El caso de Marilyn Cote ha puesto sobre la mesa la necesidad de cuestionar los estándares y regulaciones que rigen las profesiones de la salud en Baja California. Esta situación, que involucra dudas sobre sus credenciales y prácticas, no es un caso aislado. Más bien, revela un vacío normativo que permite la proliferación de prácticas no reguladas en profesiones esenciales para el bienestar de la población. Este evento podría derivar en un endurecimiento de las leyes que rigen estas actividades, afectando directamente a quienes buscan ejercer en campos como la psicología, la odontología y otras áreas relacionadas con la salud.
En psicología, la ausencia de requisitos claros para quienes brindan terapia es un problema evidente
Aunque muchos psicólogos cuentan con una licenciatura, no todos tienen la formación especializada para tratar casos clínicos complejos. Es común encontrar personas ofreciendo terapia sin una maestría o especialización en psicoterapia, lo que puede comprometer el bienestar emocional de los pacientes. Una regulación más estricta podría exigir certificaciones específicas, garantizando que quienes se presentan como terapeutas estén debidamente capacitados. Este tipo de medidas ya se aplican en otros países y podrían replicarse en Baja California para asegurar un nivel de calidad en el tratamiento de la salud mental.
En odontología, la situación no es distinta
Muchos dentistas generales realizan procedimientos complejos, como endodoncias o colocación de implantes, sin contar con una especialidad formal. Un ejemplo de ello es el de un odontólogo que fue señalado por realizar cirugías dentales que dejaron consecuencias irreparables en varios pacientes. Casos como este refuerzan la necesidad de exigir certificaciones oficiales para quienes practican especialidades odontológicas, asegurando que los pacientes reciban atención adecuada y profesional.
Los nutriólogos tampoco están exentos de este debate
En Baja California, proliferan los llamados “coaches nutricionales”, quienes ofrecen asesorias alimenticias sin contar con formación académica. Esto ha llevado a situaciones donde pacientes, confiando en sus recomendaciones, terminan siguiendo dietas que comprometen su salud. Sería prudente exigir que quienes trabajan en esta área demuestren un título en nutrición o alguna certificación reconocida que respalde sus conocimientos.
Incluso las áreas de la medicina alternativa, como la acupuntura o las terapias holísticas, podrían entrar en el escrutinio. Estas disciplinas operan muchas veces al margen de las regulaciones oficiales, dejando a los pacientes vulnerables ante posibles fraudes o daños por prácticas inadecuadas.
El caso Marilyn Cote tiene el potencial de ser un parteaguas para la salud en Baja California
No se trata sólo de establecer regulaciones más estrictas, sino de dignificar el ejercicio profesional y garantizar que los pacientes reciban la atención que merecen. Si las leyes se endurecen, será responsabilidad tanto de las autoridades como de los gremios profesionales trabajar en conjunto para equilibrar la calidad del servicio con la accesibilidad, evitando que estas medidas se conviertan en barreras para quienes realmente están capacitados para ejercer. N
