En un mitin reciente en Pensilvania, la candidata presidencial Kamala Harris afirmó que, de ser elegida presidenta, utilizará “todo el peso de la ley” para perseguir a los cárteles, enfatizando la amenaza que representan para la seguridad de las comunidades estadounidenses.
Su contrincante Donald Trump, en una entrevista reciente en un canal de noticias, afirmó que el gobierno de México “está petrificado por el miedo a los cárteles”.
Este tipo de declaraciones es frecuente entre políticos que utilizan el narcotráfico como parte de su estrategia, señalando a otros países o a sus oponentes como responsables de la crisis del crimen organizado. Lamentablemente, la respuesta de los gobiernos al narcotráfico a menudo se limita a la retórica, sin traducirse en políticas efectivas.
El crimen organizado se fortalece
Es innegable que tanto los mexicanos como nuestro gobierno compartimos la responsabilidad en el crecimiento y fortalecimiento del crimen organizado en el país. Sin embargo, esta responsabilidad también recae en Estados Unidos. Como dice el refrán de origen bíblico, “Ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio”.
Mientras algunos políticos se culpan mutuamente, tanto mexicanos como estadounidenses sufren las consecuencias de la acción del crimen organizado. Las cifras son alarmantes:
Desde que el presidente Nixon declaró la guerra contra las drogas en junio de 1971, ni el gobierno mexicano ni el estadounidense han tenido éxito en frenar a los cárteles ni en reducir el consumo de narcóticos. Por el contrario, el poder de estos grupos criminales ha crecido, así como el consumo de drogas y el número de víctimas.
Algunos políticos estadounidenses incluso sugieren que el ejército de su país intervenga en México para combatir al crimen organizado. Sin embargo, es curioso que pocos reconozcan la alternativa más sencilla y económica: hacer cumplir las leyes dentro de Estados Unidos.
Los cárteles mexicanos han establecido presencia en ciudades clave de Estados Unidos
En donde se asocian con pandillas locales para distribuir drogas a lo largo del país. La droga cruza la porosa frontera, se transporta por autopistas y se vende “como pan caliente”. Parte de las ganancias, necesarias para financiar a los cárteles, regresa a México a través de contrabando hormiga, oculta en vehículos o maletas, y también mediante el sistema financiero estadounidense, disfrazada como remesas o en operaciones de lavado de dinero más complejas. Si estos fondos no llegaran a México, los cárteles se verían debilitados, incapaces de pagar a quienes ejecutan sus operaciones o de sobornar a autoridades corruptas de ambos lados de la frontera que les brindan protección.
Otro insumo crucial para los cárteles, que se produce y comercializa legalmente en Estados Unidos, son las armas de fuego. En México, el mercado de armas está regulado por las fuerzas armadas, pero los cárteles se abastecen de armamento proveniente de Estados Unidos. Según datos del gobierno mexicano, en el sexenio anterior se decomisaron cerca de 50,000 armas de fuego ilegales, de las cuales el 70% eran de origen estadounidense. Estudios estiman que cada año ingresan a México aproximadamente 200,000 armas desde Estados Unidos, representando un negocio lucrativo para fabricantes, distribuidores y comerciantes estadounidenses, quienes en algunos casos también son donantes de campañas políticas de ese país.
En lugar de culparse mutuamente, los gobiernos de México y Estados Unidos deberían colaborar de manera efectiva para frenar la violencia y la adicción impulsadas por los cárteles. Solo mediante un trabajo conjunto y el establecimiento de mecanismos efectivos para controlar el contrabando de armas y el lavado de dinero será posible debilitar a las organizaciones que tanto daño han causado a ambos países. N
