La mañana de mi secuestro, a los 16 años, me desperté con el ruido de extraños golpeando con sus botas la puerta de mi habitación color lila. Mi madre mantenía todo impecable en nuestra casa del norte de California: nadie usaba zapatos adentro. Entonces supe que algo estaba mal.
Mi puerta se abrió de golpe. Aparecieron un hombre y una mujer; sus figuras eran tan altas y anchas que llenaban el marco de mi puerta. “Ven con nosotros”, exigieron.
“No”, respondí, luego me quedé paralizada. El hombre avanzó poco a poco hacia mí. “No te estaba preguntando”, dijo, y me agarró del brazo. Inmediatamente comenzó a apretarme una máquina de presión arterial, pero no estaba midiendo mi vida, la estaba tomando.
“Ayuda”, dije con lamento. Me derribaron. Intenté liberarme. Ellos ganaron. Dos meses después de empezar el undécimo grado yo apenas medía una cuarta parte de su tamaño. Bocabajo contra mi alfombra floral, me esposaron. Me bajaron por las escaleras donde mi mamá estaba parada junto a la puerta principal.
“Solo tus padres pueden detener esto”, reveló la mujer. “Lo siento”, articuló mi madre, pero no emitió ningún sonido. Mi mamá se quedó quieta.
Mis captores no dejaron de moverse. Me metieron a empujones en la parte trasera de un auto negro y frío y se alejaron de mi vecindario de Silicon Valley y de mi infancia. Era el 23 de noviembre de 2014. Desde entonces me atormentan las pesadillas. Lo único que sabía entonces era lo que me dijeron mis captores: mis padres contrataron a mis secuestradores.
Durante la escuela secundaria yo había luchado contra la depresión y por eso mi familia confió en mi director para que les recomendara un programa de terapia para adolescentes en la naturaleza. Mi mamá y mi papá estaban convencidos de que sacarme a la fuerza de mi habitación era un método eficaz.
Esa noche me dejaron en un campamento en la naturaleza donde permanecí durante 53 días sin electricidad ni zapatos. Me revisaron hasta desnudarme en repetidas ocasiones, me impidieron hablar con mis compañeros durante semanas y me obligaron a trabajar en el campo.
Una mañana el personal me despertó antes del amanecer, me vendaron los ojos y me dijeron que “siguiera el sonido de sus tambores”. Cuando me quitaron las vendas estaba frente a una tumba abierta. Me colocaron en la fosa de casi dos metros y leyeron un panegírico para “representar el fin de mi antigua vida”.
Después de experimentar el estar en medio de la naturaleza salvaje me trasladaron a un centro residencial en Utah, donde me aislaron bajo un régimen de confinamiento solitario durante 24 horas. Me sometieron a “terapia de ataque” y fui testigo de múltiples intentos de suicidio seguidos de regaños por parte del personal a los adolescentes que lo habían intentado.
Me liberaron justo antes de cumplir 18 años, pero una parte de mí está en esa tumba desde entonces. Desarrollé trastorno de estrés postraumático (TEPT) como muchos sobrevivientes de esta terapia de la llamada industria de los adolescentes problemáticos.
Durante diez años luché por comprender cómo mi familia pudo haberme abandonado. Siempre me ha atormentado que los niños sigan siendo sometidos a programas de tratamiento brutales como el mío.
Hoy sé que mi secuestro no fue único. “Gooning”, o transportar niños por la fuerza, es la forma en que la mayoría ingresa en la industria de los adolescentes problemáticos (conocida como troubled teen industry). Esta red corrupta de instituciones de salud mental juvenil, conocida por abusar de menores, recibe más de 23,000 millones de dólares en fondos públicos anualmente y retiene entre 120,000 y 200,000 menores en un momento dado.
Se dirigen a familias adineradas que pueden financiar de forma privada la estancia de sus hijos, maximizando las ganancias. En gran medida no está regulada, no existen requisitos de licencia federal para el personal ni mandatos federales para utilizar terapias basadas en evidencia; tampoco requerimientos para informar el uso de aislamiento y restricciones ni requisitos previos para admitir a alguien más allá de las preocupaciones de una familia.
Ya no culpo a mis padres. En cambio, me pregunto por qué los legisladores que tienen el poder de salvar a los jóvenes vulnerables no lo hacen. En 2007, los reportes de la GAO (Oficina de Responsabilidad Gubernamental de Estados Unidos) dieron seguimiento a las muertes de jóvenes e instaron a reformas.
Si el Congreso hubiera seguido estas recomendaciones tal vez nunca hubiera sido sometida al abuso que experimenté en estos programas. Quizá no tendría estrés postraumático. En 2008, una legislación patrocinada por el representante George Miller, de California, intentó regular estos centros de atención colectiva a nivel federal. Sin embargo, no se aprobó ninguna legislación.
El año pasado, Paris Hilton, sobreviviente de la industria de los adolescentes problemáticos, presentó la Ley para detener el abuso infantil institucional, y el representante de California, Ro Khanna, buscó la supervisión federal de este sistema. La propuesta se estancó en el Congreso.
Todos los intentos de la última década de regular federalmente estas instituciones han fracasado o están estancados. Recientemente, Paris Hilton testificó apoyando el Proyecto de Ley del Senado 1043 que requeriría que los centros de tratamiento informen cuando hagan uso de restricciones y aislamiento para disciplinar a los jóvenes. Es una nueva oportunidad para que los legisladores reconozcan su fracaso a la hora de proteger a los jóvenes.
Espero que el Congreso use su poder para apoyar el Proyecto de Ley del Senado 1043 para liberar a los niños atrapados en un tratamiento de restricciones y confinamiento injustificados. Ya es hora de que los legisladores tomen medidas para regular la industria de los adolescentes problemáticos.
Una década después, todavía reviso que mi puerta esté cerrada con llave todas las noches. N
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Natasia Pelowski es una escritora y maestra de yoga que reside en Nueva York. Publicado en cooperación con Newsweek. Published in cooperation with Newsweek.
