A diario, los habitantes de esta ciudad fronteriza atestiguan la expansión de campamentos y asentamientos en espacios públicos, una realidad que revela un problema social complejo, vinculado a la falta de vivienda asequible, el desempleo, las adicciones y el desplazamiento migratorio.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el número de personas sin hogar en Baja California ha crecido en los últimos cinco años. Aunque Tijuana ha sido históricamente un destino de tránsito para migrantes y trabajadores, en años recientes ha experimentado un aumento considerable de personas que terminan viviendo en la calle, ya sea por la dificultad de integrarse al mercado laboral o por problemas de salud mental y adicciones. El sociólogo Julio Boltvinik, en su obra La pobreza en México y el mundo, sostiene que la indigencia no es solo el resultado de la falta de ingresos, sino de un sistema social que excluye a los sectores más vulnerables, privandolos del acceso a servicios básicos y oportunidades de desarrollo.
La migración es otro factor clave que contribuye al aumento de la indigencia en Tijuana.
De acuerdo con el informe anual de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), miles de personas que buscan asilo en Estados Unidos quedan varadas en ciudades fronterizas mexicanas, como Tijuana, tras enfrentar políticas migratorias restrictivas. Muchos de estos migrantes, al no lograr avanzar o regresar a sus lugares de origen, se ven obligados a vivir en condiciones de calle, lo que añade una dimensión migratoria a la problemática de la indigencia. El periodista y analista León Krauze ha señalado en sus artículos en The Washington Post que estas políticas restrictivas han dejado a las ciudades fronterizas mexicanas con una carga humanitaria que no están preparadas para asumir, lo que genera tensiones sociales y desafíos logísticos.
En paralelo, la situación económica en Tijuana también ha empeorado con la pandemia de COVID-19, que dejó a muchas personas sin empleo y sin alternativas para subsistir. La crisis económica global ha afectado a diversos sectores, y quienes carecían de una red de apoyo estable, como familiares o amigos, han terminado en las calles. La economista y académica Denise Dresser ha subrayado en varios de sus análisis cómo el impacto de la pandemia sobre los grupos más vulnerables ha acentuado las desigualdades y aumentado la pobreza extrema en varias partes del país, especialmente en la frontera norte.
La respuesta de las autoridades locales ha sido limitada
En parte debido a la falta de recursos y de políticas de largo plazo para atender el fenómeno de la indigencia. Aunque existen albergues y programas de ayuda social, la capacidad de estos centros es insuficiente para cubrir la demanda creciente. Además, muchas personas en situación de calle enfrentan problemas de salud mental y adicciones que requieren una atención integral y multidisciplinaria. El doctor Rubén Orozco, director del Departamento de Salud Mental de Baja California, ha señalado que la infraestructura de salud en el estado no está preparada para ofrecer el tratamiento adecuado a estas personas, lo que perpetúa su situación de exclusión y marginación.
La creciente indigencia en Tijuana no es solo un problema visible en sus calles, sino un reflejo de un sistema que no ha logrado integrar a quienes enfrentan condiciones de vulnerabilidad extrema. Como lo destaca el antropólogo y activista social Eduardo Restrepo en su investigación sobre la exclusión social en América Latina, el fenómeno de la indigencia está ligado a fallas estructurales que requieren un abordaje amplio, que incluya desde la creación de oportunidades laborales hasta programas de vivienda accesible y atención médica especializada.
