de mano en calibres .380 y 9 mm, así como rifles y escopetas de bajo calibre, tales como el .22 LR, limitando el acceso a armamento de mayor potencia, reservado para el Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. Con estas medidas se busca que el derecho a la legítima defensa se ejerza de forma responsable y controlada, sin poner en riesgo la seguridad pública.
La facilidad con la que las armas son contrabandeadas desde Estados Unidos hacia México agrava la situación. La frontera norte es el principal punto de acceso para estas armas ilegales, que alimentan la violencia en el país. A pesar de los esfuerzos del gobierno mexicano por combatir este tráfico, incluyendo demandas contra fabricantes de armas estadounidenses, la problemática persiste.
La realidad actual de inseguridad demanda una evaluación de las políticas de control de armas en México. Mientras las armas ilegales continúen inundando las calles y los ciudadanos respetuosos de la ley permanezcan indefensos, la violencia seguirá siendo una constante en la vida diaria de los mexicanos.
Te puede interesar leer | Tijuana conmemora el natalicio de Benito Juárez con llamado a la justicia y la inclusión
En conclusión, es imperativo que México adapte sus políticas de control de armas a las necesidades actuales de seguridad. Facilitar el acceso legal a las armas para ciudadanos responsables, acompañado de controles estrictos y capacitación adecuada, podría equilibrar la balanza frente a la delincuencia armada y reducir la sensación de indefensión que prevalece en la sociedad. Solo así se podrá avanzar hacia un país más seguro y justo para todos. N
El autor es abogado y consultor internacional en seguridad; tiene una carrera de 25 años y fue Secretario de Seguridad Pública de Tijuana, Subsecretario del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Baja California y Director del Centro C4 Baja California.
