En una jornada marcada por la tensión política, Nicolás Maduro asumió este viernes su tercer mandato presidencial en Venezuela, un acto que fue calificado por la oposición como un “golpe de Estado”. La juramentación del mandatario socialista, que se produjo tras unas elecciones del 28 de julio cuestionadas por amplios sectores dentro y fuera del país, fue rechazada por la coalición opositora, que insiste en que el verdadero vencedor de los comicios fue Edmundo González Urrutia, un candidato exiliado.
La oposición, a través de su principal bloque, la Plataforma Unitaria, condenó la reelección de Maduro y lo acusó de “usurpar el poder” con el apoyo de la fuerza y en desmedro de la voluntad popular, expresada en su opinión, por un resultado electoral que favoreció a González Urrutia. “La juramentación de Nicolás Maduro es el consumado golpe de Estado. González Urrutia debe ser quien asuma la presidencia. Comienza una nueva fase en la lucha por la democracia”, señaló el comunicado oficial de la coalición opositora.
En respuesta, Maduro defendió su toma de posesión, calificándola como “una gran victoria de la democracia” y un acto “constitucional” que no pudo ser impedido. “Digan lo que quieran, hagan lo que quieran hacer, pero esta toma de posesión es irreversiblemente nuestra. La democracia venezolana ha ganado”, afirmó el mandatario, quien acusó a Estados Unidos y sus aliados en América Latina de intentar sabotear su gobierno, describiendo los esfuerzos como parte de una “conspiración” internacional.
La comunidad internacional, sin embargo, no ha tardado en manifestar su rechazo a la investidura de Maduro. En primer lugar, Estados Unidos elevó la recompensa por información que conduzca a la captura del presidente venezolano a 25 millones de dólares. La medida, que también se extiende a otros altos funcionarios del régimen, como el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, responde a las acusaciones de narcotráfico y corrupción contra Maduro y sus aliados.
Además, el Departamento del Tesoro de EE.UU. impuso sanciones a ocho funcionarios venezolanos, incluidos el presidente de la estatal PDVSA, el ministro de Transporte y el presidente de la aerolínea Conviasa. El gobierno estadounidense argumentó que estos individuos “facilitan la represión de la democracia en Venezuela”.
La Unión Europea también se sumó a la ola de condenas, señalando que el mandato de Maduro carece de legitimidad democrática. En un comunicado oficial, el bloque de 27 países reiteró que el proceso electoral de julio no fue ni libre ni justo, y que las autoridades venezolanas perdieron una oportunidad clave de respetar la voluntad del pueblo.
El Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido fue igualmente tajante al calificar la investidura de Maduro como “fraudulenta” y a denunciar que el resultado electoral fue producto de un proceso “no libre ni justo”. “El régimen de Maduro no representa la voluntad del pueblo venezolano”, afirmó el comunicado británico.
Mientras tanto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció sobre la situación política venezolana, expresando su desacuerdo con la “criminalización de la oposición política”. Si bien evitó comentar directamente sobre el presunto arresto de la líder opositora María Corina Machado, quien había encabezado una protesta contra la toma de posesión de Maduro, la mandataria se mostró contraria a cualquier forma de represión política. “Nunca hemos estado a favor de la criminalización de la oposición política. No perseguimos a nadie por sus ideas u opiniones”, afirmó Sheinbaum en conferencia de prensa.
Este pronunciamiento se da en el marco de una creciente presión internacional sobre el régimen de Maduro. La detención breve de Machado, que fue capturada por las autoridades venezolanas mientras lideraba una manifestación, también ha generado condenas de países como Chile, Colombia, España e Italia, además de la Unión Europea. Machado, que fue liberada poco después, afirmó en redes sociales que ofrecería más detalles sobre su arresto este viernes.
El acto de investidura de Maduro se produce en un clima de desconfianza generalizada, tanto dentro como fuera de Venezuela. Las acusaciones de fraude electoral, las sanciones internacionales y los disturbios internos siguen marcando la agenda política del país sudamericano, mientras la oposición intensifica su lucha por recuperar lo que consideran es un mandato legítimo.
A medida que avanzan los días, la comunidad internacional sigue observando de cerca los desarrollos en Venezuela, donde la polarización política parece haber alcanzado niveles insostenibles. La narrativa sobre la legitimidad del gobierno de Maduro y las respuestas del régimen ante las presiones externas e internas continuará siendo un tema central en el escenario político internacional. N
Con información de Animal Político.
