El alcalde de Celaya, Juan Miguel Ramírez Sánchez, tendrá que ofrecer disculpas públicas por las omisiones para salvaguardar los derechos humanos del periodista Alejandro Martínez Noguez, ya que hubo omisiones del ex secretario de Seguridad Pública y hoy Comisionado de la Policía Estatal de Caminos, Jesús Rivera Peralta.

Así lo emitió la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato en la resolución 1371/2024.

Eliseo Hernández Campos, encargado de despacho de la Procuraduría, aseguró que la resolución contiene seis recomendaciones entre ellas capacitación a los elementos, reparación del daño a las víctimas indirectas, disculpa pública entre otras.

El incidente ocurrió el 4 de agosto, cuando el periodista retornaba de cubrir un accidente vial. Martínez se transportaba con sus acompañantes de protección en un vehículo asignado por la municipalidad. Según fuentes públicas, una camioneta de color blanco les dio alcance en la carretera Federal 45, en el tramo Villagrán–Celaya. Desde ese vehículo sujetos desconocidos comenzaron a dispararles. Los dos acompañantes resultaron heridos, y Martínez falleció debido a las heridas de bala.

“Una vez que ya acepta la recomendación, la autoridad tiene 15 días hábiles y eso es lo que marca la ley para realizar las acciones y se dé cumplimiento a todas” afirmó el encargado de despacho.

Recordó que muchas de esas acciones no se pueden responder en los 15 días, pero se puede dar una prórroga.

“Se concede la prórroga atendiendo a la lógica y la experiencia y la naturaleza propia de las medidas que se han fijado en la resolución”.

Dijo que se habla de una disculpa pública dado que era una persona que hacía una labor periodística, y a toda la sociedad en general le interesa que se respeten los derechos de estas personas y del ejercicio de dicha función, pues esta labor es un pilar fundamental de un sistema democrático.

“La labor del estado está obligado a velar por la garantía del gremio en el ejercicio periodístico” declaró.

Agregó que la disculpa tiene que ser pública, y aunque no se indica una forma determinada en la que tenga que ser, sí es importante que se lleve cabo.

“Nosotros buscaremos a la autoridad para que mande el posicionamiento, lo puede hacer a través de un comunicado. Y el detalle es que se siente el presente de la situación y que la propia autoridad asuma el compromiso de respeto al gremio periodístico y es una medida de difusión a los derechos humanos por una autoridad municipal, para que otras autoridades que vean el mensaje hagan conciencia”.