En un escenario de creciente preocupación por la economía local, el regidor de Tijuana, Miguel Loza, ha manifestado su firme oposición al decreto de reemplacamiento que comenzará a ser obligatorio a partir del 1 de julio de 2025. Durante un encuentro con el Grupo Madrugadores de Tijuana, Loza advirtió que esta medida, aunque inicialmente presentada como opcional hasta el 30 de junio, es en realidad una carga económica adicional para los ciudadanos en una de las épocas más complicadas del año.
“No nos engañen, después del 30 de junio, el reemplacamiento será obligatorio para todos los automovilistas,” aseguró Loza. “El gobierno está otorgando un período de seis meses solo para calmar las aguas, pero esta medida, que solo favorece al estado, tendrá un impacto negativo en los bolsillos de los tijuanenses.”
Según Loza, la imposición del reemplacamiento no tiene justificación más allá de los fines recaudatorios. De acuerdo con el regidor, el costo total de revalidación y reemplacamiento podría superar los 3,000 pesos por vehículo, lo que resulta en un gasto significativo en un periodo del año ya afectado por otros compromisos financieros. “Es una carga adicional que llega justo cuando las familias están afrontando los gastos escolares, las inscripciones, la compra de uniformes, y cuando también deben lidiar con los costos adicionales derivados del clima, como los medicamentos,” explicó Loza.
Cuestiona falta de transparencia
El regidor también cuestionó la falta de transparencia sobre cómo se utilizarán los recursos recaudados por este nuevo impuesto. Se estima que la medida podría generar cerca de 900 millones de pesos, pero Loza subrayó que no ha habido claridad sobre los proyectos específicos a los que se destinarán estos fondos. “No se ha explicado cómo se va a utilizar este dinero, lo que deja claro que la medida carece de una base sólida y está diseñada solo para incrementar los ingresos del gobierno,” indicó.
Según los detalles del proceso, los automovilistas deberán pagar alrededor de 1,500 pesos por la revalidación de calcomanías, mientras que aquellos con placas de años anteriores deberán cubrir un costo adicional de 1,800 pesos por el reemplacamiento, lo que eleva el total de los trámites a más de 3,000 pesos. Loza comparó esta cifra con los impuestos que se pagan por otros bienes, señalando que los tijuanenses acabarán pagando más por sus vehículos que por propiedades como un predio. “Es ilógico que el costo por tener un automóvil sea más alto que el de tener una vivienda,” argumentó.
Llama a la ciudadania a manifestarse
El regidor finalizó su intervención con un llamado a la ciudadanía para que se manifieste en contra del decreto y presione por la derogación de esta medida. Loza sugirió que el gobierno local podría considerar alternativas más razonables, como el regreso al decreto anterior, que permitía la condonación del pago de las placas, excepto en aquellos casos en los que el desgaste de las láminas hiciera necesario su cambio.
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“Lo ideal sería regresar al decreto que permitía la condonación de las láminas, con la condición de que solo se cambien aquellas que ya no son legibles, pero sin obligar a los ciudadanos a asumir un gasto innecesario,” concluyó Loza, reafirmando su postura contra lo que considera una medida injustificada que afectará a los ciudadanos en un momento económicamente sensible. N
